La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, dijo a El Comercio que consideran que sí existen elementos que pueden garantizar la continuidad de la investigación que se le sigue al suspendido congresista Freddy Díaz Monago, denunciado por el presunto delito de violación sexual.
El último martes, Revollar reveló que el suboficial PNP Percy Pineda Toscana, quien debía acercarse este 16 de setiembre a brindar su testimonio, fue asesinado durante un asalto a inicios de agosto. Él estaba asignado a la custodia del edificio del Congreso ubicado en el jirón Azángaro, donde se habría cometido la violación el pasado 26 de julio.
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Se trataba de un testigo importante para la investigación. Frente a esta situación, Revollar anotó que igualmente se consideran otros elementos relevantes para las indagaciones.
“Decimos que hay complejidad por todo lo que está significando, pero confiamos en que los elementos que se tienen, los testimoniales, darían cuenta del hecho, y la declaración de la víctima. Hay un reconocimiento médico legal”, expresó.
“Lo que esperamos desde la Defensoría es que (la investigación) se dé con la mayor celeridad, rigor, que se cumpla con todas las diligencias”, enfatizó la defensora del Pueblo.
Entre estos elementos se consideran los testimonios de los policías de la Comisaría de San Andrés que acudieron al lugar tras una llamada del amigo de la víctima. Adicionalmente, Revollar explicó que el 2 de setiembre la fiscalía suprema amplió varias diligencias. Entre ellas, la visualización de los celulares de la víctima, del congresista y del testigo Arturo Rodrigo Huaranca.
“Nosotros no hemos tenido acceso a la visualización, pero sabemos que ya se tienen los videos y había fechas programadas para la visualización de los mismo. [¿Las imágenes podrían proveer esa información?] Claro, al final para la construcción tiene que haber una conexión en las pruebas visuales, testimoniales, documentales, científicas. La declaración de la víctima”, añadió Revollar.
Este miércoles, se informó a la Defensoría que el Instituto de Medicina Legal envió al Ministerio Público un informe relacionado al caso por el que estaban esperando. “La investigación tiene para largo, están citados algunos asesores del congresista. Hay declaraciones testimoniales y para nosotros es importante los exámenes del Instituto de Medicina Legal”, agregó la defensora del Pueblo.
Revollar comentó que el caso presentó algunas demoras al pasar de un despacho a otro.
“Al principio, por ejemplo, se ganaron horas importantes porque se manda a una fiscalía especializada en violencia contra las mujeres. Pero luego se cae en cuenta de que la persona que estaría implicada es un congresista. Entonces esta fiscal lo envía a la suprema y ahí recién se asigna a Zoraida Ávalos. Tiempo que jugó en contra de la víctima, de una detención en flagrancia. Por eso decimos que el caso se complejiza, se ralentiza cuando no se actúa necesariamente todas las pruebas en su oportunidad”, relató.
Asimismo, mencionó que las declaraciones de la víctima fueron “coherentes, objetivas, tienen un hilo conductor”, así como la existencia de un reconocimiento médico legal y videos. “Ya se cuenta también con videos públicos del Congreso, la Municipalidad de Lima de la cuarta cuadra de Azángaro, también se pidió al BCR y todo quien tenga la visualización”, dijo.
El asesinato del suboficial
El suboficial Percy Edwin Pineda Toscano fue asesinado en agosto por tres personas cuando intentó defender a su familia de un asalto en el kilómetro 88 de la Panamericana Norte, cerca a Chancay, informó Latina. Se encontraba retornando a Lima a bordo de una combi, cuando el vehículo tuvo un desperfecto. Se estacionó a un lado la carretera y junto a él bajó su hijo de tres años.
Los tres delincuentes se acercaron para asaltarlos, por lo que Pineda usó su arma para repelerlos. El suboficial fue asesinado durante la balacera. Uno de los sospechoso del ataque fue intervenido por la Policía Nacional en el hospital San Juan Bautista de Huaral.
Desafuero pendiente
El 27 de julio, la víctima denunció al suspendido congresista Freddy Díaz de haber abusado sexualmente de ella en una oficina del Congreso ubicada en el jirón Azángaro. El legislador fue expulsado de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) y, el 28 de julio, el Ministerio Público informó que la investigación será asumida por la Segunda Fiscalía Suprema Penal.
Díaz Monago evitó las apariciones públicas hasta el 29 de julio, cuando dijo que se sometería a las indagaciones. Sin embargo, recién el 1 de agosto se presentó ante la fiscalía. Esto luego de no haber asistido a la primera citación. Al día siguiente, la Comisión de Ética del Congreso acordó dar inicio a una investigación, que fue declarada procedente el 8 de agosto.
Un mes después de ocurridos los hechos, el 31 de julio, la Comisión de Ética aprobó el informe final que recomendaba suspender a Díaz Monago por 120 días, así como el descuento de sus haberes. Finalmente, el 7 de setiembre, el pleno aprobó su suspensión. Sin embargo, hasta la fecha no se ha podido abordar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la denuncia en su contra y que lo llevaría a ser desaforado. Esto debido a que recién este jueves 15 la Comisión Permanente se reunirá para designar a los miembros de la mesa directiva de la referida Subcomisión.
La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado publicado el 7 de setiembre, indicó que “es urgente que esta instancia se instale y considere como prioridad iniciar el procedimiento establecido para el análisis y evaluación del presente caso”.
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