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El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, archivó la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra y tres exministros de su Gobierno por la supuesta compra irregular de pruebas rápidas para la detección de la COVID-19, librándolos así de una denuncia constitucional por estos hechos ante el Congreso.
La disposición emitida el 31 de mayo último a la que tuvo acceso El Comercio revela que también se dio por concluida la investigación contra los exministros María Antonieta Alva (Economía) y Elizabeth Hinostroza y Víctor Zamora (Salud).
Todos ellos estaban siendo investigados por los presuntos delitos de colusión simple y alternativamente negociación incompatible por supuestamente haber concertado con las empresas privadas la compra de pruebas rápidas en el 2020 durante los primeros días del estado de emergencia que se decretó ante los contagios de coronavirus.
Decisión del fiscal Juan Carlos Villena
Las sospechas de estos ilícitos se basaron en dos aspectos concretos: una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas del 18 de marzo del 2020 donde estuvieron presentes Vizcarra, Elizabeth Hinostroza y otros altos funcionarios y representantes de diversas empresas; y la emisión de decretos de urgencia que facilitaron las cuestionadas compras.
Sin embargo, para la Fiscalía de la Nación, en las diligencias preliminares “no se ha verificado información alguna que de manera puntual permita sostener algún nivel de sospecha acerca de la existencia de pactos o tratativas indebidas entre los funcionarios investigados y terceros interesados”.
Los participantes de esta reunión, entre funcionarios y empresarios, han señalado de manera uniforme que la cita en el MEF fue eminentemente informativa para conocer la posibilidad de adquirir bienes y servicios para la atención de la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Los hechos imputados contra Vizcarra, Alva y Zamora incluían la emisión de decretos de urgencia que habrían facilitado comprar irregulares de pruebas rápidas, pero para Juan Carlos Villena en el análisis de estos dispositivos emitidos por el Gobierno, no se detectaron irregularidades.
Específicamente se menciona decretos de urgencia como el 028-2020 donde Villena señala que no se determinó la compra de pruebas rápidas, sino que se autorizó la adquisición de bienes y servicios necesarios para el “procesamiento de muestras para el diagnóstico del COVID-19″ y que fue esta norma la que permitió contrataciones directas para comprar, no solo pruebas rápidas, sino también pruebas moleculares y los kits para procesar estas últimas, además de otros productos.
“Como puede verse, la emisión del Decreto de Urgencia N°028-2020 no revela hechos constitutivos de los delitos atribuidos a los investigados, por cuanto no se desprende de su contenido, alguna finalidad ilícita, como la orientación de adquisiciones a favor de determinados proveedores o la imposición de condiciones desfavorables para el Estado en tales adquisiciones, así como tampoco la manifestación de algún acuerdo defraudatorios entre los investigados y terceros interesados”, concluye.
Por estos hechos, Juan Carlos Villena decide que no hay mérito para formular denuncia constitucional contra Martín Vizcarra y los exministros mencionados y procede a archivar definitivamente el caso en todos sus extremos.
