El cadáver de la seguridad ciudadana sigue muriendo mientras los policías son alentados a agarrar a palos a los fiscales. Pero mejor olvídense de la figura y seamos precisos: el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, emprendió hace unas semanas una campaña contra el Ministerio Público (MP), enumerando una casuística de criminales detenidos y puestos en libertad por fiscales. Incluso viralizó su intención difundiendo un video en el que visita una ‘unidad de flagrancia’ (espacio que reúne a juez, fiscal y policía para recibir detenidos pillados en el acto) en Trujillo en la que la silla del fiscal está vacía. Le siguió a Santiváñez, repitiendo la casuística con el ceño fruncido de indignación, el primer ministro Gustavo Adrianzén. (Ojo, la narrativa no es ‘anti poder judicial’, sino exclusiva y selectivamente ‘anti MP’. Es más, el gobierno ha intentado ganar la adhesión del Poder Judicial, pero este, encabezado por su presidente Javier Arévalo, se ha puesto de costado. La selectividad es también presupuestal. Según cifra que me ha proporcionado Miguel Puente, gerente del MP, al PJ solo llega un 3.3% de las denuncias que ingresan al MP; sin embargo, en el 2024 el presupuesto del PJ fue 16.8% mayor que el del MP).
Tras los ministros se han sumado varios congresistas a reiterar la casuística de ‘fiscales que liberan delincuentes’. Pero, ojo, esto de la dejadez fiscal garantista de criminales es una segunda narrativa contra el Ministerio Público. Hay una primera gran narrativa que ya era común en boca de varios congresistas desde el 2017, cuando el Equipo Especial del Lava Jato judicializó las pesquisas contra Keiko Fujimori y Alan García. Esta se ha incrementado con la gran cantidad de congresistas investigados en este quinquenio ¿Cuál es? Que a la cabeza del MP hay un grupo de izquierdistas o ‘caviares’ con influencia en los gobiernos recientes, en la academia, en muchos medios y en ONG como IDL, profundamente antifujimoristas y enemigos de la derecha. En el 2024 confluyen las dos narrativas anti MP, la del poder ‘caviar’ y la de los fiscales garantistas que creen más en los derechos humanos de los criminales que en los de los policías y por eso sueltan a los primeros. Al destacar el doble rasero garantista de los derechos humanos, se subraya que el ‘caviarismo’ del MP es irreconciliable con el mandato esencial de las fuerzas del orden y de los políticos amigos de estas y percibidos hacia la derecha como Alan, Keiko y, ahora, Dina Boluarte. Fiscal caviar odia policía, fiscal caviar libera delincuente y acusa a político amigo de policía; esa es la idea. Cabe anotar que el alto mando de la PNP no se suma a la narrativa. Entrevisté a su comandante general, Víctor Zanabria, y en ninguna respuesta o réplica enfiló contra el MP como lo hacen los ministros.
La tormenta perfecta
Las dos narrativas suficientemente poderosas han confluido con otros factores que han creado la tormenta perfecta que se abate sobre el Ministerio Público. Primero, hay un factor histórico específico del modelo acusatorio peruano. Este se empezó gradualmente a implementar en el distrito fiscal de Huaura el 2006 con la promulgación del Nuevo Código Procesal Penal. La decisión se adoptó luego de que la CERIAJUS (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia) creada en el 2003, lo propuso. El hecho de que demorara años en extenderse a todo el territorio no se debió a una estrategia gradualista, sino a la falta de presupuesto para hacerlo todo de una buena vez. El cambio no encontró mayor resistencia pues era una tendencia universal dar el tránsito del modelo inquisitivo (donde los jueces y la policía conducían el proceso de investigación) al acusatorio con empoderamiento del MP. Es lo que prima en Europa, en nuestra región y en Estados Unidos que, a través de su agencia de colaboración internacional USAID, dio un fuerte apoyo para el nuevo código.
