Betssy Chávez cobró asignación de S/15 mil al Congreso cuando era ministra

La congresista Betssy Chávez (Perú Democrático) afronta tres investigaciones preliminares en el Ministerio Público, una de ellas por presunta rebelión por su actuación en el golpe de Estado que perpetró el hoy expresidente Pedro Castillo. La situación de la ex jefa del Gabinete podría complicarse aún más, debido a que cobró asignaciones por más de S/15 mil al Parlamento, cuando era ministra.

Los 130 parlamentarios no solo reciben cada mes un salario de S/15.600, sino también dos pagos, uno de S/7.617 por asignación por la función congresal y otro de S/.4.000 por apoyo a la semana de representación.

Según informó “Panorama”, Chávez Chino recibió en dos oportunidades la asignación por la función congresal. Por ejemplo, en octubre de 2021 fue la primera vez que se embolsó ese dinero, a pesar de que había jurado como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, tras el ingreso de Mirtha Vásquez a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La legisladora de izquierda hizo lo mismo en agosto de 2022, cuando retornó al Gabinete Ministerial, tras haber sido censurada por el Congreso, pero esta vez al sector Cultura.

Es decir, Chávez Chino en dos oportunidades no solamente cobró los S/30.000 de su sueldo de ministra de Estado, sino que adicionalmente recibió S/7.600 de parte del Parlamento.

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El referido programa dominical la también ex primera ministra no ha devuelto este dinero hasta el momento.

Chávez recibió en total S/15.234 del Congreso, cuando no cumplía funciones en ese poder del Estado. Un mes después de asumir las carteras de Trabajo y Cultura solicitó licencia de manera oficial.

La ex jefa del Gabinete Ministerial evitó responder a “Panorama”, cuando fue abordada y consultada por este cobro.

El abogado Martín Cabrera, consultor de 50+1 en asuntos parlamentarios, señaló que el artículo 3 de la Ley del Empleo Público “es explícita y clara” al establecer una prohibición de percibir dos remuneraciones por parte del Estado. Agregó que en el caso puntual de Chávez sí se enmarca en esta condición, al recordar que a la asignación por la función congresal se le hace el descuento del impuesto a la renta.

“Para mí, al menos constituye una infracción al Código de Ética del Congreso. Hace 10 años ocurrió algo similar con Ana Jara, quien tuvo que devolver más de S/70.000. Chávez merece una suspensión. Y el Congreso debe evaluar si hubo o no perjuicio económico y luego demandar la devolución del dinero”, remarcó.

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A su turno, el abogado penalista Jefferson Moreno indicó que un funcionario público que recibe un ingreso de parte del Estado por no haber cumplido su función en realidad “se está apropiando de dinero público”. “Esto en derecho penal se tipifica como peculado, y dependiendo de las circunstancias se puede agregar falsedad ideológica”, añadió a El Comercio.

Moreno refirió que es muy probable que el Ministerio Público vaya a iniciar una nueva investigación preliminar contra Chávez Chino.

“Esto complicaría mucho su situación, sobre todo en este momento en que se discute si existe o no peligro procesal de su parte”, sostuvo.

Entrega pasaporte diplomático

Chávez Chino, de otro lado, entregó su pasaporte diplomático al Congreso el último sábado, en el marco de la investigación preliminar en su contra por el Golpe de Estado.

La congresista dejó constancia, en una misiva, de que Nadia Patricia Contreras Gallardo se presentó ante la Oficialía Mayor del Parlamento para hacer efectivo el traslado del documento.

“El acto de entrega fue coordinado previamente por el señor Erwin Siccha Pérez con la Oficialía Mayor, la cual dispuso que el suscrito se encargue de la recepción y su inmediata posterior entrega a la Oficialía Mayor del Congreso de la República”, refiere la carta, que fue difundida por Canal N.

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Chávez indicó que con la entrega de su pasaporte diplomático ratifica su compromiso de contribuir con los hechos materia de investigación, el “desvanecimiento de todo indicio y/o suspicacia” respecto a su ausencia del país y acreditando su “total sometimiento” a una probable formalización de la investigación penal.

La parlamentaria no hizo entrega de su pasaporte común, al cual accede cualquier ciudadano.