El Poder Judicial decidió abrir proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori y tres de sus exministros de Salud, entre ellos el actual congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, por los delitos que se habrían cometido en el caso conocido como “esterilizaciones forzadas”.
El juez Rafael Martínez, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, detalló en la audiencia virtual realizada este sábado 11 de diciembre que había motivos suficientes para considerar prudente que se inicien las diligencias por este caso.
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“Se resuelve abrir proceso penal emitiendo el auto de procesamiento en vía ordinaria contra Alberto Fujimori Fujimori, Eduardo Yong Motta, Marino Ricardo Luis Costa Bauer, Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco y Ulises Jorge Aguilar como presuntos autores mediato por dominio de aparatos organizados del poder por la presunta comisión del delito contra la vida, cuerpo y salud, lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”, resolvió el magistrado.
El juez anunció que, tras la apertura, se suspenderá el trámite del proceso abierto a Alberto Fujimori hasta que el Gobierno de Chile se pronuncie sobre la ampliación de su extradición para que se incluyan los supuestos delitos de este caso.
También se abrió proceso penal contra los mismos implicados por el presunto delito de lesiones graves contra diversas víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori Fujimori.
Según la denuncia de la fiscalía, todos los implicados habrían tenido participación activa en la comisión de delitos en agravio de mujeres pobres quechua hablantes en la sierra y selva del país que fueron esterilizadas sin su consentimiento ni haber recibido información del proceso en sus lenguas originarias.
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Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el Ministerio Público evalúa que se crearon marcos normativos para legalizar algo que era ilegal usando como justificación la planificación familiar, incluyendo el “Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000″ elaborado por el exministro Yong Motta.
Según explicó el juez Martínez, con la apertura del proceso penal se permitirá que la fiscalía realice las labores correspondientes para reunir pruebas de la realización del delito, las circunstancias en las que se perpetuaron, establecer la participación de los autores y cómplices para que el juez luego actúe las diligencias propuestas por ambas partes “siempre que resulten pertinentes, conducentes y útiles”.
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