El guardadito del Congreso, una crónica de Fernando Vivas

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Los 60 nuevos escaños serán todos para senadores y así se llega al total de 190. Ese número quedó cerrado más no sacramentado el 6 de marzo, cuando se votó por segunda vez con más de dos tercios u 87 votos, la reforma constitucional del paquete bicameral. Semejante consenso no se repite así nomás. Demoró porque el Congreso temía que la noticia de su crecimiento provocase tal chilla popular que se frustrase. Pero el respaldo de la academia y hasta de críticos severos; convenció a la mayoría de hacerlo. La historia también da la razón: el parlamento bicameral que Fujimori disolvió el 5 de abril de 1992, tenía 240 puntas. El Congreso Constituyente Democrático, que en realidad fue una suerte de asamblea constituyente de mayoría fujimorista, que se eligió en el 1993, tuvo 80 escaños y estableció un congreso unicameral de 120 puntas, luego ampliado a 130. El fujimorismo ha manejado la Comisión de Constitución desde el 2016 en tres congresos distintos y ha bregado desde ella por el retorno a la bicameralidad. Véanlo si gustan como revisionismo naranja para redimirse del 5 de abril, o como mero interés -en consenso con otras bancadas- en ser más y reelegirse.

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He conversado con congresistas de diverso origen y ven improbable aumentar a más de 190 escaños. Piensan que ello puede suceder, pero no el 2026 sino el 2031. La ONPE sugirió un ideal matemático de representación, 160 mil representados por congresista, que hubiera facilitado establecer un número ajustable en cada periodo. Pero la mayoría prefiere quedarse en 190. El acciopopulista Luis Aragón, vicepresidente de Constitución, venció el miedo y posteó en X que la comisión estaba debatiendo en base al cálculo de los 160 mil, pero luego borró su post. Conversé con Fernando Rospigliosi, presidente de la comisión, y me contó: “Es cierto que Acción Popular, Aragón y [Wilson] Soto, han planteado eso, pero la mayoría piensa lo contrario. En lo personal, sí creo que podría ampliarse, porque la Constitución no pone un tope. No hay obstáculo constitucional para poder hacerlo, pero no hay consenso político”. Lo mismo me dijo una fuente cercana al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana. Fin del regateo congresal, nos quedamos con 190.

Si el martes 29 no se pudo votar la propuesta de dictamen que sustentó Rospigliosi, no fue por discutir el tamaño del Congreso. Fue por el espinoso asunto de las alianzas y sus vallas. En este punto, el fujimorismo y APP, que en los últimos quinquenios han saltado holgadamente la valla del 5% de votos válidos para poder tener escaños y mantener su inscripción, piensan que se debe mantener la valla movible de 1% adicional por cada aliado. O sea, si voy en alianza con dos partidos más, mi valla será de 7%. Por otro lado, los partidos de menor performance electoral, que llegaron rasantes al Congreso, saben que con un punto se juegan la vida y la de sus eventuales aliados; de ahí que hubo discrepancia y la comisión se fue a un cuarto intermedio (una pausa cuando el debate se entrampa y se necesita coordinaciones para llegar a un acuerdo). Rospigliosi me hizo este cálculo: “Se debe estar votando el dictamen el martes de la próxima semana, pero no llegaría a verse en el pleno la misma semana”. Le digo que todavía tienen tiempo, pero Fernando replica, “no, ya estamos cortos con los plazos”. Tengamos presente que en diciembre se cierra esta legislatura, que la próxima se abre en marzo y en abril del 2025, un año antes de las elecciones de abril del 2026, se cierra el plazo para hacer ajustes a la normativa electoral. Rospigliosi no cree que venza la fórmula de 5% como único tope para que vienen vayan solos o en alianzas, pero cree que podrían conciliar en replantear el actual requisito que dice que la valla es el 5% de ambas cámaras y reducirlo a una sola cámara. Bastaría cambiar en la ley el ‘y’ por un ‘o’ y la valla será obligatoria solo para una cámara.

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Conversé con Fernando Tuesta, referente de reformas parlamentarias y electorales. Los fujimoristas le tienen ojeriza, pero su tocayo Rospigliosi lo invitó a dar su posición. Tuesta predica contra la subrepresentación, así que hubiera estado de acuerdo con que el Congreso crezca. Sus principales preocupaciones radican en la calidad de los elegidos y en la multiplicación de bancadas y no agrupados saltimbanquis. Esperaba que las ‘PASO’ (primarias abiertas simultáneas obligatorias) fuesen un buen filtro previo a la primera vuelta, para llegar con menos y mejores listas; pero esa reforma que ya había sido aprobada para ejecutarse en el 2021, se deshizo. Por todo esto, dice que “estamos muy fragmentados y la única forma de evitarlo es facilitando las alianzas, que no se castigue con 1% más por cada aliado. Ya está en la ley reformada que el que no consigue ni un escaño pierde la inscripción, con eso suficiente” (hasta ahora, si un aliado no conseguía un solo escaño se mantenía su inscripción si su alianza saltaba la valla). Por otro lado, Fernando coincide con la esencia del proyecto de la congresista Adriana Tudela de Avanza Pais sobre la renovación parcial del Congreso a mitad de quinquenio, pues “así se puede mitigar la impopularidad de los congresistas”. Sin embargo, Rospigliosi me dijo que no ve que ese proyecto tenga acogida. Tudela es rara avis entre otorongos.

Otro tema que preocupa a la mayoría, pero que no hubo tiempo de ponerlo en el dictamen que flota en el cuarto intermedio, es el de las restricciones al financiamiento de los partidos. El escándalo del Lava Jato y los aportes de Odebrecht, provocó que los congresistas de anteriores periodos legislaran severamente contra el financiamiento privado a las campañas. Vueltos a la razón y a la necesidad, ahora quieren eliminar estas trabas. ONG como Transparencia e Idea, consultadas por algunos congresistas, se han mostrado a favor siempre y cuando se transparenten los aportes. Sobre el tema del financiamiento y otros detalles electorales que falta precisar, se vienen nuevos dictámenes. Sobre algo muy importante, que son los filtros o impedimentos para que ex condenados o personajes con antecedentes cuestionables sean excluidos de las listas, no hay voluntad de legislar. Si se entrampan los acuerdos y queda algún vacío por llenar para el 2026, será el JNE quien lo reglamente y será el Congreso quien le eche la culpa de cualquier malentendido.