En sus primeras declaraciones como ministro de Defensa, Jorge Nieto afirmó que el Vraem y la lucha contra el narcotráfico serán prioridades de su gestión. “Tenemos que no solamente terminar con el fenómeno terrorista [en el Vraem], sino evitar que el narcotráfico crezca hasta convertirse en una amenaza a la seguridad nacional. De modo que esto para nosotros es prioritario”, comentó el martes, día en que asumió sus funciones.
Las palabras de Nieto pueden interpretarse como un paso adelante en las intenciones del Gobierno en la lucha antidrogas (que sobre todo es contra el tráfico ilícito de cocaína, de la que somos uno de los principales productores del mundo), ya que a la fecha no se sabe exactamente cómo será en los próximos años.
A principios de octubre, el primer ministro Fernando Zavala anunció que las Fuerzas Armadas volverían a tener el control interno del Vraem, la zona más difícil en la lucha antidrogas y donde más coca se cultiva. Lo dicho por Zavala significa un nuevo giro luego de que, a fines del 2015, Ollanta Humala decidiera darle el control a la policía. Tras el anuncio de Zavala, Mariano González, en ese entonces ministro de Defensa, incluso dijo que con la modificación se buscaba iniciar “una ofensiva y control más efectivo de esta zona”. Salvo ese anuncio, lo concreto es que, pese a los millones invertidos en el Vraem y en la lucha antidrogas, el avance es lento, como la propia Devida reconoce.
—Millones y problemas—
Solo en el 2015, los gastos gubernamentales directos para la lucha contras las drogas fueron de casi S/1.013 millones, según el libro “Análisis de los aportes del Gobierno Peruano a la lucha contra las drogas”, de Jaime García, miembro asociado del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. La cifra mencionada, que incluye los S/344 millones destinados a la lucha contra el terrorismo en el Vraem, es 92 veces superior a la asignación del año 2000, que apenas llegaba a S/11 millones.
Para García, el incremento del presupuesto ha sido positivo porque ha permitido que se cumpla casi la totalidad de metas del plan antidrogas 2012-2016. Sin embargo, considera que los recursos deben aprovecharse mejor. Por ejemplo, en el 2015 se gastaron unos S/150 millones para erradicar 35 mil hectáreas de hoja de coca, pero la disminución efectiva fue de solo 2.600 hectáreas por la resiembra. Mientras que en el 2013 se invirtieron S/39 millones y la reducción efectiva fue de casi 10 mil hectáreas. “[Ahora] hay un 93% de resiembra. ¿Por qué se da eso?”, se pregunta García.
El especialista en temas de narcotráfico Jaime Antezana señala que el problema no solo es la resiembra, sino también las zonas de cultivo que no se toman en cuenta en informes como el de Naciones Unidas. Basado en su trabajo de campo, Antezana considera que los cultivos de coca son mayores.
Y los problemas no solo están en la erradicación y zonas cocaleras, también en el control de insumos químicos, en la coordinación de acciones entre militares y policías o en las cifras de la producción de cocaína (de acuerdo con cifras conservadoras, la producción anual es de poco más de 300 toneladas).
Una fuente de este Diario con conocimiento del tema apunta que en el Gobierno deben entender cómo funciona el narcotráfico, el cual actualmente es un negocio más horizontal que vertical. También cree que el Ejecutivo debe analizar el dinamismo del negocio ilícito, casi siempre más adelantado que la legislación y que el Estado Peruano.
Devida, encargada de diseñar y dirigir la estrategia antidrogas, considera que dicha lucha es de largo aliento y que falta más articulación. Por ejemplo, entre erradicación y desarrollo. Y como la presidenta ejecutiva de Devida, Carmen Masías, afirmó a El Comercio, para el plan antidrogas 2017-2021 que se está preparando “incluirán las lecciones aprendidas”.
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Tras moción de censura, #JaimeSaavedra ratifica que no renunciará ► https://t.co/k0nndMiHey pic.twitter.com/g7JAOsKx1K— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 10 de diciembre de 2016