Caso Lava Jato: De hombres de confianza y amigos a testigos de la fiscalía

Martín Bustamante: la voz del ‘mudo’

“Inicialmente se había informado que el presidente ejecutivo del IPSS, Luis Castañeda Lossio, ofrecería una conferencia de prensa, pero finalmente el que prestó declaraciones fue el director de Imagen Institucional, Martín Bustamante”, se lee en una nota publicada en El Comercio en noviembre de 1990. Desde que dio sus primeros pasos en la escena política peruana, el ahora investigado exalcalde Luis Castañeda Lossio depositó la tarea de compensar su silencio ante el público en un amigo de toda la vida. Su nombre era Martín Bustamante Castro.

Desde que Castañeda presidía el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), allá por los noventa, hasta sus últimos días como alcalde de Lima, Bustamante fungió de portavoz de un hombre de pocas palabras y limitadas apariciones públicas.

“Por el momento Castañeda sigue siendo el alcalde y Bustamante el asesor multioficios que inaugura parques, organiza serenatas, condecora ilustres visitantes y sale en los medios representando a su jefe cuando este anda ocupado”, se lee en una crónica publicada en El Comercio en febrero del 2010.

Sin embargo, el caso Lava Jato terminó con tres décadas de acompañamiento político y amistad entre Bustamante y Castañeda. En junio del 2019, se conoció que la empresa brasileña OAS había entregado US$220 mil para la campaña municipal de Castañeda Lossio en el 2014. Y, tal como lo había acompañado en sus aventuras políticas, Bustamante lo acompañó también en la gestión del aporte. Fue él quien coordinó y recibió el presunto soborno y quien –además- indicó a los funcionarios de la constructora el monto del aporte y el medio de pago.

En agosto del mismo año, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, reveló ante el equipo especial de la fiscalía que la empresa constructora pagó US$75.527 de la caja 2 a Castañeda por el proyecto Rutas de Lima. El dinero se entregó a través de Bustamante, a quien se le dio el codinome ‘Bigode’ (bigote, en portugués).

A los pocos días, Bustamante renunció a la reserva de identidad de colaborador eficaz. Quien durante tres décadas había fungido de escudero y mano derecha de Luis Castañeda Lossio se había convertido en su principal acusador.

Este viernes 14, el Poder Judicial aceptó el pedido de la fiscal Milagros Salazar, del equipo especial Lava Jato, de ordenar 24 meses de prisión preventiva contra Castañeda. Para el excongresista y fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, y la exgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima Giselle Zegarra, se dictaron medidas restrictivas. Según la fiscalía, el exalcalde recibió US$480 mil de la empresa OAS para que se suspenda el proyecto Río Verde y, en su lugar, se construyera el ‘by-pass’ de la avenida 28 de julio.

La declaración de Bustamante fue incluida en el pedido. En su testimonio, el ex hombre de confianza de Castañeda dijo que este le pidió “no echar a Giselle Zegarra Flores ni a José León Luna Gálvez”, ambos investigados por el mismo caso junto al exalcalde. En palabras de Bustamante, Castañeda buscaba “proteger a dos de los brazos operadores de la organización criminal que lidera”.

El chalán de García

Si hubo alguien que acompañó a Alan García Pérez a lo largo de su carrera política fue Luis Nava Guibert, antiguo militante aprista y amigo cercano del expresidente. Durante los dos gobiernos de García, Nava ocupó el cargo de secretario general de Presidencia de la República. En el 2007, una fuente palaciega de El Comercio se refería a Nava como uno de los ‘alfiles’ del entonces jefe de Estado.

Los eventos que llevarían a la ruptura de la lealtad que por décadas Nava mantuvo frente a García se asomaron en abril del 2019, cuando la fiscalía solicitó impedimento de salida del país en contra del ex secretario general de la Presidencia y su hijo, José Antonio Nava Mendiola. El Ministerio Público había conocido que padre e hijo habían recibido pagos por US$4.5 de la caja 2 de Odebrecht. En las planillas clandestinas de la empresa brasileña, Nava era identificado con el codinome ‘Chalan”. Según la hipótesis de la fiscalía, los Nava habrían actuado como testaferros de García.

