“La población, incluso la que votó por Pedro Castillo, siente mucho desencanto”

En entrevista con El Comercio, Revollar también exhortó al Parlamento a respetar los parámetros de transparencia y meritocracia en la elección del nuevo titular del Defensoría del Pueblo, porque ello le dará “legitimidad” a quien resulte designado.

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— El Congreso tiene estimado designar al nuevo defensor del Pueblo el 28 de junio. ¿Le preocupa cómo se está llevando el proceso de selección?

La Defensoría del Pueblo ha emitido un pronunciamiento institucional señalando las garantías que debe tener la elección de un nuevo defensor o defensora titular. Dada la envergadura de la responsabilidad que asume la persona que conducirá los destinos de la Defensoría del Pueblo, nosotros hemos invocado al Congreso para que este proceso se dé bajo parámetros que respeten la transparencia y la meritocracia, justamente para darle legitimidad a la persona que vaya a ser elegida.

— Por ejemplo, el sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo ha presentado una acción de amparo para dejar sin efecto este proceso. Cuestionan que la comisión seleccionaría es integrada por 10 parlamentarios y no por nueve, como establece la norma. Más allá de esa crítica de forma, ¿usted tiene una de fondo?

Lo primero que debo decir es que el sindicato en su autonomía ha presentado esta demanda. El argumento central es que el número de congresistas que deben integrar la comisión [seleccionadora] son hasta nueve, de acuerdo a la ley orgánica [de la Defensoría del Pueblo], pero con la participación de la señora María del Carmen Alva como miembro supernumerario estaría [incumpliendo] esta posibilidad. Hay que dejar que sea el juez constitucional quien resuelva esta acción.

— ¿Y usted tiene algún cuestionamiento a la elección del nuevo defensor del Pueblo, más allá de lo señalado por el sindicato?

Para todos los cargos que tienen ese nivel de responsabilidad, se han hecho señalamientos. Por ejemplo, en su oportunidad [nos pronunciamos] sobre la elección de los [nuevos] miembros del Tribunal Constitucional. En este caso, nosotros hemos hecho un señalamiento de que habría que conocer quiénes son los candidatos. Al inicio del proceso [no había] cronograma, ya se ha dado a conocer el lunes pasado. Entonces, sería conveniente que este proceso tenga todos los resguardos, que haya participación de la población, y que [los ciudadanos] conozcan con tiempo a los postulantes, y que se vea con rigor el tema de las hojas de vida.

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— Al defensor del Pueblo se le exige no ser cercano a los partidos, pero hay algunos postulantes que incluso han sido precandidatos al Congreso. ¿Ha revisado las hojas de vidas? ¿Teme una politización de la Defensoría del Pueblo?

Hay dos principios que marcan la línea de la Defensoría del Pueblo: la autonomía y la independencia, entonces cuando una persona asume este cargo debe tener una probada independencia, eso es un criterio general. Yo me excuso de referirme a las hojas de vida de los candidatos, será el Congreso, con esta comisión si sigue adelante la carrera, la que debe revisar si tienen el perfil, la independencia y el comportamiento ético que exige el cargo [o no].

— Walter Gutiérrez, su antecesor en la Defensoría del Pueblo, le solicitó en más de una oportunidad al presidente renunciar. Usted ha referido que la sola dimisión de Castillo no va a resolver la crisis. ¿Esto marca un cambio de postura de su institución? ¿Y por dónde pasa la salida a la crisis?

De ninguna manera marca un cambio, porque aun cuando el exdefensor del Pueblo hacía esa solicitud, en las reuniones de trabajo que teníamos internamente se veía cuál era el paso siguiente a esa dimisión y, obviamente, la preocupación que muestra siempre la Defensoría del Pueblo es que esta crisis tenga un derrotero y que la población pueda saber en qué va a terminar en el breve tiempo, porque la sola renuncia no garantiza, por ejemplo, que la vicepresidenta [Dina Boluarte] vaya a asumir el cargo y dure los cinco años. Es más, hoy en día ella tiene cuestionamientos por el ejercicio de otra función, cuando ya era ministra. Tampoco está claro, si es que hay un adelanto de elecciones, bajo qué criterio se daría. Vemos que la confianza ciudadana está muy devaluada, la gente ya no cree en su clase política, porque no ve una ruta de salida en lo inmediato. Obviamente, el tema de la renuncia del presidente es una posibilidad que está abierta en cualquier momento, pero a eso también hay que unir que actualmente ya tiene una investigación abierta por el fiscal de la Nación por un tema de corrupción.

— ¿Si el presidente Castillo renuncia, el Congreso también debe irse? ¿Respalda el discurso “que se vayan todos”?

