Gobierno registra récord de conflictos activos y con menos resolución de las últimas seis gestiones | Informe EC Data

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No obstante, no ha sido la única de dicho mes. En simultáneo se llevaron a cabo diferentes acciones de protesta en torno a la mina Las Bambas. Un conflicto que se arrastra desde el 2014, desde el gobierno de Ollanta Humala. La gestión actual tampoco ha podido solucionarlo, pese al compromiso de Pedro Castillo de encontrar salidas pacíficas para hacerlo.

La Unidad de Periodismo de Datos analizó los reportes de conflictos sociales elaborados por la Defensoría del Pueblo entre 2006 y 2022, y halló que en los ocho primeros meses de gestión de los últimos seis gobiernos, el de Pedro Castillo es el que más conflictos sociales activos tiene y el que menos de estos ha podido resolver: presenta 157 conflictos activos, seguido por el gobierno de Humala con 152 y el de Pedro Pablo Kuczynski con 140, en ese mismo periodo.

Pese a estas cifras, también es la gestión con menos conflictos resueltos: solo ha podido solucionar 4 de ellos, mientras que en el mismo periodo, el gobierno de Sagasti resolvió 12; el de Vizcarra, 26; y el de Kuczynski, 17.

El tipo de conflicto activo más recurrente es el socioambiental por minería seguido por el de hidrocarburo.

La actual gestión también es la primera con más acciones colectivas de protestas. Dichas acciones no son en sí mismas el conflicto social, sino una expresión de este, como plantones, marchas, bloqueos de vías, entre otras. Al octavo mes de gobierno se han dado 264 acciones colectivas, 35% más que en la gestión de Sagasti, que ocupa el segundo lugar, con 171 acciones realizadas en el mismo periodo.

Del análisis también es posible identificar que el actual gobierno es el segundo con más casos nuevos que aparecieron en los primeros ocho meses de gestión, solo por debajo del gobierno de Ollanta Humala.

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, explica que estamos viviendo un momento de inestabilidad política que arrastramos desde la gestión de Kuczynski. “Se han cambiado equipos enteros y hay una degradación de la administración pública por el ingreso de personas que no son idóneas para cumplir estos cargos”, dice Luque. Una situación que “la ciudadanía percibe”.

Según el experto, a diferencia de lo que se cree, no basta con que una persona tenga habilidades para dialogar. Es necesario capacitarse para hacerlo.

Todo esto ha generado que los procesos de diálogo, que son espacios creados por voluntad de las partes, se vean afectados, dado que precisamente surgen de la confianza.

Luque subraya que el segundo elemento son las enormes expectativas que generó el triunfo de Castillo en las elecciones. “Estas no son ilusiones que se esperaba que se concretaran a largo plazo, sino en un tiempo muy corto y el problema es que el tiempo ha transcurrido sin que se haya podido cumplir lo prometido”,expone.

El último elemento que menciona el experto es el impacto, sobre todo económico, que ha tenido la pandemia. “Cuando se observa que hay un impacto que perjudica la economía ya afectada de las familias, el malestar se incrementa” señala.

Rotación de funcionarios

Por su lado, la rotación de funcionarios de alto nivel que lideran las oficinas encargadas de resolver estos conflictos durante la actual gestión es la más alta de los últimos 10 años. Los Secretarios de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM apenas duran 2 meses, y los jefes de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas solo lo hacen por mes y medio, en promedio.

“Desde que se creó la subsecretaría, en el 2017, hemos tenido ocho viceministros de Ordenanza Territorial” afirma Luque, quien enfatiza que es este viceministerio el encargado de la mencionada secretaría.

Cada uno de estos nuevos secretarios y viceministros ha venido con su equipo. Lo que lleva a otro problema: muchos de los acuerdos realizados son olvidados por la nueva gestión y se vuelve a empezar con ellos desde cero.

Medidas a tener en cuenta

Cuando un ministro firma un acuerdo se debe tener en cuenta que no lo hace a título personal, sino en nombre del Estado. No obstante, el problema radica en que esos acuerdos y actas firmadas tras, muchas veces, meses de negociación, son documentos políticos.

En diciembre del 2021, la defensoría planteó, a través de un informe, que se requería de un proceso administrativo que permita que las actas no se queden en acuerdos políticos.

Además, en ese mismo informe se pidió que existiera un mecanismo de acceso público a la información, con el objetivo que se pueda hacer un seguimiento en tiempo real al estado de los compromisos asumidos en los acuerdos. Pero a la fecha no se ha llevado a cabo ninguna de estas medidas recomendadas.

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