Candidatos incumplen los protocolos sanitarios: ¿cómo se aplicarían las multas?

A pocas semanas del inicio de la campaña electoral, el ministro del Interior, José Elice, anunció que la Policía Nacional impondrá multas a los candidatos a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino que no respeten el reglamento del Decreto Legislativo N°1458. Este dispositivo, emitido en abril último, establece sanciones para quienes incumplan el protocolo sanitario que busca prevenir el contagio del COVID-19.

Por ejemplo, la norma considera las siguientes multas: circular por la vía pública sin usar la mascarilla de uso obligatorio (S/ 344.00); no respetar el metro de distancia obligatorio, o formar aglomeraciones en los mercados o supermercados (S/ 86.00); salir de casa durante la inmovilización social obligatoria (S/ 430.00); y desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas, de aglomeración o concurrencia masiva/no masiva en la vía pública (S/ 387.00).

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“La Policía se ha preparado para intervenir, lo primero que hará la policía será exhortar a los candidatos a que reorganicen sus actividades”, refirió Elice en Latina Noticias.

El ministro del Interior también indicó que la multa será para el candidato y el partido que convoque a la ciudadanía. Añadió que estos podrán apelar la sanción.

El abogado José Naupari, experto en derecho electoral, recordó que el Congreso solo facultó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a fijar los protocolos sanitarios para el día de la votación, pero olvidó dotar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de prerrogativas para fiscalizar el desarrollo de las diferentes campañas.

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“Entonces, el único que tiene la posibilidad de sancionar el incumplimiento del distanciamiento social es el Ejecutivo y no el JNE, que no se encarga de ver temas sanitarios. Lo que ocurre es algo similar a la propaganda, que es una competencia municipal”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Naupari consideró que la multa no solo debe ser aplicada a los postulantes y a los partidos políticos, sino también a quienes asisten a las actividades proselitistas y generan aglomeración. “Estas sanciones se dan a cada uno. Keiko Fujimori, por ejemplo, ha dicho que no anunciará su llegada a los lugares donde hará campaña, pero imagina que llega y se aglutina gente a su alrededor. ¿La multas a ella? Pero ella no ha convocado”, cuestionó.

La delgada línea de la neutralidad

Naupari advirtió que el Ejecutivo tendrá que hilar “con mucho cuidado”, porque puede ser acusado de vulnerar el principio de neutralidad si solo sanciona a determinados candidatos y partidos.

“Mucho cuidado con la neutralidad, si bien el señor ministro [José Elice] no es militante del Partido Morado sí fue su candidato al Congreso [en las elecciones de 2020] y el presidente pertenece a esa agrupación a pesar de su licencia. Se debe tener cuidado de que la Policía solo vaya detrás de candidatos de otros partidos, el deber exige neutralidad y objetividad”, remarcó.

Una posición similar tuvo el abogado José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, quien consideró que, si el gobierno se “entromete” en las campañas, a través de la Policía Nacional, los partidos o candidatos infractores pueden argumentar “como defensa” que se trata de un acto de venganza o que impide su derecho a la participación.

“Esto puede perjudicar al gobierno y también al Partido Morado, salvo que la Policía tenga la capacidad de sancionar a todos por igual. Por ejemplo, a José Vega lo desalojaron en un local de Andahuaylas, cuando a ningún otro partido se le trató así”, agregó en diálogo con este Diario.

El abogado Alejandro Rospigliosi, ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, opinó que los candidatos deben tener la creatividad para realizar sus campañas y a la par cumplir con los protocolos sanitarios. Agregó que más allá de las multas, una acción más disuasiva sería que el procurador del Ministerio de Salud (Minsa) interponga denuncias por el delito contra la salud pública.

“Si como candidatos no respetan las normas, ni los protocolos sanitarios, cómo será si se convierten en autoridades. Los políticos deben dar muestra de docencia y decencia y respetar el distanciamiento”, expresó.

¿Cómo hubiesen sido algunas sanciones por incumplimiento de los protocolos?

La ruta de salida

Rospigliosi también dijo que el Congreso puede corregir su error y darle, de manera excepcional, facultades al JNE para fiscalizar y sancionar con multas a los partidos y postulantes que no respeten el protocolo sanitario. Añadió que esta norma puede ser exonerada del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece un periodo de intangibilidad de las reglas de juego.

“Si no se reglamenta, los contagios van a aumentar, tenemos casi 20 candidatos que van a recorrer el país y esta norma no afecta el registro de candidatos, ni la democracia interna”, subrayó.

Villalobos indicó que la Comisión Permanente, que tiene facultades para legislar durante el receso, puede a través de una norma ordinaria darle prerrogativas al JNE para establecer un protocolo y sanciones. “En mi opinión, aprobar una norma que ponga parámetros a los actos proselitistas, no iría en contra del principio de intangibilidad, no es una norma que afecte las reglas del juego, es una medida excepcional que privilegia la salud”, sostuvo.

El director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral también sugirió que los propios partidos se autorregulen y que dentro de la firma del Pacto Ético Electoral se incluya un compromiso de los candidatos a cumplir los protocolos sanitarios fijados desde abril por el gobierno.

“Las sanciones son morales, pero igual pueden generar en la ciudadanía un rechazo a esos partidos y que los castiguen no dándoles su voto”, acotó.

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