Desde junio, el Congreso de la República tenía un dictamen de la Comisión de Justicia que proponía crear el delito de “terrorismo urbano” y, desde finales de setiembre, empezaron a ingresar más iniciativas de congresistas que querían aparecer en la foto final, superando los 30 proyectos de ley. Pese a lo que parecía ser un consenso rotundo, que incluía un proyecto del propio gobierno, el pleno legislativo no encontró los votos y dejó en stand by. Esta es la historia de un nuevo capítulo de anti-técnica parlamentaria en la era de Eduardo Salhuana.
El primer error del presidente del Congreso, según coinciden las fuentes, fue retrasar el debate a la espera del proyecto del Poder Ejecutivo. El mismo día que se anunció el estado de emergencia para 14 distritos de Lima y Callao, el gobierno anunció que presentaría un proyecto de ley sobre terrorismo urbano. Hasta ese entonces, Salhuana no se había interesado por ingresar el tema al debate del pleno con la fórmula de dictamen que tenía la Comisión de Justicia desde junio pasado.
Inmediatamente conocido el anuncio del gobierno, Salhuana convocó a reunión de la Junta de Portavoces para el lunes 30 de setiembre, con el objetivo de evaluar el adelanto de la sesión del pleno para debatir el dictamen referido a terrorismo urbano. Incluso, el presidente del Congreso propuso adelantar el pleno al martes 1 de octubre, pero esto no se concretó. El debate recién ocurrió dos días después de su fecha propuesta, el miércoles 3 de octubre.
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El segundo factor que jugó en contra de Salhuana estuvo relacionado a la Junta de Portavoces, donde se propuso incluir en la agenda del pleno el debate de la derogatoria de la ley del crimen organizado. Esto había sido planteado públicamente por Salhuana y generó malestar entre las bancadas, incluido Alianza para el Progreso. La propuesta fue rechaza y derivada a la Comisión de Justicia. “A Salhuana lo han parchado en la Junta de Portavoces, porque se ha lanzado en dos ocasiones a hacer anuncios en la prensa solo para quedar bien. Se lanzó a anunciar la derogatoria, luego anticipó que el debate del terrorismo urbano sería el 1 de octubre, y nada de eso había sido consensuado”, explica una fuente legislativa.
Otro punto que generó fastidió fue la “mesa temática” que realizó el equipo de la presidencia del Congreso que -en opinión de las diferentes bancadas- tenía el único objetivo de realzar el protagonismo de Salhuana. Esta “mesa temática” se realizó mientras se llevaba a cabo la interpelación del ministro del Interior, José Santiváñez. “A la gente le molestó que Salhuana haga sus mesas técnicas dejando de lado el trabajo de los congresistas”, refirió una de las fuentes consultadas sobre el tercer factor que incidió en la falta de consenso final. “Salhuana hizo dicha mesa sin consultar a nadie. Se manda solo todo el tiempo”, coincidió otra fuente.
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Una cuestión semántica
La Junta de Portavoces había definido el debate de la fórmula de terrorismo urbano para el miércoles 3 de octubre, como tema prioritario. Pese a ello, Eduardo Salhuana -el director del debate en el pleno- decidió no iniciar la discusión de esta iniciativa hasta que no llegara la propuesta anunciada del gobierno. Dicha iniciativa no llegaría hasta las 11 de la mañana, con lo que el debate se pospuso hasta la tarde, con el fin de darle tiempo a la Comisión de Justicia para revisar la fórmula.
“El Poder Ejecutivo presenta su propuesta demasiado tarde, centrada en tres delitos que eran menos que los que proponían en el Congreso. Además, proponían que la PNP y las FF.AA. que cometían excesos sean llevados al fuero militar y policial donde usualmente no reciben “castigo””, detalló una fuente . Esto ha generado el rechazo en un bloque legislativo respecto al cuarto factor que entrampó el debate.
Luego de esto, vendría una seria de movidas que atentan contra todo manual de técnica legislativa: el quinto factor negativo. A las 6:53 p.m. ingresó al pleno un nuevo texto sustitutorio con una nueva fórmula semántica: la criminalidad sistemática. “Los textos sustitutorios de [la Comisión de] Justicia fueron cambiando el nombre: terrorismo urbano, criminalidad masiva, criminalidad sistemática”, cuenta una fuente que participó de la construcción del texto. Otras fuentes indican que incluso se propuso que la fórmula se denomine “delitos contra el hampa”.
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¿De dónde salió el nombre de “criminalidad sistemática” que se propuso en el pleno? Las fuentes coinciden que provino desde la propia “mesa temática” de Salhuana. “El problema fue que a algunos congresistas no les gustó que cambiara el dictamen a última hora”, sostuvo una fuente.
“Hay demasiados delitos incorporados como terrorismo urbano, por lo cual no está centrada la figura jurídica. No se dio un debate sobre cómo mejorar el texto, sino sobre la denominación. En conclusión y objetivamente, no hay un texto concreto”, concluyeron las fuentes.
Con estas ideas y vueltas, el pleno del Congreso aprobó una cuestión de orden para descartar la propuesta de “criminalidad sistemática” y retornar a la de “terrorismo urbano” que se aprobó en junio. El sexto y último factor de entrampamiento está en que la fórmula de junio no contiene las últimas 17 inciativas ingresadas a trámite en la última semana, incluida la del Poder Ejecutivo. Es por ello que se pidió un cuarto intermedio para tratar de elaborar una nueva fórmula de consenso.
El gran problema es que, entre las nuevas iniciativas, existen propuestas populistas que llegan hasta la pena de muerte. Este Diario intentó conversar con Isaac Mita (Perú Libre), presidente de la Comisión de Justicia, pero se excusó de conversar sobre el tema porque tenía que realizar una sesión extraordinaria de su grupo donde recibirían al ministro del sector.
Mita tiene menos de siete días para presentar una nueva fórmula en el pleno. No se descarta que pueda cambiar la semántica, aunque no el problema de fondo.