Yo no puedo emitir una opinión sobre quiénes se deben ir o no, pero sí es importante por la defensa del sistema democrático y de la institucionalidad que se adopte una salida que sea consensuada. Que los dos poderes que están en esta situación tensa puedan deponer sus intereses personales, partidarios y puedan pensar en el país, en el bien común ante la gran vulnerabilidad a que los ciudadanos y ciudadanas [están expuestos] por la pandemia y la crisis mundial [de alimentos que se avecina].

Por otro lado, también hay graves señalamientos de corrupción que no solo están en el Ejecutivo, esta investigación preliminar que alcanza al presidente de la República, tiene también como presuntos responsables a congresistas. La situación en el país es muy grave y la lucha contra la corrupción debería ser la primera función de quien asume ese nivel de poder, sea en el Congreso o en el Ejecutivo.

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— El fiscal de la Nación ha abierto investigación preliminar a Castillo, a quien sindica como presunto cabecilla de una organización criminal “enquistada” en el Estado. ¿Cuán peligroso es para la democracia que el presidente tenga este manto de sospecha?

En realidad, es una incriminación muy seria y grave a quien tiene la primera magistratura y la conducción de nuestro país, que es el presidente. En ese sentido, nosotros siempre hemos sido coherentes en señalar que el fiscal de la Nación sí podía abrir una investigación preliminar. Finalmente será esta investigación la que pueda determinar si hay o no un nivel de responsabilidad del presidente. Él tiene la protección para no ser acusado ni juzgado en el ejercicio de su mandato, pero bien le haría al país y a la lucha contra la corrupción, que tenga un curso de acción [las pesquisas] y que no se normalice [la corrupción], hemos visto cómo salen pruebas, audios, y frente a eso el sistema de justicia estaba paralizado.

— Para usted, ¿la decisión del fiscal Sánchez es constitucional? ¿Por qué?

Sí, la Defensoría del Pueblo ha hecho un análisis sobre cuáles son los alcances del artículo 117, y este [solo] protege [al presidente] de la acusación. La investigación preliminar sirve para recaudar elementos probatorios que podrían con el tiempo disiparse y ya no tener la pertinencia y la validez para el momento del juzgamiento. Y lo otro que hay que señalar es que el presidente con su defensa pueden asumir una estrategia determinada [en el sentido de buscar anular la disposición de Sánchez], sin embargo nosotros le aconsejamos al presidente que sí se someta a las investigaciones, justamente porque si no ha tenido ninguna vinculación [como sus abogados lo indican], que sea esa investigación la que más bien lo separe de esta organización criminal.

— En menos de un año en el poder, Castillo ha tenido cuatro Gabinetes; tiene cuatro investigaciones fiscales abiertas, dos están suspendidas; y el Congreso ha intentado vacarlo en dos oportunidades. ¿Este es un gobierno precario y sin capacidad de enderezar el rumbo?

Mire, nosotros en cada designación de ministros o de altos funcionarios hemos hecho señalamientos para que esas decisiones puedan dejarse sin efecto y ser reexaminadas a la luz de los perfiles de las personas [nombradas]. Es cierto que hay otras investigaciones que están con esa protección que fue dada por la exfiscal de la Nación [Zoraida Ávalos]. Y lo otro que hay que señalar es que habiendo elegido la Junta Nacional de Justicia a dos [nuevos] fiscales supremos, lo probable es que se convoque a la Junta de Fiscales Supremos y se elija a un nuevo fiscal de la Nación. Nosotros esperamos que quien sea elegido fiscal de la Nación mantenga la decisión que ha adoptado el fiscal Sánchez en su interinato [de investigar a Castillo].

— ¿Qué significaría un retroceso en la decisión de Sánchez?

Sería un retroceso enorme, porque la decisión del fiscal Sánchez ha abierto una ruta de acción para [una pesquisa] sobre una incriminación gravísima contra el presidente de la República. Entonces, el retroceder en esa interpretación significaría dejar que el periodo del presidente [Castillo] pase sin ninguna investigación y que la sensación de impunidad crezca en la población, eso no le haría bien al Perú. La población está muy indignada. Hay una crisis que aparentemente no tiene un curso de acción en lo inmediato.

