Rosselli Amuruz se suma a moción que busca remoción inmediata de integrantes de la JNJ

La congresista Rosselli Amuruz, tercera vicepresidenta del Parlamento, (Avanza País) se sumó a la moción presentada por los legisladores Jorge Montoya y Alejandro Muñante (Renovación Popular) que plantea la “remoción inmediata” de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

A través de un oficio enviado al presidente de ese poder del Estado, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), la parlamentaria solicitó su adhesión a la moción presentada el pasado 8 de diciembre.

Como se recuerda, Muñante y Montoya presentaron dicha moción contra la JNJ por haber suspendido a Patricia Benavides como fiscal de la Nación ante las acusaciones que la involucran en una supuesta organización criminal.

“Remover de forma inmediata a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, por la flagrante comisión de actos contrarios a la ley, consistentes en haber suspendido temporalmente en sus funciones de fiscal de la Nación y presidenta de la Junta de Fiscales Supremos, a Patricia Benavides, en manifiesta contravención de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia”, dice el documento.

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La moción de los legisladores de Renovación Popular indica que los integrantes de esta institución no informaron sobre un supuesto conflicto de interés al momento de someter a votación y aprobar la medida de suspensión preventiva cautelar, lo que –para ambos- constituye causal de remoción.

La moción de orden del día debe ser debatida por el pleno del Congreso. Según el artículo 157 de la Constitución, usada como sustento por Muñante y Montoya, se requieren 87 votos.

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Patricia Benavides es sindicada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder como la cabecilla de una presunta organización criminal en el Ministerio Público que influyó en votaciones claves en el Congreso a cambio de impunidad.

El pasado 6 de diciembre, y por unanimidad, la JNJ suspendió a Benavides Vargas como fiscal suprema, y por ende del cargo que ostentaba, para “asegurar el normal desarrollo” e impedir la obstaculización del proceso disciplinario.