El top ten del Congreso: Lo bueno, lo malo y lo feo de la primera etapa de la gestión de Alejandro Soto

La gestión de Alejandro Soto frente a la presidencia del Congreso ha estado llena de polémica: desde las investigaciones al propio Soto y a su Mesa Directiva, los blindajes éticos, los conflictos de intereses, leyes cuestionadas, micrófonos abiertos, y dudosos cambios a la normativa electoral. Pero no todo es negativo, pues se logró aprobar una norma importante como la eliminación del matrimonio infantil.

Si el Congreso ha tenido una agenda clara es la del control, y con ciertas personas o instituciones en particular. Contra la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, presentaron hasta seis mociones que implicaban exhortaciones, investigaciones y hasta un pedido de remoción de sus miembros (aún pendiente). Este Diario reveló que el Congreso tiene la mira puesta en ocho entidades del Estado, principalmente contra los entes electorales.

Sumado a esto, el operativo Valkiria , donde se investiga una presunta red en la Fiscalía de la Nación, evidenció las negociaciones políticas con legisladores de unas ocho bancadas en busca de la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos con fines políticos.

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha llegado a acumular cinco indagaciones en su contra. Una de ellas ya fue archivada en la Comisión de Ética Parlamentaria. La tercera vicepresidenta Rosselli Amuruz se vio involucrada en un escándalo tras revelarse su participación en una fiesta donde falleció una persona de un disparo, y luego se descubrirían hasta ocho contrataciones en diferentes áreas del Congreso de personas allegada a Paul García, con quien Amuruz tenía una relación.

En tanto, el segundo vicepresidente Waldemar Cerrón es investigado junto a otros integrantes de Perú Libre porque se habrían dedicado al lavado de activos a través de aportes ilícitos de dinero a su partido, el mismo que habría sido usado para solventar sus campañas.

En la madrugada del 29 de setiembre se reportó el fallecimiento del entonces primer vicepresidente Hernando Guerra García. El legislador de Fuerza Popular había llegado a la ciudad de Arequipa para participar en Perumin.

Su curul ha sido ocupada por Fernando Rospigliosi.

En la gestión del presidente del Congreso, Alejandro Soto, se repite una constante de sus antecesores: la creación de comisiones extraordinarias. La proliferación de esa práctica casi duplica el número de grupos ordinarios (24) y demanda un costo –solo en planilla– superior a los S/8 millones en tres años. El Comercio identificó que, de las 22 comisiones extraordinarias, casi la mitad (10) han cambiado de presidentes.

En lo que respecta a las comisiones ordinarias, este Diario reveló que solo cuatro legisladores cumplían con un perfil adecuado para presidir los grupos asignados. Mientras que cinco legisladores no registraban título universitario al presidir su grupo.

Pese a que la secretaría técnica de la Comisión de Ética emitió informes en los que se recomendaba investigar o sancionar a congresistas, los votos del grupo y del pleno se impusieron en el sentido contrario. Según corroboró El Comercio, el actual Legislativo suma, en dos años de gestión, más de 25 blindajes en casos de faltas éticas.

De los 10 casos de mochasueldos, solo se ha suspendido a una congresista hasta la fecha: María Cordero. El resto de casos avanzan a paso de tortuga.

El congresista fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu dejó su micrófono abierto y se lo escuchó referirse de manera ofensiva a las congresistas, específicamente a Patricia Juárez, colega de su bancada. El parlamentario recibió críticas y su propio partido lo ha sometido a un proceso disciplinario. El Legislativo se resiste a volver a la presencialidad.

A lo largo de la última legislatura se ha ido revelando una serie de proyectos cuyos principales beneficiados son los propios congresistas. El caso más sonado es la denominada ‘ley Soto’, referida a la aprobación de la Ley 31751, que le sirvió estratégicamente para evadir la pena de más de ocho años de cárcel por estafa.

Pero no ha sido el único caso. El pleno aprobó una norma que impidió a la ONPE cobrar más de S/1 millón en multas electorales. Gracias a esto, el legislador Alejandro Muñante se salvó de una multa de casi S/50.000.

Paul Gutiérrez (Perú Libre) tuvo que retirar su proyecto que planteaba modificar las causales de exoneración en el pago de pensiones por alimentos, debido a que se reveló que quedaría sin efecto la aportación económica que el parlamentario debía darle a su hija. Mientras que un reportaje del programa “Panorama” reveló que el parlamentario Miguel Ciccia gestionó una reunión en la Sunat para una consulta a favor de la empresa de su familia.

A pesar de una postura aislada del legislador José María Balcázar (Perú Bicentenario) que desató la indignación, el pleno del Congreso aprobó la iniciativa con la que se prohíbe expresamente que menores de 18 años puedan contraer matrimonio, cerrando así la puerta de forma definitiva a una interpretación legal que –en la práctica– lo que hacía era encubrir casos de violencia contra menores, sobre todo niñas.

La aprobación de esta norma se logró gracias a que El Comercio, a través de la campaña Basta de Abuso Infantil: Crecer sin Miedo es un Derecho, evidenció también el problema contra la violencia infantil. Cada año se venían registrando casi 30 uniones con menores de 16 años.

En el último tramo de la legislatura, el pleno pisó el acelerador y aprobó una serie de normas perjudiciales. Una de las más cuestionadas es la norma que fija un tiempo corto para el proceso de colaboración eficaz, lo cual afecta que el proceso sea exitoso y más bien configura un desincentivo para que los criminales colaboren con la justicia.

El pleno también aprobó ampliar hasta el 2025 para que los docentes obtengan grados académicos. Asimismo, cambiaron la Ley Forestal que ha sido considerada por organizaciones ambientales e indígenas como un grave retroceso en la lucha contra la deforestación de la Amazonía.

En noviembre pasado, y con 93 votos, el pleno consiguió aprobar la fórmula que restituye el sistema bicameral en el Parlamento, y también devuelve la figura de la reelección legislativa. La fórmula deberá ser ratificada en el 2024.

La representación nacional también dio luz verde a la eliminación de las elecciones primarias, lo cual ha recibido cuestionamientos de distintos sectores especializados en temas electorales.