El congresista electo por Podemos Perú, Daniel Urresti, consideró este lunes que el Parlamento debe dar celeridad al antejuicio político de Luciana León Romero, actual integrante de la Comisión Permanente, a fin de que se le pueda levantar esta prerrogativa funcional y sea investigada por el Ministerio Público sin restricciones por el presunto delito de tráfico de influencias.
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“Lo que podemos hacer es adelantar su antejuicio político lo más rápido posible, al menos mi bancada lo va a proponer. Creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo, y que el antejuicio se haga en los primeros meses, quede sin inmunidad y pueda ser investigada por la fiscalía, y posteriormente sometida a juicio”, manifestó a la prensa desde el Congreso, a donde asistió para cumplir con procesos administrativos previos a la juramentación del cargo.
León Romero es investigada por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Intocables Ediles y perderá la inmunidad parlamentaria 30 días después de que culmine sus funciones congresales y el nuevo Legislativo se declare constituido.
Sin embargo, conservará el derecho al antejuicio político debido al alto cargo que ocupó. Hasta que no se realice este procedimiento, está protegida ante una eventual detención preliminar o una prisión preventiva.
Daniel Urresti señaló que la inmunidad parlamentaria es un tema que “variará definitivamente” dado que existe consenso por parte de todas las bancadas en que se modifiquen los términos en los que actualmente se aplica.
“La consigna es no blindar a nadie. Personas como yo estamos de acuerdo en que no debe existir ningún tipo de inmunidad, otras piensan que es necesario que haya inmunidad para lo que es fiscalización. Pero en lo que están de acuerdo el 100% es en que no debe haber ningún tipo de inmunidad para delitos que no son de función; y para delitos de función, la inmunidad posterior al periodo congresal debe reducirse máximo a 6 meses”, indicó.
De acuerdo al Ministerio Público, Luciana León habría recibido pagos de hasta S/20 mil mensuales por gestionar obras a favor de la Municipalidad de La Victoria ante al menos cuatro ministerios mientras se desempeñaba como congresista. Se le investiga por presunto cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, peculado y organización criminal.
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