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El expresidente Pedro Castillo solicitó al Poder Judicial (PJ) archivar las investigación en su contra por los Casos “Puente Tarata” y “Petro-Perú”, al sostener que no existe la supuesta organización criminal que se le atribuye.
El vacado exmandatario cumple una prisión preventiva de 36 meses por presuntamente haber liderado una red criminal que operó en diversas entidades públicas del Estado. Entre estas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Petro-Perú.
Por este caso es procesado por los presuntos delitos de organización criminal agravada (como presunto líder), tráfico de influencias agravado (presunto autor) y colusión (presunto cómplice).
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A través de un recurso de excepción de improcedencia de acción, al que accedió El Comercio, el exmandatario señaló que los hechos atribuidos en su contra, no constituyen delito.
“Jose Pedro Castillo Terrones, deduce excepción de improcedencia de acción, puesto que el hecho que se le imputa no constituye delito o sin connotación penal y en consecuencia se disponga el (archivo) definitivo de la causa.”
Pedro Castillo
Según los argumentos presentados ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, además de la presunta inexistencia de la red criminal, el exjefe de Estado asuguró que, al haberse anulado los procesos de licitación de ambos casos, no existió perjuicio al Estado.
“Solicita, se archive los casos de Petro-Perú y Puente Tarata, toda vez que (en) ambos casos no ha existido la estructura criminal, orden del ‘supuesto’ jefe de la organización criminal, acuerdo colusorio, en los casos de los concursos publicos Petro-Perú y Puente Tarata terminaron en nulidad en consecuencia no existió perjuicio económico para el estado”, señaló en su pedido presentado el pasado 29 de agosto.
En el caso “Puente Tarata”, la fiscalía le atribuye a Castillo Terrones que, en uso de sus facultades presidenciales, designó a Juan Silva Villegas -actualmente prófugo- como ministro de Transportes y Comunicaciones, copando ilegalmente el referido sector. Ello, con la finalidad de manejar y direccionar las contrataciones a favor de empresarios que forman parte de la organización criminal y los que apoyaron en la campaña presidencial.
Es así que, a través de Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez -sobrinos de Pedro Castillo- habrían contactado a Zamir Villaverde García -convertido en aspirante a colaborador eficaz- para copar Provías Descentralizado y captar postores interesados.
A través de los presuntos actos ilegales habría concretado el direccionamiento del proceso de Licitación Pública N.° 01-2021-MTC/21 para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga, en el departamento de San Martín, valorizado en S/232,5 millones.
El ex ministro de Transportes, Juan Silva, es el funcionario más cuestionado de todos los que han pasado por el gabinete Castillo. Recientes audios lo comprometen en presuntos actos de corrupción. (Foto: Presidencia de la República)
El proyecto, fue entregado a favor del Consorcio Puente Tarata III (integrado por las empresas Tableros y Puentes S.A., sucursal Perú; TERMIREX S.A.C.; y, H.B. Estructuras Metálicas S.A.S Sucursal Perú) vinculado a la empresaria Karelim López, quien se convirtió en aspirante a colaboradora eficaz de la fiscalía
López Arredondo visitió Palacio de Gobierno en octubre del 2021 y, luego de ello, el Consorcio Puente Tarata III ganó la licitación.
Posteriormente, la empresaria reconoció ante la fiscalía haber realizado gestiones ante Pedro Castillo para que su empresa asesorada salga beneficiada y que, a cambio, se entregó dinero al exmandatario y a su exministro Silva Villegas. Esto, también fue reconocido por Zamir Villaverde.
Mientras que, por el Caso “Petro-Perú”, el Ministerio Público le atribuye al exmandatario haber abusado de su poder funcional para copar ilegalmente Petro-Perú, con la finalidad de manejar y direccionar las contrataciones que se daban en dicha institución.
Zamir Villaverde y Karelim Lóprez. Ambos se sometieron a un proceso de colaboración eficaz.
Para ello, Fermín Silva Cayatopa -amigo de Pedro Castillo Terrones e integrante de la presunta red criminal- habría gestionado ante el Ministro de Energía y Minas, Iván Merino la designación de Hugo Chávez Arévalo como presidente del directorio de PETROPERÚ. Sin embargo, al final fue designado como director de dicha empresa estatal.
La presunta organización criminal habría direccionado el Proceso de Adquisición por Competencia COM- 012-2021-GDCH/PETROPERÚ para la compra de BIODIESEL B1OO a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., representada por Samir George Abudayeh Giha. La licitación era por 280 mil barriles por un monto de US$ 74 millones.
Para ello, previamente, se habrían dispuesto desde la más alta esfera reuniones entre representantes de la empresa, como Karelim Lopéz, y funcionarios de la entidad.
López Arredondo, quien luego se convertiría en aspirante a colaboradora eficaz, aseguró haber realizado gestiones y haberse reunido con Castillo Terrones para gestionar intereses a favor de la empresa a la que asesoraba.
Según la fiscalía, los días 15 y 18 de octubre del 2021, Abudayeh Giha y Castillo Terrones, se habrían reunido en Palacio de Gobierno. Luego de ello, Heaven Petroleum resultó favorecida.
Ante el pedido de Castillo Terrones, el juez de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, convocó a una audiencia pública para debatir los fundamentos de la solicitud y dispuso emplazar al representante del Ministerio Público, para que asista.
“Convocar para el día martes 19 de setiembre de 2023, a las 10:00 horas, la realización de la audiencia de excepción de improcedencia de acción; solicitado por el Imputado José Pedro Castillo Terrones”, convocó el magistrado.
