A dos semanas de que los congresistas Norma Yarrow (Avanza País) y Javier Padilla (Renovación Popular) presentaran dos denuncias constitucionales en contra de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, que dirige Rosio Torres (APP), aún no tiene listo el informe de calificación.
Yarrow y Padilla han solicitado que la también primera vicepresidenta de la República sea inhabilitada por 10 años para ejercer la función pública, por presuntamente haber incurrido en una infracción de los artículos 2, 38 y 126 de la Constitución, al haber firmado documentos como titular del Club Departamental Apurímac, cuando ya estaba el frente del MIDIS.
El artículo 126 de la Carta Magna establece que los ministros “no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa”.
Y, además, remarca que los integrantes del Gabinete Ministerial “no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
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La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) señaló que “Dina Boluarte debe ser inhabilitada” y presentó un pedido para que la subcomisión priorice la denuncia en su contra.
Fuentes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales refirieron a El Comercio que si el informe de calificación respecto a las denuncias contra Boluarte Zegarra no está listo el jueves, posiblemente su análisis se postergue hasta el viernes 17 de junio.
Las mismas fuentes señalaron que en el grupo de trabajo están priorizando que se cumpla con el debido proceso “para que luego no se dice que esto tiene vicios procesales y se tiren abajo toda la investigación”.
Al respecto, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, afirmó que la subcomisión tiene que cumplir con su responsabilidad “y hacerlo lo antes posible”. “[La presentación de este informe de calificación] tiene que tener una solución rápida, este es un caso serio”, manifestó en comunicación con El Comercio.
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Una postura similar tuvo el vocero de Somos Perú, Wilmer Elera, quien cuestionó que el grupo de trabajo de Torres no le haya dado prioridad a las denuncias constitucionales contra Boluarte, sobre todo cuando, a su entender, la titular del MIDIS ha incurrido en una infracción a la Carta Magna.
“Hay testigos, está el exalcalde de Lima [Jorge Muñoz] y el notario, quien han señalado que la señora después de jurar como ministra hizo trámites en beneficio del club. Por la salud política del Perú se tendría que dar la acusación constitucional”, manifestó.
Agregó que conversará con la congresista Torres, a fin de pedirle que el informe de calificación se pueda debatir este viernes en una nueva sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
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A su turno, el congresista Diego Bazán (Avanza País) dijo que le preocupa que el proceso contra la primera vicepresidenta de la República se dilate, porque en pocas semanas concluye la actual legislatura.
“Desde el inicio he pedido celeridad, es importante que el tema no se dilate, no puede dilatarse, es un asunto urgente, ella tiene una doble responsabilidad en este momento: es ministra y también vicepresidenta. Lo que me preocupa es que en unas semanas se va a cerrar la legislatura y esto quedará en stand-by”, remarcó.
Bazán, de otro lado, opinó que Renovación Popular debería retirar la moción de interpelación contra la ministra, porque “podría ser contraproducente” en el procedimiento de la denuncia constitucional. Aunque el congresista de Avanza País ha firmado el documento.
Fuentes de Fuerza Popular indicaron que esperan que los congresistas de Avanza País que suscribieron la moción de interpelación a Boluarte reflexionen.
“Si no es censurada, [la titular del MIDIS] dirá que le dimos la razón; y si es censurada, dirá que ya fue juzgada. [Esa interpelación] es un absurdo”, señalaron.
Montoya adelantó que la bancada celeste no retirará el documento.
“Hemos evaluado que se pueden hacer las dos casos en paralelo [la denuncia constitución y la interpelación] sin que una afecta a la otra. Una cosa es una eventual inhabilitación y la otra es separarla del cargo de ministra. Y no, no la vamos a retirar, a pesar de que han tratado de bloquear la interpelación, la Mesa Directiva ha evitado dar cuenta de ella [en el último pleno]”, acotó.
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