El congresista de Gana Perú Daniel Abugattás consideró hoy un sector de la oposición pretende callar a la primera dama Nadine Heredia, situación que el oficialismo no tolerará.
“Pretender mediatizar y eliminar las facultades de opinar que tiene la líder de nuestro partido, me parece fuera de lugar. Si quieren manejar el tema del despacho de la primera dama, ese es un tema intrascendente, pero no pueden pretender callar a la presidenta del partido político que es Gobierno”, manifestó en declaraciones a la prensa.
Abugattás también minimizó los cuestionamientos a Heredia, en el sentido de que ella da órdenes a los ministros de Estado.
“Eso es lo que se habla (que despacha con los ministros). Como ya lo dijo Ana Jara, si esa situación se diera estaríamos diciendo que todos los ministros son unos peleles, eso es inaceptable. Yo no puedo creer ni aceptar eso, la conozco bien, trabajo con ella de la mano y nunca he visto una injerencia de esa naturaleza”, refirió.
MINIMIZÓ DENUNCIA CONTRA OMONTE
En otro momento, el congresista de Gana Perú le puso paños fríos a la denuncia contra la nueva ministra de la Mujer, Carmen Omonte.
Anoche “Panorama” reveló que la también legisladora de Perú Posible tiene acciones en la empresa la empresa Cemento Amazónico S.A.C., que tiene una licitación minera en Huánuco.
El artículo 31 de la Ley General de Minería señala textualmente que: “no podrán ejercer actividades de la industria minera durante el ejercicio de sus funciones o empleos, el Presidente de la República, los miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial, los Ministros de Estado y los funcionarios que tengan este rango”.
“Según la lectura que tengo, la Constitución habla de mayoría, ella tendría el 10%. Habría que revisar la ley minera, pero constitucionalmente no tiene ninguna prohibición”, señaló.
Sobre la investigación en contra del fujimorista Julio Gagó, quien vendería sus productos al Estado a través de la empresa Copy Depot, dijo que le parece extraño que el presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, no haya convocado a sus usuales reuniones de emergencia para ver este caso.
Consideró que no se puede comparar la situación del fujimorista con la de Omonte, porque el vocero de Fuerza Popular le vendió al Estado por medio de otra empresa “para vulnerar la ley”.