Grupo de trabajo congresal justificó su pedido alegando las facultades que le otorgó el Parlamento al grupo de trabajo para investigar las reuniones de Pedro Castillo en Breña. (Foto: MTC)
Grupo de trabajo congresal justificó su pedido alegando las facultades que le otorgó el Parlamento al grupo de trabajo para investigar las reuniones de Pedro Castillo en Breña. (Foto: MTC)
Redacción EC

La Superintendencia Nacional de registró la alerta informativa solicitada por la Comisión de Fiscalización del Congreso contra el exministro de Transportes y Comunicaciones .

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Así lo informó el presidente de dicho grupo de trabajo congresal, Héctor Ventura (Fuerza Popular), quien detalló que la jefatura zonal del Callao ha registrado en el Sistema Integrado de Migraciones la alerta a nombre del exfuncionario.

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Cabe indicar que la Comisión de Fiscalización justificó su pedido alegando las facultades que le otorgó el Parlamento al grupo de trabajo para investigar las reuniones extraoficiales del presidente Pedro Castillo en la casa del pasaje Sarratea, en Breña.

El último miércoles 25 de mayo, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial impedimento de salida del país por 36 meses contra Silva Villegas, como parte de la investigación por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal, en el marco del Caso Puente Tarata III.

Asimismo, se pidió el impedimento de salida del país por 9 meses contra los congresistas Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas e Ilich López Ureña, quienes fueron denominados como ‘Los Niños’ por la lobbista Karelim López.

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Caso Puente Tarata

Son 13 personas las investigadas por el Caso Puente Tarata III, entre los que se encuentran el propio Bruno Pacheco y los sobrinos del jefe de Estado, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.

El último abril, el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción formalizó su investigación por la presunta comisión del delito de colusión agravada en organización criminal.

Según la tesis de la fiscalía, el presidente Pedro Castillo sería el cabecilla de esta mafia que operaba desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).