Los trabajadores del Estado que tengan sentencias por actos de podrán ser despedidos, anunció hoy la ministra de Justicia tras una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, la última del año.

Esta es una de las medidas dentro de los 14 decretos legislativos aprobados hoy por el Consejo de Ministros. El jefe del Gabinete, Fernando Zavala, detalló que las normas se refieren a aspectos tributarios, simplificación administrativa y justicia y lucha contra la corrupción.

Precisamente dentro de este último tema, Pérez Tello anunció la ampliación de la denominada muerte civil.

"Hoy hay inhabilitación perpetua. Pero la gente se preguntaba qué va a pasar con los funcionarios corruptos que están trabajando hoy día. Hemos corregido esa norma con una medida administrativa laboral para que no puedan trabajar en el Estado personas sentenciadas por delitos de corrupción y para que se pueda despedir a una persona sentenciada por corrupción", explicó.

Otro decreto legislativo aprobado tiene que ver con el traslado del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (CJDRL), conocido como Maranguita, al Poder Ejecutivo. Actualmente depende del Poder Judicial.

"De manera que se pueda hacer la atención desde el Ministerio de Educación o el de la Mujer. De manera integrada, fortalecer a la familia y atender a los menores infractores evitando de esta forma que un adolescente hoy se convierta en un delincuente mañana", acotó.

En general, Pérez Tello y Zavala precisaron que el paquete de decretos legislativos aprobados, en el marco de la lucha contra la corrupción y a favor de la seguridad ciudadana, se centra en tres ejes: prevención, persecución y sanción y finalmente rehabilitación y reinserción social de infractores.

"La próxima semana terminaremos de aprobar el paquete de medidas, que en su total incorpora más del 30% de las 100 recomendaciones planteadas por la Comisión Presidencial de Integridad", anotó también.

Entre las otras normas aprobadas, Pérez Tello detalló que se han mejorado los sistemas de colaboración eficaz incluso con personas privadas de libertad; se ha dado facilidades a la fiscalía para la investigación con personajes encubiertos que puedan ser funcionarios públicos con el fin de luchar contra la corrupción.

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