El congresista Javier Padilla (Renovación Popular), con el apoyo de su bancada, presentó una nueva denuncia constitucional en contra de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, que busca inhabilitarla de la función pública por 10 años.
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Mediante un documento dirigido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, el parlamentario fundamentó que la presentación de esta acusación a la también vicepresidenta de la República es por la presunta infracción al artículo 126 de la Constitución Política del Perú.
La iniciativa de Padilla se basó en el informe que emitió la Contraloría, el cual detalla que Boluarte Zegarra firmó documentos como presidenta de la asociación privada Club Departamental Apurímac siendo titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
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En la acusación se recordó que el mencionado artículo de la Carta Magna establece que los ministros “no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
Por tal razón, el congresista de Renovación Popular instó a la presidenta del Congreso que, en caso se encuentre culpable a Dina Boluarte, se le destituya del cargo de vicepresidenta de la República y se le inhabilite de la función pública por 10 años.
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Posteriormente, el legislador José Cueto (Renovación Popular), se pronunció respecto a la denuncia y recordó que ha sido la Contraloría la que ha informado al respecto a las supuestas infracciones que habría cometido Boluarte.
“Todo el país ha visto el tema de la denuncia que ha hecho la Contraloría, mostrando todos los pormenores. No hay mucho que objetar, la Contraloría es una entidad que creo que todos respetamos”, dijo.
Previamente, la congresista Norma Yarrow (Avanza País), también con el apoyo de otros parlamentarios de su bancada, presentó una denuncia constitucional en contra de la titular del Midis, con los mismos fundamentos que la anterior acusación.
En este caso, la iniciativa de Yarrow fue remitida a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucional (SAC), Rosío Torres, y señala que la también vicepresidenta de la República habría cometido una infracción a los artículos 2, 38 y 126 de la Constitución Política del Perú.
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