El 16 de abril del mismo año, el Poder Judicial dictó una orden de prisión preliminar por 10 días contra García y Nava. Alan García frustró la medida judicial acabando con su vida. Pero Nava sí fue detenido.

El 25 de setiembre, habiendo ya fallecido García, Nava Guibert señaló directamente al expresidente como receptor de dinero de Odebrecht. Según su testimonio, Jorge Barata le entregó a García “entre cinco o seis loncheras de US$60.000”. Dijo, además, haber entregado él mismo dinero a García, de parte del ex representante de Odebrecht en el Perú.

“Le pregunté a Jorge Barata qué había y me dijo que era un poco de dinero para Alan García y que era un negocio que había hecho con él y que este último lo sabía […] No vi ni conté el dinero porque el maletín tenía clave y Jorge Barata me dijo que el Presidente sabía la clave. El maletín entregado por Jorge Barata yo se lo entregué al ex Presidente Alan García en Palacio de Gobierno”, declaró al Ministerio Público.

Nava, además, señaló a la fiscalía que García había adquirido, entre el 2012 y el 2013, un terreno en Las Casuarinas con el dinero entregado por Barata.

“En una oportunidad, Alan García Pérez me entrega la minuta compraventa por el terreno, y me dice que la minuta se firmó y se dio 250,000.00 Dólares Americanos, más un pago oculto o clandestino de US$ 500,000.00 aproximadamente. Yo me encargué por su indicación de hacer la gestión con el Banco Continental para hacer un préstamo para la construcción en el terreno, siendo atendido por un alto funcionario de dicho banco de nombre Guillermo José Arana Lara”, dijo en ese entonces. Sin embargo, según Nava, la compraventa fue cancelada.

Las declaraciones de Nava llevaron a que Pilar Nores –exesposa de García- y sus hijos lo denuncien penalmente por presunta calumnia y difamación.

El último lunes, Nava ratificó ante el equipo especial Lava Jato que Odebrecht aportó a la campaña de García en el 2006.

La verdad de Maiman

El nombre de Josef Maiman resonó en los medios de comunicación del país incluso desde antes que Alejandro Toledo Manrique se convirtiera en presidente. En abril del 2001, Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor Mario Vargas Llosa –y quien durante la campaña electoral fue un cercano colaborador de Toledo- denunció en una entrevista con el periodista Jaime Bayly los motivos por los que había decidido alejarse del candidato de Perú Posible.

Una vez que Toledo ya ostentaba la presidencia de la República, el empresario israelí continuó siendo mencionado recurrentemente durante el gobierno de Perú Posible, pese a no ejercer cargo alguno en el poder. El multimillonario, íntimo amigo del expresidente desde hacía décadas, solía acompañarlo en lujosos restaurantes, vacaciones y eventos oficiales. Incluso, iba a visitar a Toledo en Punta Sal en su jet privado.

Luego de estallado el escándalo Ecoteva, Maiman intentó salvar a su amigo de las crecientes sospechas de corrupción. Así, después de que Toledo haya ensayado diversas y contradictorias explicaciones sobre el dinero con el que se compraron los inmuebles de la Torre Omega y Las Casuarinas, el israelí aseguró que estos se habían adquirido con su capital suyo. Según dijo en aquel entonces, el expresidente y su esposan Eliane Karp lo habían animado a invertir en negocios inmobiliarios en el Perú.

“Como resultaba conveniente desde una perspectiva tributaria realziar dichas inversiones a través de una persona natural residente en Perú, se sugiere la participación de Fernenbug, lo cual me resulta aceptable por ser una persona de confianza”, manifestó entonces a la fiscalía.

Cuatro años más tarde, Maiman desmintió sus propios dichos. El 2 de setiembre del 2017, reconoció ante la fiscalía peruana que Odebrecht depositó los sobornos que pagó a Toledo por los tramos 2 y 3 de la Carretera Interocéanica en cuentas bancarias de su propiedad. En marzo del 2019, el israelí firmó un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público y reiteró que el dinero que Odebrecht depositó en sus cuentas sirvió para pagar las hipotecas de sus propiedades en Camacho y Punta Sal, así como para comprar la oficina en la Torre Omega a través de la empresa Ecoteva.

