Jueces de la Corte de San José lamentan dichos de García Sayán

Dos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), con sede en San José de Costa Rica, emitieron el lunes una dura declaración en la que lamentan las afirmaciones que el ex candidato peruano a la secretaría general de la OEA, Diego García Sayán, ofreciera al diario El Comercio la semana pasada.

Los magistrados Manuel Ventura Robles y Eduardo Vio Grossi -dos de los siete que integran, junto a García Sayán, el más alto tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA)- habían emitido el 21 de agosto una "constancia de disentimiento" en la que  discrepaban con la licencia que se le había otorgado a García Sayán para que realice su campaña a la secretaría general de la OEA. El Comercio llamó a García Sayán para consultarle por estos cuestionamientos, y el jurista aseguró que no tenían sustento y que ese documento no debió hacerse público. 

"Lamentamos muy sinceramente las declaraciones públicas de García Sayán, reprochándonos por haber manifestado en nuestra constancia de disentimiento la disconformidad respecto a la excusa por él presentada para desempeñar el cargo de juez dela Corte-IDH mientras fuese candidato", señalaron los jueces en la carta del lunes.

"Su afirmación de que somos una minoría recalcitrante en este y todos los demás aspectos sustantivos de la Corte no solo no corresponde a la realidad (...) sino que tampoco parecería estar acorde con la investidura inherente de quienes participan en la función jurisdiccional internacional", agregan los magistrados.

Ventura y Vio añaden también que la constancia de disentimiento que se hizo pública "no divulga deliberaciones internas de la Corte, sino que expresa con transparencia y el debido respeto y consideración", su discrepancia jurídica con la decisión de otorgarle la licencia. Revelan también que el documento fue publicado en el sitio web de la Corte.

Los magistrados reiteraron asimismo que consideran que García Sayán debió renunciar, tal como lo hizo el juez Carlos Roberto Reina para presentarse como candidato a la Presidencia de Honduras. 

Además afirmaron que es incompatible el cargo de juez con el de candidato, porque son actividades que pudieran afectar su independencia o imparcialidad y hasta la “dignidad o prestigio” de la institución interamericana.

Insistieron en que la licencia que se le otorgó no debió decidirla solo el presidente de la Corte-IDH, sino tenía que ser evaluada por todos los integrantes de esta instancia.