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La crisis social devenida del autogolpe fallido de Pedro Castillo y la impopular asunción de Dina Boluarte como presidenta no removió las prioridades del Congreso por buscar salidas. De hecho, incluso tras sumada la actual crisis por desastres naturales, proyectos de ley declarativos —aquellos que solo defienden su importancia— siguen ocupando gran parte de la agenda.
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Al clasificar las 791 iniciativas originadas del Parlamento en estos más de 100 días, ECData identificó 121 textos que apuntan a generar normas efectistas, declarando “de interés nacional” la creación de distritos, la materialización de obras y la adición de nuevos días festivos. Dado que el Legislativo no tiene competencias para demarcación territorial ni gasto público, las dos primeras no son realizables.
Del total de proyectos, 222 ya se encuentran en cola para debatirse en sesiones plenarias. De ellos, 69 –el 31% de los priorizados para esta fase– son declarativos. A esta categoría le sigue la de reformas constitucionales, que agrupa 36 proyectos agendados. En tercer lugar, están las propuestas relacionadas con sistemas previsionales y pensiones, con 12 iniciativas [ver gráfica].
“La cantidad y calidad de proyectos que se han presentado entre la salida de Castillo y el momento actual deja entrever la desconexión del Congreso frente a la problemática social. Es un Parlamento que, en lugar de ponderar temas que podrían mejorar el sistema político, por ejemplo, apunta a asuntos que son, en la práctica y en su mayoría, populistas”, remarcó el especialista en temas parlamentarios, Martín Cabrera, en diálogo con este Diario.
Para Cabrera, la carga de proyectos innecesarios yace en la inexistencia de un filtro efectivo, que pudiera consistir en la revisión de los textos en el pleno luego de su presentación en mesa de partes.
“Una manera que contribuiría a evitar esto es que todos los proyectos que ingresan en la semana sean dados en cuenta al pleno. No digo que se debatan; simplemente que se dé cuenta en el pleno a todas las bancadas de todo lo que se está presentando, a fin de que se tome conocimiento y se tome responsabilidad, al menos políticamente, de cuáles son los asuntos que están generando una carga burocrática”, sostuvo.
En el período post-Castillo, el Legislativo aprobó ocho leyes de autoría propia. Dos de ellas son declarativas: una sobre “construcción y mejoramiento de diversas vías de comunicación en el país” y otra que pretende la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha. Adicionalmente, otras cinco nuevas leyes modifican normas ya vigentes.
“En términos de necesidades prácticas cotidianas para la ciudadanía, desde el Congreso hay una clara desconexión de la realidad. En el plazo inmediato y largo, un Parlamento ya desaprobado y con gestos de aferrarse hasta el 2026 [ninguna de las propuestas de recorte de mandato y adelanto de elecciones ha sido aprobada] sin duda va a sumarse más descrédito institucional”, comentó la politóloga Paula Távara.
En las últimas semanas, el Parlamento ha protagonizado escándalos relacionados a una aparente mala gestión de su presupuesto en gastos innecesarios. A inicios de marzo, El Comercio reveló que –pese a la demanda ciudadana por un adelanto de elecciones– el Legislativo había cerrado contrato en diciembre con una agencia de viajes para la compra de 68 pasajes aéreos para el 2023. Todas las rutas se centraban en destinos internacionales para los congresistas e implicaban un pago de S/ 312,819.041.
El programa Cuarto Poder reveló además que existía un contrato modificado por el propio Congreso en febrero para la instauración de un servicio buffet en su comedor. De esta manera, se sustituía el plato a la carta de S/ 10,59 por un catering de S/ 80 por comensal. La adenda del documento suponía un costo de S/ 2′037,537.30. Las críticas conllevaron a un retroceso por parte de la Mesa Directiva y la renuncia del oficial mayor.
Otros indicadores
De las 16 mociones de interpelación que las bancadas han impulsado contra miembros del Gabinete de Boluarte, el pleno solo aprobó las presentadas contra dos ministros. Pese a las muertes de ciudadanos durante el estallido de las protestas en rechazo al gobierno, el Congreso no admitió citar al jefe del equipo ministerial Alberto Otárola. Y, aunque el 12 de enero aprobó crear una comisión que investigue los fallecimientos y las denuncias de represión policial, el grupo de trabajo no se ha instalado.
“Los parlamentarios pueden mostrar un interés por determinadas preocupaciones de la ciudadanía a través de herramientas de control político, pero en la práctica los partidos y las bancadas que conforman el Parlamento no tienen esa intención. No hay claridad bajo una lógica programática, sino gestos de baja intensidad que solo hacen pensar que el Congreso busca preservar su supervivencia, lo que supone también preservar una relación cercana con el Ejecutivo”, dijo Paula Távara a El Comercio.
"No hay claridad bajo una lógica programática, sino gestos de baja intensidad que solo hacen pensar que el Congreso busca preservar su supervivencia"
El especialista Martín Cabrera sugiere que la sumatoria inédita de mociones de interpelación contra ministros en los primeros 100 días de Boluarte [gobiernos antecesores desde el 2001 afrontaron de cero a tres mociones en ese mismo tramo] grafica el punto de quiebre máximo de la fragilidad política peruana.
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“Se han tenido que presentar tantas mociones porque las circunstancias [el hartazgo ciudadano y las consecuencias de un sistema debilitado] han llegado a un punto crítico tal, que hacían inevitable una muestra de control político del Congreso. Sin embargo, es un Congreso flojo al momento de ejecutar esas mociones: o se tardan o se rechazan en su mayoría y, finalmente, se tiene poca fiscalización”, cuestionó.
La última semana, el pleno aprobó resoluciones legislativas que declaran la pertinencia de acusar constitucionalmente a los congresistas Betssy Chávez [exprimera ministra del gobierno de Castillo] y Roberto Sánchez [Cambio Democrático-Juntos por el Perú] por la presunta comisión de delitos en torno al golpe de Estado que quiso perpetrar el expresidente Castillo el 7 de diciembre.
Tanto Chávez como Sánchez fueron miembros de su Gabinete en ese momento como presidenta del Consejo de Ministros y ministro de Comercio Exterior, respectivamente. También se incluyó al exministro del Interior Willy Huerta. Sin embargo, solo en el caso de Chávez se acordó su suspensión como parlamentaria. Ambos expertos consultados para este informe coincidieron en cuestionar el criterio selectivo y la demora del Parlamento en este caso.