Delaciones en el fujimorismo

Aunque no del mismo nivel de cercanía, dentro de Fuerza Popular han existido también personajes de confianza del fujimorismo que terminaron por declarar en contra de Keiko Fujimori. Son los casos de Daniel Salaverry y Rolando Reátegui, ambos excongresistas fujimoristas que, eventualmente, rompieron con la lealtad que en algún momento guardaron hacia su lideresa.

La turbada relación entre Daniel Salverry y la bancada de Fuerza Popular que había comenzado a gestarse a mediados del 2018 terminó por involucrar directamente a Keiko Fujimori en setiembre del año siguiente, cuando el entonces congresista acusó a la lideresa fujimorista de estar detrás de la decisión congresal de investigar a empresas privadas y encuestadoras en la Comisión de Fiscalización.

“Al inicio pensé que no, pero ahora la verdad que habría que se muy inocente para pensar que [Keiko Fujimori] no está detrás de todo, ¿no? [...] Vemos congresistas pidiendo investigaciones a empresas privadas, a las encuestadoras, por favor”, manifestó en entrevista con Latina.

El golpe final, sin embargo, lo dio cuando, en entrevista con “Cuarto Poder”, sostuvo que Fujimori Higuchi le había pedido que se prepare para convocar elecciones, poco después de la asunción de Martín Vizcarra como presidente de la República.

Por otro lado, en el 2018, el excongresista de Fuerza Popular, Rolando Reátegui solicitó voluntariamente a la fiscalía ser testigo en la investigación contra Keiko Fujimori por los aportes de campaña del 2011. El exparlamentario relató al Ministerio Público la participación que tuvo en la búsqueda de falsos aportantes en la región San Martín.

“No se debe confundir la lealtad con impunidad [...] ante el desamparo de la alta dirigencia del partido me he visto en la necesidad de decir toda mi verdad ante la fiscalía”, escribió Reátegui en una carta en aquel entonces.

"Lo hice por la amistad con Yehude Simon”

Un personaje clave en las investigaciones a Yehude Simon es Pablo Salazar, exgerente del proyecto Olmos. Se trata de una persona muy cercana al exgobernador regional de Lanbayeque que acaba de confesar, ante la fiscalía, que recibió dinero de Jorge Barata para su otrora amigo. Ambos se encuentran detenidos desde el lunes por diez días.

“Quiero señalar que sí recibí dinero para la campaña de Yehude Simon, fue entre [...] US$90.000 y [...] US$100.000, fue en varias armadas, y recién por los medios me enteré de que el señor Javier Málaga Cochella también recibió dinero. Ese dinero me lo entregó el señor Jorge Barata, no sé si fueron tres o cuatro veces, siempre me lo daba en una cajita negra de cartón”, admitió ante le fiscalía, según reveló El Comercio.

Pablo Salazar dijo, en su testimonio, que hizo las gestiones y recibió el dinero del exsuperintendente de Odebrecht en el Perú por “la amistad con Yehude Simon”.

En su declaración contó que en julio del año 2,003 - cuando el proyecto de irrigación Olmos fue transferido al gobierno regional de Lambayeque- se “reencontró” con Yehude Simon y “empezamos a frecuentarnos más e hicimos amistad”. Incluso, narró que conoce a su esposa desde que cursó la primaria.

“[...] Simon me decía: ‘Ya, OK, está bien’. Cuando volvía a Chiclayo, y antes de encontrarme con él, yo cambiaba el dinero a soles y luego, siguiendo sus instrucciones, me decía: ‘Tenlo tú y hay que pagarle a canales de televisión, periodistas radiales y otros, según sea el caso’. […] Respecto de la entrega del dinero, solo conocíamos de ello el señor Yehude Simon, Jorge Barata y yo. […] Simon siempre se caracterizó por algo: era muy reservado en las conversaciones que tenía con cada persona; es decir, que lo que se hablaba con alguien no lo hablaba con nadie más”, añadió.

De acuerdo con la tesis de la fiscalía, Simon favoreció a Odebrecht en la concesión del trasvase Olmos a cambio de aportes ilícitos –para su campaña del 2006– que provenían del Departamento de Operaciones Estructuradas.