La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por el fujimorista Miguel Torres, será la que emita el dictamen favorable o no al pedido de facultades legislativas presentado el pasado 8 de setiembre por el Poder Ejecutivo para emitir normas en cinco grandes temas: reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y la reorganización de Petro-Perú. Sin embargo, dicho grupo de trabajo derivó la iniciativa a 10 comisiones parlamentarias, y aún espera las opiniones finales para tomar una decisión.
Al momento, el pedido de facultades legislativas ha sido denegado solo en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, presidido por la fujimorista Cecilia Chacón. Asimismo, tuvo una aprobación parcial en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, puesto que esta excluyó la iniciativa referida al fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para permitirle acceder al secreto bancario de investigados y compartir los informes con órganos de inteligencia y electorales.
Asimismo, las comisiones de Vivienda y la de Economía son las que hasta el momento han emitido opiniones favorables. Y aunque aún falta que se pronuncien otros 6 grupos de trabajo, el principal reparo ha sido justamente el tema de la UIF y los principales opositores han sido los legisladores fujimoristas, de mayoría en el Congreso.
"Como este va a haber 20 puntos más y no quiere decir que estemos en contra. Cuando hay un tema que no se va a delegar, es porque es mejor que se presenten acá los proyectos […] Si mañana damos menos de la mitad de la delegación de facultades, ¿estamos en contra de todo? No, estamos dando lo que creemos que ellos pueden legislar”, dijo ayer a El Comercio el congresista Luis Galarreta al hablar de la posición fujimorista.
Así las cosas, ¿cuál podría ser el camino del Poder Ejecutivo en caso de encontrar mayores reparos en el Parlamento e incluso un eventual rechazo al pedido de facultades?
En PPK prefieren esperar
Desde Peruanos por el Kambio (PPK) no se ven en un panorama desfavorable. “Todavía no está nada dicho. Las opiniones no son vinculantes, son solo opiniones. Esto se va a decidir en base al dictamen que elabore la Comisión de Constitución y, sobre todo, lo que diga el pleno”, indicó esta mañana el vocero Carlos Bruce, quien destacó que el principal reparo se ha dado en el tema de la UIF, pues “en lo demás hay opiniones favorables”.
Para Bruce es cuestión de esperar. Según dijo, no se ha pensado en ninguna de estas otras dos alternativas en caso se encuentren más bloqueos: retirar el proyecto de ley con el que se pide facultades o plantear la iniciativa como una cuestión de confianza.
Respecto a este último punto, cabe recordar que el mecanismo de control político denominado cuestión de confianza puede surgir también voluntariamente por iniciativa ministerial en caso se plantee al pleno del Congreso un voto de confianza respecto a una iniciativa del gobierno, como un proyecto de ley.
¿Qué podría pasar entonces si el presidente del Consejo de Ministros plantea el pedido de facultades legislativas como una cuestión de confianza, pero el pleno del Congreso se la niega? “La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación”, indica la Constitución en su artículo 132. En base a ella, el Reglamento del Parlamento establece en su artículo 86, inciso e: “Si la cuestión de confianza es presentada por el Presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto, y esta le fuera rehusada, se producirá la crisis total del Gabinete Ministerial”; es decir, este debería renunciar. Y si esta censura vuelve a suceder, el presidente de la República está facultado para disolver el Parlamento.
Fuentes de El Comercio indicaron que el jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, ha pedido a los congresistas oficialistas que luchen por lograr el 100% de facultades, aunque estarían dispuestos a ceder un recorte en un máximo del 30% de todo el pliego siempre y cuando no sean las iniciativas principales. En caso el recorte sea mayor, ya se evaluarían otras alternativas, como presentar proyectos de ley por separado.
Asimismo, las fuentes indicaron que dentro del partido de gobierno aún se cree que es rescatable el tema de la UIF. Al respecto, el Ejecutivo considera que lo principal es que se le permita al organismo acceder al secreto bancario de un investigado con el permiso de un juez, por lo que no se descarta aceptar que se deje de lado solo el punto referido a compartir la información con órganos electorales y de inteligencia, como plantea la iniciativa original.
Un vaso medio lleno
El analista político Luis Nunes no cree que se vaya a dar el complicado panorama político expuesto líneas arriba, pues considera a Fernando Zavala un buen negociador.
“La idea ahora es negociar punto por punto. Imagino que la estrategia del Gobierno fue pedir mucho sabiendo que no les iban a dar todo […] Si se empiezan a trabar soluciones que el electorado vería con buenos ojos, esa obstaculización después será juzgada en los comicios del 2021”, sentenció.
Por su parte, Fernando Tuesta, catedrático en Ciencias Políticas de la PUCP, coincidió en que lo que probablemente ocurra es que se darán las facultades en algunos temas, pero en otros no. “Va a ser como el agua a mitad de un vaso. Algunos verán la mitad llena y otros, vacía. Es decir, el gobierno dirá que no les han otorgado las facultades que requieren y los otros que se han otorgado las que consideran pertinentes a mérito de su función. Al final, habría que analizar cuáles han sido los puntos clave del paquete”, indicó.
Asimismo, dijo no creer que se recurra a una cuestión de confianza: “Eso sería una confrontación más abierta. Creo que el gobierno va a seguir en sus dos modalidades: exigir y seguir negociando”, concluyó.
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— El Comercio (@elcomercio) 22 de septiembre de 2016