La Ley N°32108, promulgada por el Congreso luego que el Gobierno no planteara observaciones en su contra y que modifica diversos aspectos del delito de organización criminal, volvió a afectar una diligencia fiscal y policial, esta vez en el Callao, como parte de un operativo contra una banda dedicada a asaltar camiones de carga pesada.
La intervención empezó esta madrugada, con una labor conjunta entre la Quinta Fiscalía Corporativa Provincial del Callao con agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) contra la organización denominada “Los rápidos de Sarita Colonia” que se dedica a robar mercadería y camiones que transportan bienes desde el Primer Puerto.
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La fiscal a cargo de la operación, Magnolia Huertas, detalló que el trabajo conjunto entre el Ministerio Público y los agentes de la Diviac luego de un robo frustrado permitió la ubicación y captura de tres involucrados en estos hechos, así como la aprobación por el Poder Judicial de una orden de allanamiento, requisa e incautación de cinco inmuebles.
Si bien la detención de tres de los cinco investigados con orden de detención preliminar y el ingreso a los inmuebles se pudo realizar sin problemas, la fiscal dijo que no podían proceder con la requisa de bienes porque dos intervenidos pedían la presencia de un abogado.
“Es porque tiene que estar garantizada la defensa necesaria. En este caso hay implicados que han solicitado la diligencia del Ministerio de Justicia. Cursamos oficio previamente cuando teníamos la fecha de intervención. Sin embargo, tenemos una respuesta que ellos tienen un horario de atención por lo que estamos esperando que ellos entren en funciones”, precisó.
“Tenemos que esperar esa garantía que les da la norma procesal de defensa pública”, manifestó en alusión a la norma promulgada que establece como requisito la presencia de abogados de los intervenidos para que procedan las requisas de celulares y posibles mercancías robadas.
“Tiene que estar garantizado con la defensa, sea de libre elección o de oficio. De los implicados solo uno tiene una defensora de libre elección. Con ella se inició diligencias desde las 5:30 a.m., en el caso de los demás que pidieron defensor público estamos esperando al Ministerio de Justicia”, precisó Huertas.
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La representante del Ministerio Público, sin embargo, aseguró que el allanamiento y el ingreso a los inmuebles procedió sin problemas y que están bajo vigilancia tanto los detenidos como los bienes a incautar. “La continuidad está garantizada desde que ingresamos que no haya alteración de escena ni alteración de los medios probatorios”, explicó.
Norma contra el crimen organizado
Desde que fue promulgada por el Parlamento, la ley N°32108 ha afectado casos que se encuentran en niveles de investigación, operación e incluso ya sentenciados.
Tal y como reportó El Comercio, fuentes fiscales y policiales han comentado cómo la nueva ley dispone el registro de los inmuebles no puede iniciar sin presencia de abogado defensor, lo que afecta las diligencias contra organizaciones criminales desde la promulgación del 9 de agosto último.
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Las fuentes de este Diario, incluyendo personas desde la Procuraduría Anticorrupción, mencionaron que el perjuicio llega a expedientes relacionados a actos de corrupción, con unos 500 casos a nivel nacional, en distintas etapas.
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentará próximamente una demanda de inconstitucionalidad. Para esto, ya solicitó a todas las coordinaciones y equipos especiales un informe respecto al “impacto” de la Ley N°32108, tanto en los casos en trámite como con sentencias.
Tres detenidos en el Callao
El Ministerio Público informó que los tres intervenidos con siete días de detención preliminar son Jesús Alejandro Montes Lipe, José Jesús Urcia Flores y Paul Kempez Ruiz Guzmán, quienes son investigados por los presuntos delitos de banda criminal y robo agravado en grado de tentativa.
Dos prófugos que están siendo buscados hasta el cierre de esta nota fueron identificados como Cesar Antonio Yamunaqué Sánchez y Julio César Yamanaqué Sánchez.
En total, también se allanaron cinco inmuebles en los sectores Sarita Colonia, Tiwinza y Juan Pablo II.
