(Foto: Juan Ponce/ El Comercio)
(Foto: Juan Ponce/ El Comercio)
Gino Alva Olivera

El pleno del ratificó anoche la decisión de la Comisión Permanente de destituir de su cargo e inhabilitar de la función pública por 10 años al suspendido juez supremo , a raíz de una serie de denuncias constitucionales en su contra por el caso de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura ().

Ambas votaciones se decidieron por unanimidad: por la destitución hubo 74 votos a favor y por la inhabilitación, 75 votos.

El pleno también acordó acusar a Hinostroza por cuatro delitos: patrocinio ilegal (75 votos a favor), tráfico de influencias (74 votos), negociación incompatible (75 votos) y pertenencia a una organización criminal (67 votos a favor y siete abstenciones).

Este último delito, considerado en el informe elaborado por el congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú), no había sido aprobado en la Comisión Permanente, pero fue incorporado a través de una cuestión previa aprobada más temprano en el pleno.

Debido a que este caso –así como el de los ex consejeros del CNM– fue previamente visto en la Comisión Permanente, los integrantes de ese grupo que ejercieron su voto la semana pasada quedaron fuera de esta votación.

“Niego ser el juez más corrupto, como me tilda cierta gente. […] ¿Qué cabecilla soy? En ningún audio se me escucha darle una orden a un consejero. Un cabecilla ordena, no pide favores”, dijo ayer el ahora destituido juez para ejercer su defensa.

—Los ex CNM
Aunque el informe también recomendaba acusar por organización criminal a los ex consejeros Iván Noguera, Guido Aguila, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez, no se consiguieron los votos suficientes para aprobarlo. En los cuatro casos, las abstenciones superaron a las adhesiones.

No obstante, los cuatro ex integrantes del consejo sí fueron destituidos y dos de ellos –Aguila y Gutiérrez Pebe– fueron inhabilitados por diez años para ejercer la función pública.

Por otro lado, Noguera y Aguila serán acusados de patrocinio ilegal; y Velásquez y Gutiérrez Pebe, por cohecho pasivo específico.

Durante el debate, la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, cuestionó el informe presentado por Pacori, pues –a su juicio– estuvo incompleto y con vicios.

“Aquí no hay blindaje, hay ánimo de que las cosas se hagan bien”, señaló.