Pedro Castillo: ¿Cuáles son los nuevos elementos que usó el fiscal Pablo Sánchez para abrir investigación al presidente?

El fiscal de la Nación Pablo Sánchez, concluyó que “existirían indicios razonables, en grado de sospecha”, de que el presidente Pedro Castillo lideraría una presunta organización criminal que se habría enquistado en los más altos niveles del aparato estatal. Por ello, decidió abrir una investigación preliminar en su contra por tres presuntos delitos: organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

La decisión adoptada por Sánchez Velarde, marca un hito y precedente histórico para el Ministerio Público que desde el inicio de sus funciones había puesto reparos en investigar a presidentes de la República en funciones.

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No fue fácil para el actual fiscal de la Nación tomar una decisión de tamaña magnitud. Sin embargo, la gravedad de los hechos y los abundantes indicios que se han ido conociendo sobre presuntas irregularidades en el actual gobierno de Pedro Castillo, fueron la base para realizar un punto a parte en la interpretación que el Ministerio Público ha tenido respecto al artículo 117 de la Constitución y definir la situación legal del presidente de la República.

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No solo se decidió abrir la investigación sin suspensión para poder recabar toda la información que fuese necesario; sino dado el alto cargo ocupado Pedro Castillo, como jefe de Estado, “que le da evidente poder de control sobre la administración pública”.

Y es que, según Sánchez Velarde, esta presunta organización criminal habría estado conformada también por Juan Silva Villegas, en su condición de ministro de Transportes y Comunicaciones, funcionarios de Provías Descentralizado y del despacho presidencial, empresario y terceros interesados, que “habría tenido por finalidad no solo favorecer al Consorcio Puente Tarata III; sino también a otras empresas, entre ellas las que habrían apoyado al presidente de la República cuando se encontraba en plena campaña electoral”.

Pero, ¿cuáles fueron los nuevos elementos clave para que el fiscal de la Nación Pablo Sánchez tome la decisión de abrir investigación sin suspensión, contra el presidente Pedro Castillo?

A continuación, un detalle de todos los documentos que fueron analizados por Sánchez Velarde en los que se deja en evidencia coordinaciones al más alto nivel, presuntas entrega de dinero a Pedro Castillo, Juan Silva y otros elementos que no quedaron fuera de la vista del fiscal de la Nación actual.

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Dos nuevos informes enviados por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro fueron tomados como indicios en contra de Castillo Terrones. Incluyen detalles sobre la cabeza de la presunta organización criminal que habría actuado antes y después de que el ahora presidente asumiera el más alto cargo en la función pública del país.

En el informe 12-2022-KZM-5D-2FPCEDCFLIMA-MP-FN, del 25 de mayo del 2022, la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro -que investiga el Caso Puente Tarata/Provías- envió nueva información sobre la carpeta de colaboración eficaz CR-02-2022 respecto al exministro Juan Silva.

En dicho documento, el aspirante CE-02-5D-2FPCEDCF-2022 brindó su testimonio sobre Pedro Castillo y los días previos a establecer la “plancha presidencial”.

“Dicho colaborador habría señalado que, días antes de que ‘saquen la plancha presidencial’, Fray Vásquez -sobrino del presidente- le habría manifestado a Zamir Villaverde que Juan Silva sería el ministro de Transportes y Comunicaciones porque era su paisano”, relató el aspirante colaborador.

Además, continuó el delator, en agosto de 2021, el mismo Vásquez le habría comentado a Villaverde que necesitaban conseguir un profesional para que ocupe el cargo de director de Provías Descentralizado, “puesto que era un requerimiento del mismo ministro de Transportes”.

“Dicho colaborador habría agregado que Fray Vásquez Castillo le habría comentado al empresario Zamir Villaverde que el presidente de la República, a través de Juan Silva Villegas, tenía interés de designar a los funcionarios de Provías Descentralizados con el objetivo de poder adjudicar obras a las empresas de provincias que habrían apoyado en la campaña”, se relata en el documento fiscal.

Posterior a dicha conversación, señala, Villaverde se comunicó con Vázquez para mencionarle “que tenía a una persona para que fuera designada en Provías Desentralizado”. Se trataría de Alcides Villafuerte.

Villafuerte, se indica, se habría reunido finalmente con Juan Silva, en la casa de este último, con miras a su designación.

En otro momento, el aspirante a colaborador señaló que Juan Silva se comunicó con Zamir Villaverde para decirle que atienda a un empresario de nombre “Roger” pues este último había apoyado la campaña -entendiéndose por campaña presidencial- por lo que Villaverde citó a Alcides Villafuerte para manifestarle el pedido del ministro.

El aspirante CE-02-5D-2FPCEDCF-2022 señaló que entre agosto y setiembre del 2021, Juan Silva habría llamado a Zamir Villaverde para solicitarle la suma de S/30 mil, citándolo a su departamento del Centro de Lima.

Villaverde, dijo el colaborador, habría entregado el dinero al día siguiente de la llamada, circunstancias en las cuáles este último (Silva) le habría mencionado que era para el presidente de la República, Pedro Castillo.

El aspirante señaló que se produjo otra entrega de dinero pues Silva le habría solicitado S/50 mil a Villaverde y que este dinero sea entregado en su departamento, ubicado en la avenida Arequipa. La entrega habría sido concretada el 4 de noviembre del 2021, pero el monto total habría sido de S/100 mil.