El Mininter, en ese entonces a cargo de ministros civiles como Fernando Rospigliosi, colaboraron decididamente con su implementación (hoy Rospigliosi está en la orilla opuesta), a pesar de que la policía perdía el poder de calificar el tipo delictivo al inicio del proceso penal, lo que era fuente de severidad en la lucha contra el crimen pero también de corrupción. Eran los tiempos que los penalistas recuerdan de ‘parte o atestado’ pues era frecuente negociar con la policía si a sus defendidos se les hacía un parte (o sea, quedaban como testigos) o un atestado (pasaban a condición de investigados). El gobierno tenía un absoluto predominio civil tras la década cívico militar de Fujimori, y la transición fue tan lenta que diluyó la resistencia. Tomó 15 años avanzar desde Huaura a todas las regiones y acabar la implementación final en Lima en junio del 2021. Antes del 2021, eso sí, hubo disposiciones que generalizaron el uso del modelo acusatorio para casos de corrupción y otros. Por eso, los procesos contra políticos y autoridades aforadas (presidente, ministros, congresistas, jueces y fiscales supremos) del Lava Jato y de los Cuellos Blancos pudieron llevarse a cabo con el modelo acusatorio. Si algo ha quedado incólume de este, y que no está amenazado por la nueva ley, es el paso de lo ‘escritural’ a lo ‘oral’, pues lo esencial de los juicios se hace en careos públicos que cuando son emblemáticos, los airea Justicia TV.
Tengan en cuenta, por lo tanto, que apenas unas temporadas después de que el modelo acusatorio rija a plenitud, le cae el golpe que implica la reciente ley que modifica el Código Procesal Penal para devolver facultades investigativas a la PNP en la etapa preliminar. De alguna forma, esta es, pues, una retaliación desde la clase política procesada y desde la oficialidad policial nostálgica que fue desempoderada y pasada a retiro durante gobiernos ‘pro caviares’ (recuerden el pase a retiro de más de 15 generales por el ex ministro del Interior, Rubén Vargas, durante el gobierno de Francisco Sagasti). Dos factores adicionales pesan a favor de la contraofensiva policial: la débil gobernabilidad de los últimos presidentes ha provocado que estos busquen ministros del Interior salidos de las canteras de los generales PNP en retiro, para así facilitar su adhesión (Santiváñez es civil pero su carrera de abogado estuvo consagrada a la defensa de policías acusados de faltas administrativas). Más importante que eso quizá ha sido la llegada a la política de militares y policías en retiro, desde el ex GEIN Marco Miyashiro hasta el general EP José Williams, ex presidente del Congreso, pasando por los almirantes Jorge Montoya y José Cueto, el general EP Roberto Chiabra o el oficial PNP en retiro Alfredo Azurín, el ex conductor de “Alerta Aeropuerto”, hoy miembro de la bancada de Somos Perú. No por casualidad Azurín es autor de uno de la docena de proyectos que confluyeron en el dictamen de la ley pro PNP y anti MP. Entre los otros autores, están Rospigliosi, el más visible promotor, además de Américo Gonza y Waldemar Cerrón de Perú Libre, Patricia Juárez de FP, Esdras Medina de Renovación, Patricia Chirinos de Avanza y otros.
En buena parte, como me apunta Ricardo Valdez, ex viceministro del Interior y experto en temas de seguridad desde la ONG Capital Humano y Social (CHS), esta ley es parte de “una arquitectura diseñada entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para minimizar el trabajo de ciertas áreas de la PNP como la Diviac y el equipo que apoyaba al Eficcop, y quitar facultades al MP”. Puente, gerente del MP, me dice que lo más grave que implicaría una vuelta improvisada al modelo inquisitivo quitando funciones y competencias a su ente es que “los fiscales se han formado varios años, entre 5 y 8 contando con las especializaciones, para tener una formación que les permite abrir investigaciones tipificando el delito; los policías, para este fin, estudian un año o año y medio, ¿cómo van a tipificar el delito y hacer diligencias sin necesariamente informar al fiscal?”. Hablé con un fiscal que no me permite citarlo y que ve las cosas de esta forma: “Los fiscales no nos vamos a afectar. Si entra en vigor esa ley, ¿qué haremos? Le mandaremos el millón de carpetas que tenemos a la policía y trabajaremos menos ¿Quién se afectará? La gente y los abogados”.