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— Recientemente, el presidente dijo que “hambruna les va a dar a los ociosos”. Además, nombró en Agricultura al parlamentario andino Javier Arce [anunció su renuncia el último domingo], quien no solo no tenía experiencia en el sector, sino que admitió haber estado en prisión en 1997…

En realidad, la Defensoría del Pueblo sigue en la línea, como con otros ministros, de hacer el señalamiento por la idoneidad. En el caso del ministro de Agricultura, lo hemos hecho justamente preocupados porque la situación del hambre no es un problema de ociosos, es un problema que va a atacar severamente a la población del país. Este es un tema que debe ser abordado. La Defensoría del Pueblo, que nunca había visto los temas de la pobreza, el hambre, el desempleo y la reactivación económica como un problema en sí mismo, sino hemos tenido intervenciones a través de vulnerabilidades de las personas, lo estamos tomando como una línea prioritaria. A ello hay que sumar que en su momento, el primer ministro dijo que acá no iba a pasar nada, que la gente no iba a tener hambre, pero la gente ya tiene hambre, hay ollas comunes, que agrupan a miles de personas en el país, ellos no tienen qué comer. […] Obviamente, no permite resolver [la crisis], que los ministros, como lo vamos señalando, no tengan los perfiles [necesarios].

— La vicepresidenta de la República y titular del Midis, Dina Boluarte, ha admitido haber firmado documentos del Club Departamental Apurímac, cuando ya era ministra. Y, según informó Epicentro, solicitó una licencia de funcionamiento de esta institución ante la Municipalidad de Lima, en el mismo periodo. ¿Existe una infracción a la Constitución? ¿Debe ser inhabilitada o esta sanción es exagerada?

Mira, en realidad una lectura literal del artículo 126 de la Constitución podría llevar a que ella no pueda ejercer un cargo de dirección en otra organización. Le corresponde al Congreso evaluar si estas acciones que ella dice [que realizó] eran solamente para regularizar su renuncia en esa organización y si son compatibles [o no] con la causal establecida en artículo 126 de la Constitución.

— Boluarte realizó gestiones a nombre del club ante la Municipalidad de Lima…

La Municipalidad de Lima ha puesto nuevos elementos que el Congreso debe evaluar…

— ¿Cuánto de responsabilidad tiene el presidente Castillo de la crisis política?

Mire, el pueblo peruano ha elegido a un presidente de la República y él es quien encarna a la nación y, por lo tanto, pudo dar muestras desde el inicio, porque en agosto se le mandó una comunicación, en el que se le indicaba qué debía tener en cuenta para elegir a sus ministros, como [respetar la] idoneidad. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que eso no ha ocurrido. Han sido muchas las personas allegadas a su partido [las que han asumido puestos], pero eso no es lo cuestionable, lo cuestionable es que esas personas no hayan tenido las credenciales para ocupar esas carteras. Hemos visto que en 10 meses [de gobierno] hay políticas que no están dando el despegue que se necesita. La conflictividad social no está siendo atendida, el tema de la pobreza y el hambre, tampoco, la compra de fertilizantes todavía no se ha concretado.

Y se han dado sesiones del Consejo de Ministros de manera descentralizada, que como política es buena, pero que deberían ir con un presupuesto que sea público, que tengan actas, que se comprometan a cumplir con políticas públicas, y no hacer uso de estas plataformas para promover una asamblea constituyente.

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— El último jueves, Castillo cumplió 100 días sin brindar declaraciones a la prensa. Y desde setiembre tiene en sus manos las declaraciones de Chapultepec y de Salta, y no las firma. ¿Es el gobierno el principal trasgresor a la libertad de prensa en el Perú hoy en día?

Hoy en día la libertad de expresión está siendo vapuleada por el Ejecutivo. Y desde el Legislativo se han dado muestras, como no dejar [a los periodistas] ingresar a su recinto. Hemos visto al señor Pedro Chávarry responsabilizar [el último miércoles] a los medios de comunicación por las acusaciones que se le han hecho. Se pretende devaluar a los medios de comunicación y eso desde cualquier punto de vista es inaceptable, porque [la prensa] es el pilar fundamental sobre el cual se erige la democracia. La Defensoría del Pueblo en dos informes ha dado recomendaciones [al Ejecutivo sobre la libertad de prensa] que aún no han sido respondidos por el presidente. Lo que podemos ver es que en 100 días no ha habido una conferencia de prensa, ni atención directa a los medios [de parte de Castillo] y esto nos preocupa.

— ¿Y cómo evalúa la actitud de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, frente a la prensa? El Ipys, el CPP y la ANP han emitido nueve alertas, entre abril y mayo, rechazando que no se permita el ingreso de los periodistas al Hall de los Pasos Perdidos y a las galerías del hemiciclo.

