Dina Boluarte expresa su protesta porque afirma que Contraloría no le notificó por informe en su contra

La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, acusó a la Contraloría General de la República de no haberla notificado formalmente del informe que emitió en el que se le acusa de presuntamente cometer una infracción constitucional.

MIRA: Kenji Fujimori: audiencia presencial de oralización de audios y videos por presunta compra de votos será el 1 de junio

“Expreso mi protesta por el actuar de la Contraloría General de la República. Su informe de Fiscalización Específica de Declaraciones Juradas 005-2022-CG/FID-FEDJ, de 60 páginas, no me ha sido notificado”, escribió este miércoles en redes sociales.

MIRA: Ministro Montoya justifica que Pedro Castillo no declare a la prensa: “El presidente de Francia estuvo dos años sin dar conferencias”

En la víspera, la bancada de Renovación Popular informó que presentó una denuncia constitucional contra Boluarte basándose en el informe que la Contraloría entrego al Parlamento donde se señala que la ministra había firmado documentos como presidenta de la asociación privada Club Departamental Apurímac cuando ya ocupaba el cargo de ministra.

En la acusación se recordó que la Constitución establece que los ministros “no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

MIRA: Aníbal Torres dice que presuntos audios “no constituyen pruebas, sino indicios”

Dina Boluarte aseguró que antes de salir de viaje del Perú rumbo a Suiza, la Contraloría solo le envió una carta donde “no hay conclusiones, ni recomendaciones”, y que se aprovecharon de su ausencia para enviar el informe completo a diversas entidades, entre ellas el Poder Legislativo.

“La Contraloría vulnera así mi derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en la Constitución. ¿Con qué intención lo hace? ¿La Contraloría ignora lo que es una regularización registral? ¿Promueve la sanción política? ¿Quién incumple con su mandato constitucional?”, cuestionó la funcionaria, quien concluye señalando que el ente contralor debe ser técnico y “jamás político”.