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La Comisión de Ética Parlamentaria decidió declarar como infundada y así blindar al presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes (Alianza Para el Progreso), por haber votado a favor de una ley que permitió el archivo del proceso penal que se seguía en su contra por el presunto delito de estafa.
El informe que se hizo de oficio en la comisión presidida por Diego Bazán (Avanza País) concluyó que era infundada la causa y por ende archivar la carpeta que se abrió en octubre.
Esto fue aprobado por 13 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Solo votó en contra la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) y las abstenciones fueron de Kira Alcarraz (Somos Perú) y Javier Padilla (Renovación Popular).
Este proceso inició luego que se conociera que, poco antes de ser elegido como presidente del Congreso, el Poder Judicial decidió archivar un proceso penal en el que la fiscalía pedía ocho años y ocho meses de prisión contra Alejandro Soto por el presunto delito de estafa y falsedad genérica agravada.
La defensa legal del parlamentario hizo uso, en sus argumentos, la modificación del Código Penal y el Código Procesal Penal que se hizo a través del proyecto de ley 3991, la cual contó con el voto a favor de Alejandro Soto y el resto de la bancada APP.
El informe evaluó que no pudo corroborar la existencia de un conflicto de interés por parte del presidente del Parlamento. Esto, debido a que Soto Reyes no fue autor, no participó en el debate de la ley en la Comisión de Justicia y sus votos fueron en bloque con el resto de su bancada: primero en contra y luego a favor de la modificación del Código Penal.
Cabe recordar que, cuando se abrió esta investigación en la Comisión de Ética, se dejaron de lado otras acusaciones contra Soto por presunto nepotismo y el uso de trabajadores de su despacho para promover publicidad a su favor en redes sociales.
