Fiscalía investiga a cinco directivos de las sociasde Odebrecht

Las declaraciones del ex director de Odebrecht en el Perú Jorge Barata no solo están removiendo los cimientos de la clase política; sino también los del sector empresarial. Esta vez, el Equipo Especial Anticorrupción del Caso Lava Jato decidió ampliar e incluir como investigados por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos a cinco representantes de las empresas Graña y Montero, JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) dentro del proceso que se sigue por la licitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.

Así, el fiscal Hamilton Castro Trigoso –jefe del equipo– anunció la formalización de la investigación preparatoria a José Alejandro Graña Miró Quesada (ex presidente del directorio de Graña y Montero), Gonzalo Ferraro Rey (ex presidente ejecutivo de Graña y Montero), Hernando Alejandro Graña Acuña (ex director de Graña), Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A.) y José Fernando Castillo Dibós (director gerente general de ICCGSA).

Esta decisión, informó el fiscal Javier López –integrante del equipo especial–, se tomó luego de corroborar las declaraciones que Jorge Barata realizó sobre las empresas que se consorciaron con Odebrecht para participar en la mencionada licitación. Esto de acuerdo con su testimonio como aspirante a colaboración eficaz de la fiscalía peruana.
Según el Ministerio Público, los representantes de estas empresas estaban al tanto del soborno que habría recibido el ex presidente Alejandro Toledo, investigado por el mismo caso.

El fiscal informó que se realizaron peritajes, declaraciones y diligencias para recabar documentación contable, económica y financiera de los consorcios y de las personas jurídicas que corroborasen lo dicho por Barata.

—Hipótesis fiscal—
Otro de los integrantes del equipo, el fiscal Sergio Jiménez, explicó que los empresarios incluidos como investigados habrían incurrido en el delito de colusión porque “tenían conocimiento y aceptaron el acuerdo para la asignación irregular de la obra Interoceánica [Sur, en sus tramos 2 y 3]”.

Por ende, se habrían favorecido económicamente con la adjudicación de la buena pro a cambio del pago de coimas.

“Además, tuvieron competencia, por el pago de las coimas, de las ventajas indebidas recibidas por el ex presidente [Alejandro Toledo]”, sostuvo.

El fiscal adjunto del equipo especial, Marcial Páucar, acotó que el dinero de las ganancias por el proyecto adjudicado habría sido lavado “ dándole una apariencia legal”.

Según Páucar, los peritajes determinaron que el dinero fue parte de las “utilidades” a las que denominaron bajo el concepto de “riesgos adicionales”.

“Estas personas, conociendo de manera directa, de primera mano, esa procedencia [ilícita], han brindado esta justificación, dándole un matiz de algo lícito cuando en realidad no lo era”, concluyó Páucar.

Fuentes de la fiscalía explicaron que las empresas consorciadas devolvieron a Odebrecht un porcentaje de la coima, cediendo parte de las utilidades que les correspondían en los años siguientes a la licitación. La cifra total habría ascendido a más de US$15 millones.