Sí, nosotros hemos hecho llegar una comunicación escrita a la propia presidenta del Congreso pidiendo que estas restricciones sean levantadas. Ha cumplido en parte en dar [ingreso] a dos salas [del Parlamento], sin embargo lo principal y la costumbre de los medios de comunicación de poder entrevistar [a los congresistas] en el Hall de los Pasos Perdidos y participar directamente en los plenos, no ha sido cumplida al 100%. Nosotros creemos que la libertad de expresión debe ser absolutamente garantizada por todos los poderes del Estado, que tienen la obligación de actuar con transparencia y dar la máxima difusión a sus actividades oficiales y también ser tolerantes a las críticas de los medios.

— Durante las últimas semanas, en el Parlamento también se han tomado decisiones polémicas, entre ellas la contrarreforma de la Sunedu y el blindaje al excontralor Edgar Alarcón y al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry. ¿Este es un Congreso que legisla en base a sus intereses particulares? ¿Son corresponsables de la crisis política?

En el tema de la Sunedu, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado en defensa de la calidad universitaria. Hoy ya el Congreso tiene la observación hecha por el presidente, esperemos que puedan cambiar de posición y desistir de su promulgación por insistencia. Y si eso no es así, obviamente habrá medidas que tomar [...] De otro lado, es un pésimo mensaje a la ciudadanía, las decisiones que se toman muchas veces [en el Congreso] dirigidas a proteger a personas que tienen graves acusaciones por temas de corrupción. No hay una línea marcada en la lucha contra la corrupción, entonces todo esto, alimenta a la crisis política por la que estamos pasando.

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— El Congreso ha aprobado una norma que autoriza elecciones internas complementarias, pero el JNE y la ONPE han referido que no es viable concretar esta medida. ¿Existe un intento de parte del Parlamento de petardear el sistema electoral?

Esa es una medida que significa un retroceso en lo que ha sido la reforma del sistema electoral. La Defensoría del Pueblo respalda a los organismos del sistema electoral, porque la norma si bien permite nuevas inscripciones y que haya procesos complementarios, atenta contra el derecho a la igualdad y no discriminación. ¿Qué pasa con los que oportunamente fueron a un proceso? Lo otro, lo que han hecho es un atentado contra la seguridad jurídica de un proceso que ha iniciado con reglas claras y que debe concluir con esas reglas. No se puede introducir reglas en pleno proceso, porque genera situaciones que no solamente atacan el cronograma electoral, sino el fondo de lo que significa tener unas elecciones que sean transparentes, que sean limpias, y que no sean cuestionadas. Objetivamente, es imposible de cumplir [esta ley].

— En diciembre, la Defensoría del Pueblo le pidió al gobierno adoptar medidas urgentes que garantías los derechos de los migrantes y personas refugiadas. ¿A cinco meses, hay medidas concretas? ¿Estamos frente a una crisis migratoria?

Entre el lunes y miércoles [de la semana pasada] he participado en la Cumbre Iberoamericana de Migración y Derechos Humanos, donde justamente se ha tratado el tema de los derechos de las personas en situación de movilidad. Nuestro país después de Colombia es el que ha acogido a más población venezolana. Lima es la ciudad que tiene más cantidad de migrantes [venezolanos] en el mundo. Sin embargo, en Colombia, por ejemplo, ha dado normas para reconocerles todos los derechos a la población venezolana, Ecuador ha dado permisos de reconocimiento de refugiados a más de 70 mil personas. En el Perú hay 600 mil solicitudes y únicamente se ha reconocido a 5.000 personas con esta condición.

Creemos que esta población [venezolana] merece ser respetada en todos sus derechos, como cualquier connacional y una preocupación que tenemos y muchos países lo han expresado también, es que se criminaliza a la población migrante y se señala que deben ser deportados masivamente o devueltos a su país de origen. Pero eso solo es posible respetando el marco del derecho internacional, es decir si ellos han sido sometidos a un juicio justo, que hayan complicado una sentencia y que se den las condiciones, porque tienen protección internacional. Reconocemos que ha habido algunos avances, pero todavía son insuficientes.

— En dos meses, el presidente Castillo cumplirá un año en el poder. ¿Cómo calificaría a su gobierno?

Nosotros tenemos una excesiva preocupación, porque vemos que las políticas públicas que deben liderarse con mucha voluntad no son las que están definiendo la ruta que debe seguir el presidente [Castillo] y el Ejecutivo. Han sido 10 meses perdidos en esta materia, la población, incluso la que ha votado por él, siente mucho desencanto y eso hace que la desconfianza ya vaya permeando a todas las instituciones. La población ya no cree en nadie y eso es lo lamentable, que una persona con las credenciales [de Castillo], un profesor de pueblo, del interior, que era la esperanza para un conjunto de personas que se sentían iguales a él, los haya defraudado.

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