Preinforme en Congreso no responsabiliza a gobierno de reglaje

La Comisión de Inteligencia del Congreso inició el pasado miércoles el debate del informe sobre el supuesto reglaje de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) a funcionarios. El entrampamiento ha sido claro al intentar establecer la responsabilidad del gobierno en los actos de seguimiento.

El Comercio accedió al preinforme y comprobó que el documento elaborado por el presidente de la comisión, el nacionalista César Yrupailla, minimiza las denuncias de reglaje político atribuidas al gobierno, incluido el caso más sonado: el de Marisol Espinoza.

El documento, en su página 27, señala, por ejemplo, que hay tres versiones sobre el momento y la forma de la intervención del vehículo Nissan Sentra, de placa D5V-070, donde se encontraban los suboficiales del Ejército Raúl Pianto Cuevas y Johnny Huamán, agentes de la DINI intervenidos el pasado 3 de noviembre cuando hacían un presunto seguimiento a la vicepresidenta de la República.

Según el informe, una primera versión señala que el vehículo fue intervenido por un agente de seguridad de la vicepresidenta cuando pasaba “por delante de la puerta del condominio”.

Un segundo testimonio asevera que “se percataron del auto estacionado frente a dicho inmueble”, mientras que la tercera versión dice que “el auto estaba estacionado junto al muro trasero del colegio Pío XII, donde, a los dos o tres minutos después de salir la caravana del condominio, fue intervenido por el agente motorizado”.

“Ante estas tres versiones, no se puede afirmar fehacientemente cuál de ellas es la verdadera”, se asevera en el documento, y líneas más adelante se resalta que todos los testimonios señalaron que era la primera vez que veían un vehículo “en las mismas circunstancias”.

El informe se centra en “demostrar” que uno de los agentes de la DINI,  Raúl Pianto Cuevas, no “escapó” de la comisaría cuando él y su compañero fueron intervenidos. En un acápite posterior, el informe de Yrupailla sostiene que, de acuerdo con los documentos que la DINI remitió a la comisión, sí existía el denominado plan islámico para proteger la Embajada de Estados Unidos.

“Por tanto, los hechos analizados el 3 de noviembre del 2014 no pueden configurarse como una actividad de seguimiento por parte de los agentes de la DINI”, dice.

Lee el informe completo en la edición impresa de El Comercio.

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