Catorce procuradores regionales respaldan a Daniel Soria y señalan que “no puede ser objeto de represalias”

Catorce procuradores públicos regionales expresaron su respaldo al procurador general del Estado, Daniel Soria, ante las amenazas de remoción realizadas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, tras el pedido del abogado del presidente Pedro Castillo.

En un pronunciamiento público precisan que, por mandato constitucional, la labor de defensa de los intereses del Estado recae sobre los procuradores públicos y que su actuación se orienta bajo los principios de autonomía e independencia.

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“Cualquier intento de parte del Poder Ejecutivo, de interferir en la autonomía de la Procuraduría General del Estado y en el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas por ley al Procurador General del Estado, será rechazado y condenado por los Procuradores Públicos Regionales como integrantes del sistema de defensa de la Procuraduría General del Estado”, manifestaron.

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El texto hace referencia al pedido que hizo públicamente el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, al ministro de Justicia, Aníbal Torres, para que revise si Daniel Soria cumplía los requisitos para ocupar el cargo de procurador general.

También a las declaraciones que hizo el ministro en respuesta a esto, señalando que si bien no se separaría a Soria del cargo, se procedería a revisar su designación conforme a ley. Esto ocurrió luego que Pachas visitara el despacho del ministro de Justicia el martes 4 de enero.

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Los procuradores regionales destacaron que bajo ningún argumento el procurador general del Estado puede ser objeto de represalias.

“En tal sentido, los procuradores públicos regionales [...] respaldan las acciones desplegadas por la Procuraduría General del Estado y el Procurador General de Estado, por estar enmarcadas de acuerdo a ley, todo en salvaguarda del estado de derecho”, manifestaron.

Daniel Soria presentó una denuncia ante el Ministerio Público pidiendo que se haga una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por considerar que habrían irregularidades vinculadas a las reuniones que el jefe de Estado mantuvo en un inmueble de Breña.

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