El verano del 69: PPK y la página 11 en la maletera [CRÓNICA]

El ‘trolleo’ de campaña ha difundido esta historia: PPK robó la página 11, la mítica hoja del contrato entre el Perú y la International Petroleum Company (IPC) que, al desaparecer, provocó tal escándalo que Juan Velasco lo usó de coartada para derrocar a Fernando Belaunde en octubre de 1968.

¿Tiene asidero tamaña especie? No. Es una leyenda urbana. Lo único que encaja es que no se sabe quién desapareció la bendita hoja y PPK ya era un muchachón con conexiones en 1968. Pero, vamos, no se le conocen antecedentes de ladrón ni de espía, ni estuvo en el cargo indicado para meter mano al legajo entre una transnacional y nuestra Empresa Petrolera Fiscal (EPF).

Más bien, PPK sí estuvo, pocos meses después, en pleno verano de 1969, envuelto en otro lío que enfrentó al Estado Peruano con la IPC. Pero vayamos por partes.

—La bendita página—
La IPC tenía, desde 1922, condiciones en extremo ventajosas para explotar petróleo en el norte peruano. Poseía los yacimientos de La Brea y Pariñas, y controlaba todas las instancias del mercado. Era una situación insostenible para cualquier gobierno de relente nacionalista. El de Belaunde lo era. Algunos medios periodísticos lo alentaban a que tomara los yacimientos y renegociara con la IPC.

Quien más reclamaba una salida nacionalista era Carlos Loret de Mola, el gerente de la EPF. Hasta que fue llamado a Palacio en la noche del 12 de agosto de 1968. Allí encontró a Belaunde con varios ministros y a Fernando Espinosa, el jefe de la IPC, con ejecutivos de su empresa y diplomáticos gringos.

En “La página once” (Ed. Libre1, 1978), cuenta de las idas y venidas de ambos bandos, con las hojas del contrato. La entrega de La Brea y Pariñas ya estaba asegurada, pero Loret de Mola bregó hasta que anotó de puño y letra, en la última página, la 11, el precio mínimo garantizado (US$1,0835) que la IPC le cobraría por barril a la EPF.

A Loret de Mola le marcó la vida lo que sucedió esa madrugada. El 13 fue un día suspendido en el tiempo, pues fue con Belaunde a Talara, a la toma simbólica de La Brea y Pariñas, y a la firma del Acta de Talara, que no era más que el inventario de lo entregado. Los diarios y la TV mostraron la bandera peruana flameando ante las torres.

Pero Loret de Mola sabía que era una farsa. La IPC seguía controlando las bocas de salida del petróleo y había desaparecido la página 11 del contrato. El funcionario lo denunció a cuanta autoridad pudo. Pero los ministros belaundistas no le hicieron caso; estaban hasta el copete manejando su crisis de gobernabilidad. Entonces fue a la televisión y contó, en los canales 4 y 5, que funcionarios corruptos se habían confabulado con la empresa extranjera.

Tal fue la conmoción, que precipitó el golpe de Estado del 3 de octubre. Y pocos días después vimos, manu militari, una nueva toma de Talara. Ese 9 de octubre se bautizó como Día de la Dignidad. Esta ocupación sí parecía ser definitiva. Pero tampoco lo era. Loret de Mola lo sabía y lo explica en las 600 páginas de sus memorias.

—¿Qué pinta en esto PPK?—
El joven Pedro Pablo tenía 30 años en 1968 y era uno de los precoces gerentes del Banco Central de Reserva, a las órdenes del gerente general Carlos Rodríguez Pastor. Sucede que, a pesar de los bombos y platillos con los que se anunció la estatización de la IPC, esta siguió controlando las bocas de salida del petróleo y remesando sus utilidades a la Standard Oil, su matriz en EE.UU. Para esto, necesitaba que el BCR le otorgara certificados de divisas, y el banco, como solía hacer en estos casos, le dio 13 autorizaciones desde octubre de 1968 hasta febrero de 1969. Las firmaron Rodríguez Pastor y PPK.

Loret de Mola, que había renunciado a la EPF pero era un referente en materia petrolera, le advirtió al propio Velasco que todo seguía igual en Talara. En su libro cuenta: “Velasco quería ponerse a cubierto de críticas por su inacción, y montó un aparato de investigación y punición [...] Designó la Comisión Carbonel que, naturalmente, acusó a muchos funcionarios del Gobierno, del BCR y de los ministerios de Hacienda y Fomento” (pág. 516).

La comisión presidida por el vicealmirante Enrique Carbonel se instaló el 27 de febrero y, con asombrosa celeridad, evacuó su informe el 15 de marzo. Este se publicó en El Comercio del 16 y señala a los responsables de que la IPC haya remesado S/2.000 millones de la época. En el punto E se dice: “Hay responsabilidad del gerente general doctor Carlos Rodríguez Pastor y del gerente Pedro Pablo Kuczynski, que decidieron los 13 otorgamientos de certificados de divisas sin las respectivas resoluciones ministeriales”. Más adelante también se culpa al consultor legal del BCR Francisco Moreyra García por asesorar a sus gerentes para que otorgaran los certificados sin el respaldo ministerial.

Conversé con Richard Webb, que trabajó en el BCR de aquel entonces, y me dijo lo siguiente, a propósito de los apuros de Rodríguez Pastor, de PPK y de Sandro Mariátegui, ex ministro acciopopulista que fue encarcelado luego del golpe: “Es el campo minado en la vida de todo funcionario público. Siempre hay un trámite que no se cumplió y por eso existen denuncias”.

Por supuesto, pedí a PPK su versión sobre el informe de la Comisión Carbonel. Me envió estas líneas: “El Gobierno militar buscó chivos expiatorios en los directivos del BCR de entonces. Nos acusaron de haber otorgado divisas sin autorización ministerial. Fuimos perseguidos y tuvimos que salir del país. Luego de un proceso judicial que duró 8 años, la Corte Suprema de Justicia nos absolvió de los cargos que nos hicieron a varios directivos del BCR”.

PPK suele contar que se fugó por la frontera con Ecuador en la maletera de un Volkswagen. Con semejante bautizo, conoce perfectamente los riesgos de la tramitología y de las relaciones peligrosas entre el poder y las grandes empresas.

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