Congreso aprobó proyecto de inmunidad que no recoge propuesta del Ejecutivo

El pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación el proyecto de reforma constitucional que regula el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. La decisión se tomó con 94 votos a favor, 23 en contra y cero abstenciones.

El proyecto había sido enviado a un cuarto intermedio para incluir modificaciones. Tras ello, el texto aprobado establece que el levantamiento de inmunidad siga siendo revisado por el Congreso y establece como plazo 45 días. Únicamente si no se cumple con ello, la Corte Suprema podrá solicitar que sea resuelto por el Tribunal Constitucional.

"El Congreso resuelve la solicitud dentro del plazo de 45 días hábiles. La decisión adoptada es definitiva. Solo si el Congreso no resuelve la solicitud de levantamiento de inmunidad dentro del plazo estipulado, la Corte Suprema podrá presentar la solicitud ante el Tribunal Constitucional para que este la resuelva", sostiene, específicamente, el texto aprobado. 

Además, se eliminó la inmunidad de arresto. También se incluyó que el levantamiento de la inmunidad requiera el voto favorable de la mitad más uno del número de congresistas. 

Inicialmente, tras un amplio debate, una primera propuesta, diferente a la aprobada al cierre de la jornada, había recibido 78 votos de respaldo, con lo que debía ser ratificada en referéndum al no haber alcanzado los 87 necesarios por tratarse de una reforma constitucional.

Tras ello, un grupo de congresistas liderado por Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) solicitó la reconsideración de la votación al presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

El pedido fue aprobado y el proyecto fue puesto nuevamente a votación. No obstante, la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, solicitó ir a un cuarto intermedio y finalmente presentó el nuevo texto.

Cabe resaltar que, en la misma sesión, también se aprobó dotar de potestad al presidente del Congreso para presentar una acción competencial y la medida cautelar correspondiente ante el Tribunal Constitucional para que se revisen los alcances de la cuestión de confianza.