Misión de la OEA recomienda tregua y diálogo: las recomendaciones y las omisiones de su informe preliminar

El documento fue leído por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, vocero de la misión, la cual sostuvo 29 reuniones la semana pasada durante su estadía en Lima. Luego, el documento en escrito fue difundido por la propia OEA.

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Loizaga enumeró una serie de hallazgos hechos por el grupo que -según concluyeron- ponen “en riesgo la institucionalidad democrática”: un ambiente altamente polarizado, inestabilidad democrática, acoso y confrontación entre poderes, uso excesivo de herramientas de control público, cuestionamientos sobre el rol de la prensa, crisis social, y racismo y discriminación.

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A partir de estos hallazgos, el grupo presentó recomendaciones. La primera fue que se convoque a un diálogo entre el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, los partidos políticos y miembros de la sociedad civil, que podría ser acompañado por instancias internacionales.

“El ejecutivo debe promover el diálogo democrático para pactar las reglas de juego para consensuar una agenda de gobierno. El diálogo debe ser incluyente, orientarse al bienestar de la población, vinculante y respetuoso de todos, que garantice la credibilidad y confianza”, afirmaron.

Luego se sugirió iniciar una “tregua política” mientras se convoca a ese diálogo. Para esto, pidieron compromiso de los actores políticos “para avanzar el diálogo y la conducción de los procesos judiciales, que deben seguir su curso”.

En su posterior intervención en la sesión del Consejo Permanente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, comentó que la tregua debería durar unos cien días.

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El informe también recomendó “fortalecer la justicia constitucional” y remarcó que “si se presenta un impasse entre los poderes del Estado, corresponde actuar al Tribunal Constitucional”.

Luego, en lo referido al racismo y discriminación, afirmaron que “es esencial asegurar el pleno respeto a los Derechos Humanos y, en el marco del diálogo nacional, abordar la cuestión de la tolerancia y el respeto a todas y todos los ciudadanos, sin discriminación”.

Finalmente, llamaron a “ejercer la libertad de expresión con un sentido constructivo, responsable, imparcial, y de respeto hacia todos los actores” y advirtieron que “la falta de objetividad” de algunos medios no justifica alimentar “discursos que podrían poner en peligro un derecho tan fundamental”.

Juan Jiménez Mayor, exembajador del Perú ante la OEA, dijo a El Comercio que “la gran omisión del informe preliminar del grupo es la palabra corrupción”. “Ha hablado de que se han iniciado investigaciones, pero no ha señalado que tipo de investigaciones ni quién las hace. No son de órganos políticos, sino de la fiscalía de la Nación”.

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El abogado también consideró “lamentables” el uso de frases como “politización de la justicia” o “judicialización de la política”. “En general, el informe deja un sinsabor de una lectura bastante parcializada de lo que ocurre en el país. Es una exageración señalar que la democracia peruana está en riesgo”, comentó.

Con esto, el también ex primer ministro consideró que las conclusiones del informe parten de una premisa errada, consecuencia de que sus integrantes no haya entendido cómo son las dinámicas de enfrentamientos entre poderes en el Perú. “Lo que pasa es que ahora el gobierno se victimiza. Como no sabe dar dirección política, no saber marcar agenda en el país, está sojuzgado por los permanente embates del Congreso. Pero eso no significa que la democracia esté en peligro”, explicó.

El internacionalista Óscar Vidarte comentó a este Diario que el informe se limitó a ser descriptivo y de reunir lo que les dijeron las partes con las que se reunieron. “Trata de hacer un compendio de todas las posiciones”. También indicó que, como había anticipado, las recomendaciones “trata de ser cautas”, pero destacó su pedido de una “tregua política”.

En esa línea, consideró que “no hay grandes omisiones porque se esperaba algo así”, aunque recordó que se trata de un informe preliminar y no el informe final. “Yo esperaba algo así: una parte descriptivo, recomendaciones muy generales. No esperaba más”, comentó.

En tanto, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) cuestionó que el informe de la misión enviada por la OEA al Perú no considerase las observaciones que hicieron los gremios periodísticos sobre la situación de la prensa en el gobierno de Pedro Castillo.

En un pronunciamiento, manifestaron su “extrañeza” por el contenido del informe y rechazaron el uso de “términos que no se ajustan a la verdad ni corresponden al contenido de lo que dialogamos”.

Cuestionaron que en los hallazgos del grupo se recogiesen críticas a la prensa provenientes del Gobierno y el oficialismo sin que estas hayan sido trasladadas a los gremios periodísticos con los que se reunieron en Lima. También se recordó que en esa reunión se expresaron preocupaciones por la campaña de “ataque y hostilización” al periodismo -el cual ha realizado denuncias de corrupción en el Gobierno- con ataques a la prensa, discursos de confrontación, amenazas, restricciones y poca transparencia sobre sus actividades.

El IPYS remarcó que nada de esto se recogió en el informe y que más bien se hizo “un llamado a ejercer un periodismo constructivo que no aceptamos de parte de una representación que recogió en forma tan sesgada la realidad de lo que ocurre con la prensa nacional”.