Seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC) culminan hoy sus mandatos. Hasta la fecha, el Congreso no ha avanzado en la búsqueda de candidatos para reemplazarlos y se encuentra entrampado en la formación de la comisión especial que se encargará de seleccionarlos.
Esa comisión está formada por los voceros de las bancadas. Sin embargo, en la Junta de Portavoces del pasado 29 de abril se polemizó sobre la inclusión de tres de las nuevas bancadas creadas este año. El entrampamiento se debe a que la Ley Orgánica del TC establece que el Congreso designa una comisión integrada por siete o nueve congresistas, y actualmente los voceros superan ese número, pues son diez las bancadas del Parlamento.
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Ante esto, en la junta del 29 de abril se planteó solucionar el tema con un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica del TC. La fórmula escogida propone que en la formación se apliquen “los principios de proporcionalidad y pluralidad”. Con ello, Fuerza Popular aseguraría tener más de un miembro –y más de un voto– en la comisión seleccionadora.
El proyecto ingresó al debate en el pleno del 2 de mayo pasado. Pero no fue aprobado. Marisa Glave (Nuevo Perú) presentó una cuestión previa para que la iniciativa regresara a Constitución, el grupo dirigido por Rosa Bartra (Fuerza Popular). El debate de la propuesta no prosperó por las objeciones del legislador Javier Velásquez Quesquén (Apra).
“Quiero plantearle, presidente, a través de usted a la presidenta de la comisión, que establezcamos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que, vencido el plazo constitucional de los miembros, al día siguiente ellos tienen que irse, retirarse; porque, así como nos estamos imponiendo esta responsabilidad de todos participar, es responsabilidad de este Parlamento elegir en el plazo constitucional a los miembros del tribunal que van a ser reemplazados”, dijo Velásquez en el pleno.
El planteamiento del vocero aprista busca establecer un plazo perentorio, con lo que los seis magistrados deberían dejar hoy sus plazas, y no extender sus mandatos –como dice su ley orgánica– hasta que el Parlamento logre el consenso.
—Peligrosa propuesta—
El ex presidente del TC Óscar Urviola señala que la propuesta de Velásquez configura un riesgo para la máxima entidad de control constitucional del país.
“En el TC no hay accesitario ni suplente. La omisión de un reemplazante puede dejarnos sin control constitucional. La declaración de inconstitucionalidad exige el voto mínimo de cinco magistrados. En este caso se van seis y si el Congreso se demora pueden pasar tres meses o más en los que nos quedamos sin acción de control”, advierte Urviola.
Si bien el número de expedientes ingresados se ha reducido en los últimos años, la carga procesal aún supera los 7.000 casos. Dejar el TC con un solo magistrado podría elevar esa carga.
En noviembre del 2018, el actual titular del TC, Ernesto Blume, solicitó al Congreso que inicie el proceso de selección. Desde entonces, en lo único que se pusieron de acuerdo en la comisión legislativa es que la elección sería por invitación, con lo que se descartó el concurso público.
Desde la fundación del TC en 1996, el Congreso nunca pudo designar a tiempo a los reemplazantes de los magistrados. El caso de Juan Vergara es el que más grafica la desidia del Congreso a la hora de designar a los magistrados del TC. Su mandato vencía en diciembre del 2009 y su reemplazo no fue elegido hasta junio del 2014. Pasó casi cinco años de mandato extemporáneo esperando que el Congreso lograra consenso para designar a su sucesor.
Dos magistrados se cansaron de esperar la designación de sus reemplazos y renunciaron al cargo para forzar al Congreso: Delia Revoredo y Ricardo Beaumont.