Una persona asignada al despacho del fiscal José Domingo Pérez bajo sospecha de coronavirus

Una persona asignada al despacho del fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, está bajo sospecha de tener coronavirus. Este trabajador, cuya identidad se mantiene en reserva, ha presentado en los últimos días los síntomas del COVID-19, de acuerdo a fuentes de El Comercio.

Las mismas fuentes refieren que la esposa de este funcionario dio positivo, tras una prueba molecular que le realizaron.

No obstante, el trabajador asignado al equipo especial no ha podido hasta el día de hoy pasar por una prueba de este tipo, a pesar de una solicitud hecha por los fiscales.

Según fuentes de este Diario, el Ministerio Público solamente le realizó una prueba rápida, que dio negativo hace una semana. Sin embargo, luego de esto, comenzó a sentirse mal, por lo que fue enviado a su casa, donde se encuentra en aislamiento.

Otras fuentes del Ministerio Público indicaron que esta persona se trasladó el viernes 17 de abril con el fiscal José Domingo Pérez a la audiencia presencial que convocó el juez Roger Santos Benites, a fin de revisar el pedido del exsecretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama Tanaka, para dejar sin efecto la prisión preventiva en su contra por el Caso Odebrecht.

Pérez asistió a esta diligencia, pero optó por no acreditarse y retirarse de la sesión.

Estas fuentes precisaron que el fiscal provincial no presenta síntomas de coronavirus. Agregaron que está pendiente de la salud del personal que lo asiste.

El trabajador del Ministerio Público no forma parte del equipo de fiscales, detallaron.

Once fiscales dieron positivo

La presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales Titulares de Lima, Katharine Borrero Soto, envió el último 10 de mayo un oficio a la gerente de Bienestar del Ministerio Público, Mary Gaby Caselli Benvenuto, en el que le solicita que “se brinde atención prioritaria” al personal que ha dado positivo para COVID-19 en las pruebas rápidas realizadas el último viernes.

En el documento, al que tuvo acceso El Comercio, Borrero Soto indica que cuatro integrantes de la subgerencia de Transportes, dos asistentes administrativos y 11 fiscales adjuntos que laboran en el turno penal dieron positivo en las pruebas rápidas.

“[Por ello] resulta necesario, urgente e indispensable atenderlos. Y es por esta razón que le solicito, se habilite el seguro laboral y sean atendidos” en clínicas privadas “a efecto de que pasen la prueba del hisopado, así como sus familiares cercanos”, agrega la fiscal provincial en la carta que dirigió a Caselli Benvenuto.

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