Comisión Narcopolítica: pleno del Congreso aprobó informe final

El pleno del Congreso aprobó con el voto unánime de 63 congresistas el informe final de la comisión especial encargada de investigar y determinar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y movimientos regionales y locales, llamada también Comisión Narcopolítica.

El informe del grupo que preside la legisladora de Acción Popular-Frente Amplio Rosa Mavila concluye en que existe una creciente presencia del narcotráfico en la vida política nacional, presencia que se acrecienta por la falta de control de los organismos del Estado para enfrentar esta lacra social cuya presencia es cada vez más creciente en todos los ámbitos del país.

Otra de las conclusiones de la Comisión Narcopolítica apunta a que está demostrado el interés de las organizaciones del narcotráfico por influir en la política peruana a través de la formación de organizaciones políticas, el financiamiento de campañas electorales, el lavado de dinero y para asegurar la protección policial, fiscal, judicial y política.

Entre los casos analizados se citó el de Miguel Facundo Chinguel, ex jefe de Serpost y de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciables; y el de Gerald Oropeza, acusado por delito de narcotráfico.

También los de Gilmer Horna, presidente regional de Amazonas; y el de los hermanos Manuel y Fortunato Sánchez Paredes, el primero de los cuales ocupó la alcaldía de Moyobamba.

Asimismo, el informe de la Comisión Narcopolítica indica que se ha podido advertir que las autoridades investigadas han ingresado a la política luego de acumular fortunas considerables que hacen presumir la existencia de desbalance patrimonial. Y que se ha comprobado la existencia de gastos excesivos en las campañas electorales que buscan la compra de votos de los electores.

Recomendaciones necesarias
Tres recomendaciones del informe fueron votados por separado y se refieren al de la ‘silla vacía’, la separación automática de los candidatos implicados en delitos de narcotráfico y el que le otorga poderes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para levantar el secreto bancario de los investigados.

En los tres casos se dio una aprobación por mayoría, pese a las objeciones provenientes de congresistas de Fuerza Popular. En el caso de la ‘silla vacía’ se propone que sea aplicada al parlamentario sentenciado por narcotráfico en primera instancia. 

De otro lado, la Comisión Narcopolítica concluye que dada la vulnerabilidad de los gobiernos regionales y locales es necesario adoptar medidas para impedir la infiltración del narcotráfico en esos organismos. Todo ello en el marco de la debilidad de los organismos de control o su penetración por la corrupción.

Deslindes
Durante el debate, la legisladora fujimorista Karina Beteta rechazó la parte del informe que la vincula con actividades del narcotráfico, indicando que los bienes de su cuñado, desaparecido en 1995, recién le fueron entregados a su hermana en el año 2000 y que no se le puede acusar, por ello, de lavado de activos.

Su colega de bancada María López Córdova también solicitó que se retire del informe la parte que la involucra en las investigaciones por lavado de activos.

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