Gustavo Adrianzén a favor de una medida cautelar a favor de Dina Boluarte ante el TC. (Foto: PCM)
Gustavo Adrianzén a favor de una medida cautelar a favor de Dina Boluarte ante el TC. (Foto: PCM)
/ Carla_Pat
Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, , dijo que él presentaría una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) para detener las investigaciones contra , porque según dijo “cualquier tipo de acción sería ideal” para detener las diligencias que calificó como una “locura”.

“El ordenamiento jurídico prevé que en estos casos el que actúa es el procurador especializado en materia constitucional. Mal haríamos en inmiscuirnos y decirle qué es lo que debería hacer y cómo debería hacerlo”, recordó este jueves 30 de mayo en una entrevista a ‘Nunca es tarde’ de RPP.

“Si me pregunta mi opinión, si eso es factible, yo por supuesto que lo haría, pero en todo caso más que como sugerencia, no puedo llegar a decir nada”, aseguró sobre la posibilidad de una medida cautelar que frente las investigaciones ya que una demanda competencial como la que el Ejecutivo ha aprobado que se plantee ante el TC toma varios meses.

“Yo creo que cualquier tipo de acción que en este momento detenta esta locura sería ideal”, agregó Adrianzén.

El primer ministro insistió en que Dina Boluarte está siendo objeto de una persecución que calificó como “insólita” por diligencias como el ingreso a la fuerza a su domicilio como parte de las investigaciones, lo que también llegó a mencionar que es una “política de hostilización permanente y sistemática” contra la presidenta.

“El 117 (de la Constitución) es absolutamente claro con cuatro supuestos por los que puede ser acusado el presidente: traición a la patria, cerrar el Congreso, impedir elecciones, etc. Si esos son los cuatro supuestos por los que lo puedes acusar, la consecuencia lógica es que por esos cuatro los puedas investigar. Se abrió una ventana peligrosísima”, indicó.

A pesar de esto, Gustavo Adrianzén aseguró que no es comparable la situación de Dina Boluarte con la de Pedro Castillo, quien también fue investigado por delitos no mencionados en el artículo 117 de la Constitución cuando seguía en el cargo porque “la figura de la institución de la presidencia de la República exige una conducta que no pueda ser reprochable”.