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El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dijo que la posición del Gobierno es a favor de que se realicen todas las investigaciones correspondientes al pago presuntamente irregular a la empresa Aionia Technology, por la cual ha sido denunciado constitucionalmente el exministro Alfonso Adrianzén.
“La posición del Gobierno es una sola en esta materia: que se conozca la verdad, nadie tiene corona”, indicó en declaraciones a la prensa este martes.
El lunes, y luego de cinco meses de investigaciones, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén.
La Fiscalía de la Nación acusa un presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por el pago irregular de S/41 millones a Aionia Technology Corporation S.A.C. por parte de Essalud, efectuado en febrero pasado.
“Estamos seguros que el Congreso resolverá lo pertinente frente a esta denuncia de la señora fiscal”, agregó Otárola sobre este caso.
Según la denuncia constitucional presentada ante el Congreso, hubo un “interés indebido” de Adrianzén, hombre de confianza del primer ministro Alberto Otárola, en que el seguro social cancelara con celeridad la deuda que tenía con la mencionada empresa por la compra de más de un millón de pruebas rápidas para detectar el COVID-19.
Adrianzén, quien fue ministro de Trabajo hasta abril de este año, aseguró que se someterá a las investigaciones a pesar de que no ha sido notificado sobre la denuncia constitucional.
“He tomado conocimiento en redes sociales -y no por notificación oficial- de la denuncia constitucional que el Ministerio Público ha considerado interponerme por un presunto interés indebido en pagos realizados por Essalud a la empresa Aionia cumpliendo con un laudo arbitral”, indicó Adrianzén en redes sociales.
“En declaraciones a Fiscalía y a algunos medios de prensa he explicado ya mis descargos. Con transparencia, sin temor y la verdad por delante me someto plenamente al procedimiento que disponga la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para esclarecer el tema”, agregó.
