El pleno del Congreso suspendió 120 días al parlamentario Heriberto Benítez por el rol que cumplió en la ‘La Centralita’, un local ubicado en Chimbote utilizado como centro de operaciones de César Álvarez –hoy en la cárcel acusado del asesinato de Ezequiel Nolasco– cuando era presidente regional de Áncash.
El pleno respaldó un informe de la Comisión de Ética que indica que Benítez interfirió en el allanamiento del edificio, en el que el congresista tenía una habitación. La votación terminó con 54 votos a favor de la suspensión, 37 en contra y cinco abstenciones.
Pero llamó la atención que la mayoría de integrantes de la bancada de Gana Perú se haya opuesto a la sanción contra el legislador. Para un sector de la oposición, esta posición comprueba que Heriberto Benítez es protegido por el oficialismo.
“La votación lo dice claramente. Para ellos, Benítez no cometió ninguna falta. Se ha notado que él sale en defensa como un miembro más del partido de gobierno. Siempre lo vemos en esa posición con sus argumentaciones y posturas”, dijo a El Comercio la legisladora Luz Salgado (Fuerza Popular), quien votó a favor de la suspensión.
Para Mauricio Mulder, de Concertación Parlamentaria, el motivo de la votación de Gana Perú es sencillo: “Lo protege por lo que siempre ha sido: un sicario. Él hace sicariato político. Insulta constantemente a la oposición para que el nacionalismo lo considere útil”, indicó antes de la sesión.
¿Una cuestión técnica?
Este Diario se comunicó con el congresista peruposibilista Daniel Mora, vicepresidente de la Comisión de Ética, para que explique por qué su bancada se opuso a la sanción contra Heriberto Benítez. “¿Para qué blindarlo si sabíamos que no íbamos a ganar? Fue un voto por conciencia y justicia. Para ellos era un problema político; para nosotros, un problema era ética”, refirió.
A juicio de Mora, Benítez “tuvo intención” de detener el allanamiento de ‘La Centralita’, pero lo hizo “por defender su domicilio”. “Ya fue denunciado dos veces en [la Comisión de] Ética por los mismos motivos y había una motivado una resolución que ordenaba el archivo del tema”, agregó.
El argumento de Gana Perú para defender su decisión tiene un cariz más técnico: que los hechos ocurrieron el 13 de julio del 2011, cuando Benítez era congresista electo, pero no había asumido sus funciones en el Legislativo. Por esa razón –insisten– no cabe una sanción ética en su contra.
“El tema no ocurrió durante el ejercicio de su cargo. Se dejó en libertad a los congresistas para que tomaran una decisión independiente de la posición de bancada […] No hubo directiva ni acuerdo. Lo más probable es que haya sido en función a un entendimiento o amistad que se tenía quizá con el congresista”, sostuvo el oficialista Teófilo Gamarra, quien estuvo ausente en la sesión.
Hay que resaltar que solo Fredy Otárola se adhirió a lo que recomendaba el informe de Ética. Él fue acusado de haber sido el nexo entre Álvarez y Martín Belaunde Lossio, pero lo ha negado en más de una ocasión.
La otra bancada que votó en contra de la sanción a Heriberto Benítez fue Dignidad y Democracia, formada por los disidentes del oficialismo. En diálogo con El Comercio, su vocero, Juan Pari, consideró que el suspendido parlamentario “deberá responder a la justicia por los cargos que se le investiga”, aunque aclaró que cuando se allanó ‘La Centralita’ aún no era representante del Poder Legislativo.
“El problema es que se trata de un tema de principios y es por eso que votamos en contra. El informe estuvo mal planteado, pero él [Benítez] tendrá que asumir su responsabilidad donde corresponda. Sé que hay implicancias de su persona. Si se pide levantar su inmunidad, tomaremos una posición para que el caso se investigue profundamente”, concluyó.
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PERFIL: Heriberto Benítez, el "operador político" de Álvarez y Orellana ►http://t.co/Z52tDrcOAV (Por @Shebas07) pic.twitter.com/0FU8Rz3leQ
— Política El Comercio (@Politica_ECpe) Mayo 14, 2015