Por Carlos Neyra
Más de siete mil ciudadanos del centro poblado de San Vicente de Paúl, ubicado en el distrito de Longotea, provincia de Bolívar (La Libertad), carecen de servicios básicos de agua y desagüe desde el 2013, debido a que las obras de alcantarillado que ejecutó la empresa DSV Constructores, de propiedad del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por S/4’318.135 colapsaron meses después de que se culminara el proyecto.
Las obras no funcionan, están abandonadas y sin visos de solución. Los males respiratorios y gastrointestinales se han incrementado en la población producto de la contaminación del desagüe, señaló a El Comercio el alcalde de ese centro poblado, Solano Rivera Lozano.
—Abandono—
El 28 de octubre del 2011, el alcalde de la Municipalidad de Longotea, Segundo Araujo, suscribió un contrato con DSV Constructores, cuando Salaverry era gerente general de la empresa, para que su compañía construyera el primer tramo del sistema de alcantarillado de San Vicente de Paúl.
El trabajo fue entregado dos años después. Los problemas comenzaron a los pocos meses: los ductos colapsaron y los pozos sépticos quedaron inutilizados. Debido a esto, las autoridades de la zona denunciaron a Salaverry por contaminación ambiental.
El Comercio viajó hasta San Vicente de Paúl, a 500 kilómetros al este de Trujillo, y constató el abandono de las obras. También recogimos testimonios de vecinos que señalan que fueron afectados por enfermedades gastrointestinales y dérmicas a causa de la polución.
Solano Rivera explicó que los cambios que se efectuaron al proyecto inicial –tales como el direccionamiento de los tubos de desagüe– hicieron que las aguas residuales fueran descargadas en las riberas del río Púsac, afluente del Marañón.
Por este motivo, las autoridades locales interpusieron, entre el 2012 y el 2014, cuatro denuncias por contaminación del medio ambiente contra Salaverry en su condición como apoderado legal y dueño de la constructora. Sin embargo, todos los expedientes fueron archivados por la fiscalía.
El 22 de mayo último, la representante de DSV Constructores, Janet Olivares, estuvo en San Vicente de Paúl para evaluar el daño ocasionado. “No termina de arreglarse [la obra]. Por eso, no van [los desechos] al desagüe, entonces el tiempo transcurre y eso va rebalsar [los tanques sépticos]. Antes de que pase eso, hay que terminar las obras y hay que terminar para que vaya por su conducto y haga su descarga normal”, se escucha decir a Olivares, durante su visita a la zona, en un video grabado por los dirigentes locales.
A pesar del abandono de las obras, en el 2018 el alcalde de Longotea solicitó al Ministerio de Vivienda que la empresa DSV Constructores continuara con el segundo tramo, cuyo costo asciende a un total de S/8’898.818. El ministerio envió a la zona al funcionario Vladimir Rojas Ovalle para que evaluara los trabajos de alcantarillado.
Rojas hizo 19 observaciones a la obra en un informe elaborado el 27 de junio pasado. Este concluye que: “A la fecha, la empresa contratista ha abandonado los trabajos, causando malestar en la población, generando un foco de contaminación en perjuicio de la comunidad”.
Asimismo, Rojas enfatizó en su reporte que “los tanques sépticos construidos en la localidad de Púsac no cuentan con pozos de filtración u otro sistema […] y está evacuando las aguas residuales directamente al terreno”.
También indicó que fue remitido “un informe a la Contraloría de la República, en el cual se da cuenta de la situación de esta obra y del incumplimiento de los actores involucrados en su ejecución”.
A través de su asesora de prensa, el congresista Salaverry informó que no iba a declarar sobre este asunto. También se buscó la versión de los actuales representantes de empresa DEMF (antes DSV Constructores) en Trujillo, pero no contestaron nuestras llamadas. El alcalde Araujo tampoco quiso ofrecer su versión para este reportaje.
—Investigación fiscal—
En su condición de representante legal de DSV Constructores, el congresista Daniel Salaverry fue incluido entre el 2012 y el 2014 en cuatro investigaciones relacionadas con la contaminación en San Vicente de Paúl [ver nota principal]. El Comercio revisó las denuncias, que fueron derivadas a la Fiscalía de Cajamarca y finalmente archivadas.
Además, este Diario halló una nueva investigación abierta el 30 de abril de este año por la fiscal Carmen Huamán, de la provincia de Bolívar, quien consignó a Daniel Salaverry como imputado.
Ocho días después, esa carpeta fiscal fue acumulada en otra investigación, pero a cargo del fiscal Roger Hurtado, de Cajamarca, quien abrió una indagación después de haber recibido la denuncia del alcalde de San Vicente de Paúl, Rivero Lozano.
Luego, el 22 de mayo, el fiscal Hurtado abrió un segundo expediente por los mismos hechos denunciados “contra los que resulten responsables”. El magistrado derivó el caso al despacho de Gricelda Ysla Valverde.
La fiscal afirmó a este Diario que no ha visitado San Vicente de Paúl. “Estamos a la espera de un informe del Ministerio de Vivienda, que es [la institución] competente para el tema de la obra”, dijo.
Además, señaló: “Con filtraciones de aguas servidas, yo no tengo argumentos para tipificar el tipo penal de contaminación y eso fue lo que yo le dije al alcalde [de San Vicente de Paúl]. Yo a lo mucho puedo emitir una recomendación”.
Sobre los procedimientos seguidos por la fiscalía entre el 2012 y el 2014, el abogado César Nakazaki sostuvo “que se pueden acumular los casos, pero por una razón legal verdadera. Si no hay relación de conectividad entiéndase: entre la misma persona, empresa, etc., los archivos fiscales son totalmente ilegales”.
También dijo que le sorprende el accionar de la fiscalía en la investigación abierta este año. “Es extraño el procedimiento fiscal, eso es anormal. Para analizar si hay delito, hay que analizar el problema, tendría que haber un informe técnico y realizar además diligencias”, sostuvo.
