El magistrado del Tribunal Constitucional se mostró a favor de la disposición del órgano supranacional al ordenar al Estado peruano de abstenerse de liberar al expresidente. (Foto: El Comercio)
El magistrado del Tribunal Constitucional se mostró a favor de la disposición del órgano supranacional al ordenar al Estado peruano de abstenerse de liberar al expresidente. (Foto: El Comercio)
Redacción EC

El magistrado del Tribunal Constitucional señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le dio un “un jalón de orejas” a este organismo luego de resolver que el Estado peruano debe abstenerse de implementar el fallo la excarcelación inmediata del expresidente .

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Tenemos el resultado donde, en realidad es a nivel internacional, un jalón de orejas al Tribunal por no entender que en esta película no tenía por qué entrar y por no entender que la supervisión la hace la Corte IDH, con el apoyo de la Corte Suprema, por tratarse de un expresidente de la República. En este asunto, el Tribunal mira y aplaude, no tiene más que hacer”, declaró a Exitosa.

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En ese sentido, el tribuno indicó que respeta la decisión que tomó la mayoría de sus colegas del Tribunal Constitucional al votar a favor de la liberación de Fujimori Fujimori, pero aclaró que era evidente que la Corte IDH iba a tomar esta posición.

“A veces, como lo hemos conversado muchas veces, en un colegiado no siempre quien tiene las mejores razones tiene los votos. Entonces, yo respeto lo que ocurrió con mis compañeros pero era crónica de una actuación anunciada. Esto iba a ser así, dijo.

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El último viernes 8 de abril, la Corte IDH publicó la resolución tras evaluar el pedido de medidas provisionales por parte de los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y luego de la audiencia del 1 de abril en la que se pronunciaron las víctimas, al Estado peruano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La sentencia dispone que se realice una supervisión específica respecto al indulto humanitario que se le concedió a Alberto Fujimori en el 2017 y el cumplimiento de las sentencias que recaen sobre él, como se dispuso el 30 de mayo del 2018.

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