Un segundo informe complementario de la fiscal Zecenarro, enviado el 26 de mayo al despacho de Sánchez Velarde, incluye la transcripción de un audio respecto al cual al aspirante a colaborador CE-02-5D-2FPCEDCF-2022, reconoció la voz de Zamir Villaverde y el que sería el asesor del exministro Juan Silva.

“Por eso, te pediría… o sea, la señorita (…) Mira, yo que estoy tratando es de hacer una gestión, por eso te pediría que me des el chance, mira, yo sé que si tú…le he pedido un favor también a Francia y le he dicho, ‘pucha, por favor ayúdame, habla con tu tío le digo, queremos sacar adelante esta gestión`, allí en Transilvania le hemos puesto donde están ustedes. Entonces, Juancito, ayúdame, como quisiera hablar contigo”, se escucha a Villaverde.

En el audio, ambos personajes conversan sobre las obras que estaría ganado “el Club” y donde Villaverde (voz masculina 1) le dice a “Juan” (voz masculina 2) que desde “la Casa Blanca” han reclamado por qué dichas empresas están ganando las obras.

Según se precisa, el aspirante a colaborador señaló que cuando se refiere a “la Casa Blanca” se refiere a Palacio de Gobierno haciendo alusión a dos licitaciones de dos obras cuyas buenas pro se otorgaron a “el Club”.

“Ahora, cuando Zamir Villaverde se refiere a ‘Francia`, se está refiriendo a Fray, cuando se refiere a Transilvania, se refiere al MTC, cuando hablan de la ‘señorita’ se refieren a Karelim López y cuando se refieren al ‘tío’ hacen referencia al presidente de la República”, se precisó.

La versión de Karelim López

Junto a los informes de las fiscalías anticorrupción, el fiscal Pablo Sánchez también tomó como indicio el informe remitido por la fiscal para casos de lavado Luz Taquire.

Respecto al informe de la fiscal Luz Taquire, la fiscalía de la Nación señala que en dicho documento, la representante de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos dio cuenta que en un proceso de colaboración eficaz a su cargo, la investigada Karelim López Arredondo habría señalado tener conocimiento de la existencia de una “mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conformada por el Presidente de la República, el entonces ministro Juan Silva y las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz, entre otras”.

Más audios

Los audios difundidos por Willax TV también han sido tomados en cuenta por la Fiscalía de la Nación -como indicio preliminar- sobre la presunta vinculación de Castillo Terrones a la organización criminal.

Se trata de las conversaciones, difundidas el 23 de mayo, entre el empresario Zamir Villaverde y Bruno Pacheco. El audio dataría del 25 de julio del 2021.

Como se recuerda, en este se habla sobre la presunta entrega de dinero a la campaña del Castillo Terrones por parte del exministro Juan Silva, antes de que este fuese nombrado ministro. Además, se escucha a Pacheco decir que iba a negociar con Castillo los puestos de trabajo en el MTC y Vivienda.

En ese sentido, resume la fiscalía, se afirma que la mencionada conversación revelaría que Villaverde y Pacheco, habrían tenido como fin, lucrar con los Ministerio de Transportes y Vivienda.

“Además, revelaría que Juan Silva Villegas habría pagado un millón de soles presuntamente para ocupar el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones. A ello, se sumaría que el presidente Pedro Castillo Terrones, habría tenido conocimiento del pago que habría realizado Silva Villegas”, se indica.

Todos los elementos antes descritos, han sido considerados por Sánchez Velarde como imputaciones graves atribuidas al presidente de la República, lo que constituye una razón suficiente y necesaria para investigarlo aún cuando se encuentre en funciones.

Sánchez reconoce que, ha sido la práctica fiscal que, de todos los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución (ministros, congresistas, etc), el presidente de la República sea el único que no ha sido investigado en la Fiscalía de la Nación. Ello, debido a que en una interpretación del artículo 117, goza de una “inmunidad presidencial” para no ser “acusado” durante su mandato, salvo excepciones previstas en la Carta Magna.

Por ello, según explica Sánchez en su disposición que abre investigación a Castillo Terrones, el artículo 117 de la Constitución, que establece la “inmunidad presidencial” es “una prerrogativa y no un derecho fundamental”. Además, con el fin de dicha norma “se resguarda, no a la persona; sino a la institución presidencial”.

Por ello, se indica, las diligencias son urgentes e inaplazables con la finalidad de asegurar los elementos materia de investigación, sobre todo porque se trataría de una organización criminal donde estaría implicado el jefe de Estado que tendría el poder de destruir, modificar o alterar los elementos de prueba o hacer uso de la violencia para amedrentar testigos o investigados.

El fiscal de la Nación agrega que no se puede esperar a que el presidente de la República culmine su mandato para investigar los hechos que se le atribuyen.

“En ese sentido, en casos como el presente, en el cual sobre el jefe de Estado pesan sindicaciones de la presunta comisión de delitos graves de corrupción de funcionarios cometidos, como se dijo, en el contexto de una organización criminal, que vienen sustentados además con informe emitidos en el curso de investigaciones fiscales, no tratándose por ende de cualquier denuncia sin sustento o por motivaciones políticas evidentes”, reafirmó Sánchez Velarde.