Piden a Pedro Castillo que convoque a Consejo de Estado debido “a la creciente inestabilidad política”

Los titulares de diferentes entidades como el Poder Judicial, Ministerio Público y la Contraloría General de la República, suscribieron un pedido enviado al presidente de la República, Pedro Castillo, para que convoque con carácter de urgencia una sesión del Consejo de Estado.

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El documento lleva la firma de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios; la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos; la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello.

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También suscriben el contralor general de la República, Nelson Shack; y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. El texto indica que se debe hacer una sesión urgente del Consejo de Estado.

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“Este pedido se formula debido a la creciente inestabilidad política que viene afectando la buena marcha de la administración pública y el pleno ejercicio de los derechos humanos”, señalan.

El planteamiento se da en medio de la expectativa generada por una posible censura que están promoviendo las bancadas de oposición contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, situación por la cual el primer ministro, Guido Bellido, ha señalado que se podría presentar una cuestión de confianza.

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La posibilidad de que se plantee una cuestión de confianza (herramienta constitucional que podría generar, de ser rechazada, la renuncia del titular de la PCM y que de repetirse podría conllevar a la disolución del Parlamento) ha sido solicitada también por la bancada oficialista de Perú Libre.

Los titulares de las entidades recuerdan en su exhortación que si bien hay distribución de poderes y autonomía, “ello no implica que deban ejercer sus atribuciones de manera aislada”.

“Por el contrario, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, se encuentran constitucionalmente obligados a cooperar en la atención de los diversos problemas que afronta el país”, se lee en el documento.

Debido a eso, concluyen esperando que Pedro Castillo haga “todos los esfuerzos necesarios para materializar el principio de colaboración y de buena marcha de la administración pública”.

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