¿La Comisión de Ética en manos de personalidades externas es la solución para evitar el blindaje?

Al término de la sesión de la Comisión de Ética del Parlamento del último lunes- en la que decidieron abrir indagación preliminar a la perulibrista Kelly Portalatino- su presidente, Diego Bazán (Renovación Popular) adelantó que presentará un proyecto de ley para reformar este grupo de trabajo “e incluir a personas que estén fuera del Congreso”.

Bazán también cuestionó a la Mesa Directiva- dirigida por Alejandro Soto (Alianza para el Progreso)- por no someter a debate en el pleno los informes de su comisión que recomiendan suspender a los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu (no agrupado), Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular) por 120 días y Katy Ugarte (no agrupada) por 60 días.

También indicó que su presidencia ha propuesto la máxima sanción en contra de ciertos parlamentarios por infracciones éticas, pero que “esta ha sido bajada en la comisión”.

Durante la conducción de Bazán, la Comisión de Ética ha blindado a los parlamentarios acusados de “mochasueldos” Soto, María Acuña (APP), Hilda Portero (Acción Popular) y Edgar Tello (Bloque Magisterial). Y solamente logró que la congresista María Cordero Jon Tay (quien renunció a Fuerza Popular) sea sancionada en el hemiciclo con 120 días de suspensión.

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Esta no es la primera vez que en el Congreso se plantea la opción de que la Comisión de Ética esté en manos de personalidades externas a este poder del Estado. En el 2017 y en el 2020, el entonces parlamentario Alberto de Belaunde, primero con Peruanos por el Kambio y luego con el Partido Morado, presentó dos proyectos en ese sentido.

El excongresista planteó que el referido grupo de trabajo esté integrado por un expresidente del Parlamento, un exlegislador, dos profesores principales de derecho y un ciudadano elegido por la Defensoría del Pueblo.

¿Cuál puede ser el impacto?

De Belaunde, en comunicación con El Comercio, refirió que la propuesta de Bazán para que personas externas conformen la Comisión de Ética “es parte de la solución”, pero no de manera “completa”. ¿Por qué? Porque va a permitir que toda la investigación y el establecimiento de la responsabilidad estén fuera de la “lógica política” del Congreso.

No obstante, el informe con la sugerencia de sanción deberá pasar por el pleno para su debate.

“Por independencia y autonomía, la sanción final debe establecerse en el hemiciclo. La lógica cuando presentamos el proyecto es que ya con este trabajo inicial de una comisión externa, sea más difícil que el pleno blinde a congresistas que hayan cometido faltas éticas. Pero si hay algo que ha demostrado este Congreso es que no le importa en absoluto lo que la opinión pública pueda pensar”, manifestó.

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También lamentó que el Parlamento no haya sancionado a todos los legisladores acusados de recortar el sueldo a sus trabajadores.

“Parece que lo más genera consenso a nivel de las bancadas es el blindaje a los mochasueldos, nunca habíamos visto este nivel, en congresos anterior hubo, pero eran casos muy puntuales y eran sancionados. Aquí el número vuelto difícil su sanción, porque genera un espíritu de cuerpo entre las bancadas para proteger a su gente”, remarcó.

De Belaunde consideró que es poco probable que la iniciativa de Bazán vaya a prosperar, porque al Parlamento “no le interesa el balance de poderes” y no va a renunciar a continuar manejando la referida comisión “para el blindaje”.

La atomización como problema

Fabiola Morales, ex presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, dijo que ella no está de acuerdo con que la competencia de sancionar a los parlamentarios por faltas éticas sea ejercida por personas ajenas a esa institución.

“A mí me tocó momentos duros en que no se quería castigar a algún personaje político importante que había cometido un error. Para eso hay que saber manejar, tener mucha mano y demostrar que se está actuando conforme a los principios del Código de Ética Parlamentario”, manifestó la actual regidora metropolitana de Lima.

La también secretaria general de Renovación Popular evitó cuestionar la labor de Bazán al frente del referido grupo congresal.

“El gran problema que veo hoy para que la Comisión de Ética pueda cumplir su función es la atomización que hay en el Congreso. Al fraccionarse el Parlamento, cada bancada quiere su representatividad en la comisión y entonces esta va adquiriendo un tamaño que lo hace casi ingobernable”, subrayó, en referencia a los 17 integrantes de nueve bancadas.

Morales refirió que los no agrupados y los congresistas que se cambien de bancada no deberían integrar el grupo de trabajo.

“Ha reconocido que fracasó”

El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, sostuvo que “lo único bueno” de la administración de Bazán al frente de la Comisión de Ética ha sido “su reconocimiento de que ha fracasado”, al dejar entender que ellos no son capaces de autorregularse.

Cuestionó que después de casi un año recién se dé cuenta que es necesario que un órgano externo pueda investigar y procesar éticamente a los congresistas.

En comunicación con este Diario, Rospigliosi opinó que la propuesta para modificar la composición del grupo de trabajo puede funcionar para cambiar el actual escenario, porque en el Congreso “ya se ha demostrado que el malentendido sentido de fraternidad y compañerismo resulta ser un blindaje para la impunidad”.

Además, remarcó que Bazán decidió pasar a la historia del Parlamento “no como un fiscalizador, sino como un encubridor”.

“Es verdad que él solo tiene un voto, pero no es un congresista más en la Comisión de Ética, él la preside, y si él consideraba que no era escuchado debió renunciar al cargo y no avalar con su presencia los blindajes que se han dado”, acotó.

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A su turno, el ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes señaló que la alternativa planteada por el presidente de la Comisión de Ética “es muy débil frente al mal que estamos enfrentando”. Añadió que los partidos políticos no están proponiendo los candidatos adecuados para el Parlamento y como consecuencia se tiene el plantel de actuales legisladores.

Delgado Guembes sostuvo que Bazán, al anunciar un proyecto para que sean externos los que conduzcan el grupo de trabajo mencionado, “está reconociendo” que los congresistas “no tienen las competencias ni las capacidades para proceder correctamente”. “Eso es una vergüenza”, complementó.

El abogado cuestionó que muchos congresistas denunciados sean parte de la Comisión de Ética, debido a que esta situación provoca que ellos avalen inconductas.

Delgado Guembes exhortó a los partidos políticos a preparar a sus militantes para asumir las candidaturas a la Cámara de Diputado y al Senado en el 2026-

“Si los partidos capacitan adecuadamente a sus militantes en materia cognitiva y ética, los sucesos que estamos constatando ahora no deberían repetirse. La razón por la que se creó un Código de Ética Parlamentario es porque los partidos no están cumpliendo con su función”, finalizó.

Este Diario intentó comunicarse con el congresista Bazán, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

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Más información

La Comisión de Ética, bajo la dirección de Bazán, también envió al archivo otras dos denuncias contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), referidas a la contratación de la tía de su hijo y por haber votado a favor de la ley prescripción y haberse acogido a ella.