Procuradora Príncipe acusa al Ministerio de Justicia de censura

La procuradora Julia Príncipe recibió el pasado 11 de junio un oficio del Consejo de Defensa Jurídica del Estado pidiéndole explicaciones por las declaraciones que dio al programa de televisión “Panorama” y a RPP.

La situación la sorprendió: por primera vez, en sus 12 años en la Procuraduría de Lavado de Activos, le informaban que había incurrido en inconducta funcional por haber declarado a un medio sin autorización previa del consejo.

“Siempre he declarado y no he tenido ningún inconveniente”, sostiene la procuradora Julia Príncipe, quien asegura que se está vulnerado su derecho a la libertad de expresión. Recordó sus intervenciones en los casos Orellana, Ecoteva y recientemente en la investigación por lavado al ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol Manuel Burga.

Pero el oficio que le envió el consejo no se refería a ninguno de esos casos, sino a uno específico: las tres cuentas en Suiza que estarían vinculadas a la primera dama Nadine Heredia. 

“Panorama” y RPP, el 7 y 8 de junio, respectivamente, le pidieron a Julia Príncipe sus comentarios sobre este hallazgo. La abogada del Estado manifestó que aquel descubrimiento podría generar una nueva investigación contra Heredia por presunto lavado de activos o quizá podría incorporarse a la que ya tiene en curso.

“En ningún momento adelanté opinión o revelé información reservada. Solo hablé sobre aspectos generales”, manifiesta Príncipe a El Comercio. Horas antes, había denunciado este hecho en el programa “Sin peros en la lengua”.

El oficio que recibió Julia Príncipe llegó dos días después de un requerimiento que ella hizo al fiscal que investiga los más de 11 millones de soles no bancarizados que recibió el Partido Nacionalista en la campaña del 2011.

La abogada le pidió a la fiscalía que se incluya a Ilan Heredia, hermano de la primera dama, y otros, en la investigación de las finanzas del partido oficialista. 

Reglamento del silencio
La presunta inconducta funcional a la que se refiere el consejo se basa en el Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, aprobado en el 2008, durante el segundo gobierno de Alan García. Ahí se señala que es causal de inconducta funcional “realizar declaraciones a los medios sin autorización del consejo”.

Para el constitucionalista Enrique Bernales, no hay ningún reglamento ni disposición administrativa que esté encima de la Constitución y el derecho fundamental a la libertad de expresión. “[En este caso] se han establecido medidas reglamentarias que no son procedentes porque para todos prima la libertad de expresión”, afirma.

Lee el informe completo en la edición impresa de El Comercio. 

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