En un par de semanas se vencerá el plazo para que el Ejecutivo promulgue u observe la ley. La posición enarbolada por Adrianzén y Santiváñez hace difícil pensar que la observará. Quizá, pro decoro, tampoco la promulgue, de la misma forma que actuó ante la ley que declaró la prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002. Si es así, el Congreso la promulgaría. Una vez promulgada queda el camino abierto para promover una acción de inconstitucionalidad ante el TC. El MP está facultado para hacerlo, pero mis fuentes me dicen que la decisión aún no está tomada. Temen que si el TC resuelve que la ley sí es constitucional se cerraría la posibilidad de que muchos jueces, haciendo control difuso y control convencional, o sea, interpretando la Constitución y tratados internacionales firmados por el Perú; inapliquen esa ley. Prima un gran desconcierto sobre cómo se debe o se puede implementar un cambio legislativo tan drástico en el sistema de justicia.
A diferencia del Ejecutivo que tiene a dos ministros enfilados contra el MP y ha promovido acciones ante el TC para que este defina los alcances de las investigaciones penales a la presidenta, los fiscales tienen una débil vocería. El fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, sin antecedentes que lo liguen a personajes o círculos políticamente estigmatizados, es el único vocero autorizado y lo hace muy ocasionalmente. El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías de crimen organizado, ha estado haciendo una suerte de vocería por iniciativa propia en defensa de su ente, pero limitada a su campo de especialización. Lo que sí tenemos son fiscales populares y mediático como Rafael Vela, José Domingo Pérez (jefe y miembro, respectivamente, del equipo especial Lava Jato) y Marita Barreto (jefa del Eficcop), que hacen uso ocasionalmente de la libertad para declarar que les reconoce la gestión de Villena. Pero son los casos que ellos han promovido y que han implicado algunos excesos y escándalos, los que provocan la retaliación política policial, de modo que no pueden por todo le MP ni mucho menos. Incluso las medidas más previsibles y razonables de sus casos, por la fama de sus procesados, puede desatar tormentas y agitar las narrativas. El miércoles 18, por ejemplo, el Eficcop amplió investigación preliminar contra el ministro Santiváñez por presuntamente impedir que José Ortiz Marreros, funcionario del Mininter, declarara contra la organización criminal ‘Waykis en la Sombra’ que supuestamente lidera Nicanor Boluarte. Santiváñez es aforado, pero se le imputa haber cometido los delitos cuando fue viceministro, por lo que un fiscal del Eficcop asume el caso. La guerra se funde con la justicia.
El MP no tiene, pues, voceros que contrarresten las narrativas en su contra y que expliquen la racionalidad de sus acciones. Ocasionalmente, en pocas entrevistas, comunicados y comisiones del Congreso que citan a Villena y a Chávez Cotrina; estos explican que las razones de las liberaciones de muchos delincuentes están en una sentencia del TC de mayo del 2020 que declaró inconstitucional el hacinamiento en las cárceles y ordenó restringir la efectividad de las prisiones preventivas. Desde entonces se ha limitado la posibilidad de apresar delincuentes pillados en flagrancia. A propósito de este concepto, el MP lamenta la campaña emprendida por el PJ y el gobierno, destacando la creación de ‘unidades de flagrancia’ como una panacea para apresar delincuentes. Mis fuentes policiales tampoco son entusiastas de la idea. Resulta que solo son delitos de poca monta por lo que se puede acudir a esas unidades. Ni funcionarios corruptos, extorsionadores, sicarios, narcos pueden ser procesados allí. El corazón de la lucha contra el crimen se hace en operativos policiales, muchos coordinados con fiscales, que van a parar a las fiscalías y juzgados de turno. Cuando se promulgue la ley, vendrá un nuevo e incierto capítulo.
