Congreso cierra filas a favor de Alejandro Soto por mausoleo en Cusco: ¿Qué bancadas lo respaldan?

El Congreso nuevamente cierra sus filas a favor de su titular, Alejandro Soto, quien el último domingo volvió a ser protagonista de una denuncia. “Punto Final” dio a conocer que la Sociedad de Beneficencia del Cusco investiga la compra subvaluada de un terreno en el cementerio de La Almudena, realizada por la madre del legislador de Alianza para el Progreso.

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Se trata, según el programa dominical, del lote M-45, identificado como “Soto Reyes”, que fue adquirido en enero del 2023 por Delia Reyes Vera viuda de Soto, la madre del presidente del Parlamento.

La entidad vendió el terreno durante la gestión de Héctor Villavicencio Muñoz, amigo personal de Alejandro Soto, a quien visitó 11 veces en su despacho parlamentario.

En la gestión de Villavicencio, la beneficencia le informó a la madre del congresista, que podía pagar por el lote, apenas S/66.600, cuando por la tasación disponible se sabía que el precio de cada espacio superaba los S/80.000.

Consultados por este Diario, legisladores de las bancadas de Renovación Popular, Somos Perú, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y Perú Libre restaron importancia a la denuncia y evitar responder si el caso amerita una investigación de la Comisión de Ética.

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El parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular) indicó que el tema primero debe ser evaluado por la Contraloría General de la República y determine si es que “hubo dolo o falta” y, de ahí, “se ve si pasa al Congreso o la fiscalía”.

En tanto, Guido Bellido (Perú Bicentenario) opinó que las investigaciones deben realizarse a quien estuvo a cargo de la Sociedad de Beneficencia del Cusco cuando se compró el lote y que las visitas a Soto en el Congreso “no configuran ninguna irregularidad, a no ser que hayan estado prohibidas”. También consideró que las pesquisas deben partir del órgano de control.

A su turno, Edgar Tello (Bloque Magisterial) dijo: “Que investiguen [a Soto] siempre y cuando sea responsable, hasta donde sé él no es responsable. Las comisiones que corresponden que hagan las investigaciones si lo ven conveniente”.

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Hector Valer, congresista de Somos Perú, señaló que “su posición es que cualquier persona tiene derecho a comprar un terreno para su descanso eterno”. “Además las beneficencias del Perú hoy en día son inmobiliarias”, añadió.

Por su parte, Flavio Cruz solo atinó a decir: “La beneficencia tiene régimen privado, opera la ley de la oferta y la demanda”.

De otro lado, Luis Aragón (Acción Popular) y Roberto Sánchez (Cambio Democrático) tuvieron una postura distinta.

Aragón afirmó que “el presidente del Congreso debió dar un paso al costado hace tiempo” y con respecto a este caso, “debe haber una investigación de oficio en la Comisión de Ética”.

Sánchez subrayó que “toda denuncia con presunción de delito debe ser investigada y, más aún, si se trata de cualquier autoridad pública”.

“Es vital que el propio congresista dé cuenta y aclare su actuación en lo denunciado”, apuntó también.

Este Diario buscó contactarse con congresistas de las demás bancadas, pero no respondieron al cierre de esta edición. Tampoco hubo pronunciamiento de APP, ni de su bancada en el congreso.

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En un comunicado, difundido en la red social X, Alejandro Soto Reyes rechazó la “clara intención de desprestigiar su imagen” un día antes de que la Comisión Permanente debatiera el informe para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Asimismo, refirió que luego que se confirmara la cesión de uso el 8 de febrero del año pasado, el 17 de julio del 2023 se actualizaron las tarifas por metro cuadrado, “por lo que no es cierto que el espacio haya sido adquirido por debajo del precio del mercado”.

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En diversas oportunidades, la Comisión de Ética, presidida por Diego Bazán (Avanza País), ha blindado o no ha abierto investigación al presidente del Congreso. Por ejemplo, el grupo de trabajo no anunció pesquisa cuando se dio a conocer el testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, que dijo que Soto “pidió que se le apoye en la investigación que se le había abierto por el caso conocido como ‘fábrica de trolls’”.

En diciembre, dicho grupo de trabajo libró al presidente del Poder Legislativo por haber votado a favor de la ley prescripción y haberse acogido a ella para evitar un juicio en el Cusco por el delito de estafa por el que la fiscalía pedía más de ocho años de cárcel para el congresista.

El caso siguió un lento avance en la comisión, que se demoró casi un mes en iniciar investigación de oficio al presidente del Congreso. Según al análisis hecho por el equipo técnico de la Comisión de Ética, “no se puede corroborar” lo aseverado en el reportaje periodístico que dio pie a la investigación. Asimismo, sostiene que la norma fue presentada seis meses antes de la elección de Soto como presidente del Congreso. También afirma que Soto no es autor de dicha iniciativa.

Meses atrás, en octubre, la Comisión de Ética ya lo había blindado por el caso de la ‘fábrica de trolls’ y la contratación de Yeshira Peralta Salas, tía de su hijo, como auxiliar de su oficina parlamentaria.