Minería ilegal: ¿qué medidas urgentes deben tomar el Ejecutivo y el Congreso frente a esta actividad ilegal?

Ejecutivo y Legislativo frenarán el peligroso avance de la minería ilegal, si centran sus esfuerzos en cuatro ejes que favorecen el desarrollo territorial. Comencemos con el orden interno: declarar esta perjudicial actividad como amenaza para la seguridad nacional permitirá al Estado incrementar su presencia en las zonas afectadas. La informalidad trae consigo delincuencia.

Segundo, a nivel de marco normativo, hay que aprobar un plan de lucha y concluir los procesos de formalización. Asimismo, eliminar la exención de responsabilidad a los inscritos en Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), y el principio de oportunidad, para que los fiscales ejerzan la acción penal sin abstenciones. No se puede informalizar la formalización extendiendo los Reinfos constantemente. 

El tercer eje, desarrollo institucional, requiere el fortalecimiento de los gobiernos regionales y de los mecanismos de alerta y respuesta inmediata de la UIF y la SBS para lavado de activos. OSINERGMIN, OEFA, SUNAFIL y SUNAT deben supervisar conjuntamente la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). 

Por último, en la cadena productiva del oro, es necesario crear un sistema nacional de trazabilidad, reforzar el Registro Especial de Proveedores de Insumos, Comercializadores y Procesadores de Oro, y optimizar el control de plantas procesadoras.

Desde la SNMPE venimos promoviendo mayor trazabilidad. Se requiere trazabilidad y fiscalización coordinada a por lo menos cinco aspectos claves: 1) la venta y consumo de explosivos, insumos químicos y equipos, 2) la operación de plantas de beneficio aurífero registradas como pequeña minería, 3) la ruta del oro que se exporta a través de aduanas y zonas fronterizas, 4) el control de las entidades jurídicas participantes y 5) la determinación de los beneficiarios finales de esta actividad.

En la trazabilidad de los explosivos, deberíamos enfocarnos en darle máximo escrutinio al otorgamiento de permisos de consumo, almacenamiento en polvorines y a la verificación de su uso. Específicamente para el caso de explosivos suministrados en cartuchos, no a granel; e incorporando a entidades públicas como el MINEM, DREM y SUCAMEC y, asimismo, a las empresas autorizadas para la producción y venta de explosivos. En el mismo sentido, se debe involucrar al sector público y privado en lo que respecta a insumos químicos y equipos mineros para determinar la ruta y uso final de los mismos. 

En el segundo aspecto, es evidente que han proliferado en todo nuestro territorio, plantas de tratamiento sin minas en producción, y que, por lo tanto, lucran procesando mineral de “terceros”. La verificación de la debida diligencia, que supone no procesar mineral de origen ilícito, debería recaer en una autoridad con conocimiento técnico, solvencia moral y sin conflicto de intereses. Todas las autoridades involucradas en la cadena de supervisión y fiscalización deben tener la certeza del origen del mineral.

En el tercer aspecto, el control fronterizo más estricto y eficaz será fundamental para que no egrese de manera ilícita producción aurífera, no registrada. Adicionalmente, a todas las empresas comercializadoras de oro se les debería exigir y fiscalizar por la debida diligencia en sus actividades, es decir, impedir que exporten oro de origen ilícito.

En el cuarto aspecto, nuestras autoridades deberían velar porque todas las entidades jurídicas que participan en toda esta actividad aurífera mantengan el registro de toda su cadena de producción, transporte y exportación.

En el quinto aspecto, la Superintendencia de Banca y Seguros y la banca comercial deberían trabajar coordinadamente con todas las entidades jurídicas mencionadas en el párrafo anterior, para visibilizar a las personas naturales o beneficiarios finales de esta actividad económica. 

En resumen, en el actual contexto de alta cotización del oro, altos niveles de desempleo y poca presencia de nuestras fuerzas del orden en lugares remotos; a la par de combatir la criminalidad con inteligencia y recursos idóneos,  deberíamos implementar un plan de formalización minera que incorpore trazabilidad, para dimensionar correctamente el problema, individualizar a los distintos actores económicos involucrados y así desterrar la criminalidad  e incorporar al mercado laboral formal a los mineros informales.

El Congreso ya no debe insistir en la ampliación del plazo de formalización y mucho menos permitir que se vuelva a abrir el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), para que nuevos actores se aprovechen y obtengan permiso para operar de manera informal, cuando en la realidad solo buscan invadir operaciones formales. En esa línea, deberían emitir leyes que protejan aún más el medio ambiente contra estas actividades ilegales, aumentando las penas por dichas prácticas ilegales.

Por el otro lado, el Ejecutivo debe mantenerse firme en mantener el Decreto Legislativo N° 1607, en donde se le da un plazo de 90 días a todos los mineros informales para acreditar el permiso del titular de la concesión minera. Ampliar dicho plazo o derogar esa norma solo mantendría el status quo y la minería ilegal seguiría teniendo la oportunidad de invadir concesiones, y de hacer actividades ilícitas. 

El gobierno debe tomar acciones efectivas para erradicar estas actividades ilegales y de manera frontal. Porque no se trata de mineros artesanales ni informales, sino de delincuentes y sicarios que están dispuestos a asesinar personas para conseguir sus objetivos, como ha venido sucediendo en Pataz.

Cuestión previa: Separar la MAPE informal de la minería ilegal que debe erradicarse y aplicar simultáneamente estrategias en territorios donde hay que recuperar el orden interno. Se trata de asumir una estrategia integral y sostenida con el enfoque de desarrollo territorial y lucha contra la corrupción.

Existen cinco estrategias para aplicar: 1) Recuperación del orden interno con presencia policial, operaciones de captura, inteligencia para dar con cabecillas de las organizaciones criminales transnacionales y establecimiento de un centro para operadores de justicia y fiscalizadores en la zona: fiscales y jueces especializados, Sunat, UIF, Sucamec, Minam, DREM, para su acción inmediata. 2)Proveer servicios básicos a la población y emprendimientos económicos designando un comisionado para el desarrollo en la zona asolada, con un perfil de gestor. 3)Darle rentabilidad y sostenibilidad a la MAPE: asociatividad, fondo para capacitación empresarial e innovación tecnológica, socios para instalar plantas de procesamiento, implementación del reglamento de comercialización del oro (REPCO), sello de oro peruano limpio. 4)Ley para la MAPE que acabe con las distorsiones del REINFO. 5)Fortalecer las DREM dándole mayor presupuesto. 

El Ejecutivo debería emprender procesos serios de formalización con autoridades regionales, con recursos económicos efectivos, facilitar servidores públicos con conocimiento de la actividad e implementar mecanismos de fiscalización efectivos para la MAPE,. Además de reforzar la lucha contra la mineria ilegal y delitos conexos, imponiendo el principio de autoridad frente a las presiones que vendrán durante protestas para presionarlos y viabilizar las demandas que facilitan la impunidad, como la toma de carreteras y estar atentos frente a posibles atentados para hacerlos retroceder y exacerbar posiciones. Debería ya conocerse quiénes son.

El Congreso no debería reabrir el Reinfo, y debe evitar aprobar normas que faciliten la mineria ilegal, y esto es no abrir las puertas para el debate de una nueva Ley de la MAPE que dilatara cualquier acción mientras dure su discusión.

Los partidos deben estar alerta sobre los intentos de flexibilizar el marco normativo, conociendo quiénes son los representantes de la minería ilegal dentro del Congreso. Deberían aprobar una ley que incluya el transporte de minerales dentro del delito de minería ilegal, para dejar zanjada cualquier interpretación que limita el accionar de los operadores de justicia.