Los principales directivos de Perú Libre, el partido con el que Pedro Castillo afronta una segunda vuelta, están investigados en la Fiscalía por corrupción y tres de ellos ya están en la etapa juicio oral. (Facebook)
Los principales directivos de Perú Libre, el partido con el que Pedro Castillo afronta una segunda vuelta, están investigados en la Fiscalía por corrupción y tres de ellos ya están en la etapa juicio oral. (Facebook)
Carlos NeyraGiovanna Castañeda Palomino
Carlos Neyra
Giovanna Castañeda Palomino

El historial fiscal y judicial de , el exgobernador regional de Junín, incluye 22 investigaciones por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos. Pero el fundador de no es el único implicado en estos casos.

El Comercio ha podido verificar que en once investigaciones está involucrado con personas de su confianza y que integran la dirigencia del partido con el que afronta la segunda vuelta presidencial. En un caso más está solo Waldemar Cerrón, titular de la Secretaría de Ideología, por aparente malversación de fondos.

Con información de la Procuraduría Anticorrupción, del Ministerio Público, del Poder Judicial, este Diario pudo identificar a David Llanco Flores, Rolando Salazar Córdova, Adolfo Santos Rodríguez, Héctor Chávez Melchor, Clever Untiveros Lazo, Ofelia Ríos Pacheco, Mercedes Carrión Romero, Eddy Misari Conde y al exalcalde de Huancayo Henry López Cantorín como los implicados junto a Cerrón.

Cinco de los nueve ocupan un cargo en , entre ellos las secretarías de Economía Nacional, de Defensa Nacional, de Profesionales Nacional y Tesorería. Otros figuran como directivos, aunque sin cargo.

López Cantorín es uno de los exfuncionarios que a cuatro años de prisión suspendida por haber favorecido al consorcio Altiplano, mediante el pago de S/850.000 por supuestos gastos adicionales, en la ejecución de un proyecto en La Oroya.

Juicios por iniciar

Los once casos datan del 2014 y el último es de agosto del 2020. En su mayoría son investigaciones por colusión simple, colusión agravada y malversación de fondos. En todos, el agraviado es el Gobierno Regional de Junín.

Según la información oficial, tres casos están en la etapa del juicio oral, previa a emitirse una condena. En el primero están incluidos el exgobernador, Llanco, Untiveros y otro personaje cercano a : Carlos Mayta Valdez, exgerente de Infraestructura de su gestión que fue sentenciado junto al fundador de Perú Libre.

De acuerdo al expediente judicial, los imputados se habrían coludido con los representantes del consorcio que ganó la buena pro del mejoramiento del hospital Daniel Alcides Carrión, en Huancayo. El ganador, señalan, no había cumplido con presentar la documentación obligatoria ni contaba con los requisitos mínimos. Aún no hay fecha de inicio del juicio oral debido a que se suspendió la última audiencia.

Otro juicio oral pendiente de iniciarse es uno por colusión contra Cerrón, López, Carrión y Misari, todos parte de la dirigencia de . Según la fiscalía, ellos concertaron con el Consorcio Regional Wanka para la adjudicación directa de la construcción y operación del Aeródromo Regional Wanka. El contrato se suscribió en junio del 2014 y la inversión fue superior a los S/300 millones. , una muerte y más de cuarenta heridos.

El tercer caso que podría concluir con una sentencia se inició por las irregularidades en la reforestación de áreas colindantes al río Mantaro, valorizada en S/29′617.978. Están incluidos Cerrón, López, Pacheco y dos exfuncionarios militantes de Perú Libre por haber usado el presupuesto para la ejecución de otros proyectos sin sustento alguno. El inicio del juicio está programado para el 18 de mayo.

En la extensa lista de procesos que involucran a Cerrón y a los directivos de existen algunos con acusación, que también podrían terminar en etapa de enjuiciamiento. Uno es por malversación, junto a López como investigado. Para la fiscalía, desviaron “sin sustento técnico” los fondos de tres proyectos de promoción del turismo para la ejecución del puente Comuneros, que recién entró en funcionamiento en diciembre del 2019. El Ministerio Público ha solicitado cuatro años de cárcel.

Los que continúan

El resto de pesquisas están en etapa preliminar o preparatoria, la mayoría por irregularidades en proyectos.

Por ejemlo, en etapa preparatoria se registra un proceso por falsedad genérica y falsificación de documentos por el presunto nombramiento indebido de un grupo de funcionarios, entre ellos los que ahora tienen altos cargos dentro de . La pesquisa se inició tras un informe de la contraloría y ha sido declarada como un caso complejo. El próximo 3 de mayo habrá una audiencia de control de plazos.

Así como este caso, hay otro en etapa preliminar relacionado a la agrupación política que representa , que solo involucra a Waldemar Cerrón. De acuerdo con la fiscalía, existen fotografías y conversaciones que evidencian que un grupo de personas fueron contratadas como promotoras sociales “de programas de fachada”, pero que tenía como finalidad realizar actividades proselitistas a favor del partido de .

Aseguran que son denuncias sin sustento y que es “persecución”

El Comercio envió a los domicilios de todos los mencionados en este informe un pedido de descargo. Hasta el cierre de esta edición, solo dos respondieron. Henry López reconoció estar incluido en seis procesos y dijo que algunos son herencia de la gestión anterior de Vladimiro Huaroc. “Había denuncias con sustento y sin sustento. Por un tema de función o denuncias de cualquier enemigo político contrario a nosotros nos denuncian”, indicó.

Sobre el caso de lavado de activos, López sostuvo que ha presentado los peritajes, pero que otros involucrados no lo han hecho y por ello “están dilatando el tiempo”. “A mí me atribuyen, lastimosamente. Así de cochina es la política”, dijo. Sobre el cargo que tiene en Perú Libre, señaló que le asignaron pero que “por temas profesionales no he podido desempeñar el cargo de manera correcta”.

En tanto, Eddy Misari respondió que la fiscalía “a como dé lugar busca delitos” para perjudicarlos y que “da la impresión de que se trata de una persecución”. Remarcó que no existen pruebas de los delitos que le imputan. “Todos mis actos los he realizado en ejercicio legítimo de mis funciones, siempre”, aseguró.

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