El Poder Judicial (PJ) admitió el requerimiento de S/700 millones por concepto de reparación civil que solicitó la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos, en contra del ex secretario general de Fuerza Popular (FP) Joaquín Ramírez y otros investigados en el denominado Caso “Alas Peruanas”.
A través de una resolución, a la que accedió El Comercio, el juez Víctor Zúñiga Urday del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional, declaró “fundado” el pedido de “constitución en actor civil” de la referida procuraduría en contra del excongresista fujimorista y otros por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal -proveniente de presunto fraude- en contra del Estado Peruano.
En julio del 2019, el Ministerio Público dispuso formalizar la investigación preparatoria contra Ramírez Gamarra y parte de su familia. En la misma, también fueron incluidos la excandidata presidencial Keiko Fujimori y su exasesor Pier Figari, personas jurídicas como la Universidad Alas Peruanas S.A.C, el partido Fuerza Popular, entre otros.
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En el documento judicial, se indicó que el actor civil cumplió los requisitos formales exigidos para la admisión de la reparación civil, que de llegarse a una sentencia, deberá ser pagada de manera solidaria. Además, precisó, “no existió oposición por ninguna de las partes procesales”.
“Tener como pretensión resarcitoria planteada la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos, por el presunto delito de lavado de activos en la suma de S/700′ ́000.000, la cual se dirige contra los investigados.”
Víctor Zúñiga, juez de Investigación Preparatoria
Este Diario se comunicó con el abogado Miguel Ávalos, defensa de la empresa Alas Peruanas, quien señaló no haber sido notificado y que coordinaría con su patrocinado para poder pronunciarse.
Actualmente, el juez Zúñiga evalúa un pedido de Alas Peruanas respecto a la “variación” de las condiciones del peligro procesal y libre disponibilidad de los bienes que fueron incautados el pasado mes de abril del 2023, durante un operativo de allanamiento y descerraje a 295 bienes muebles e inmuebles ubicados en Lima, la Libertad, Tacna, Ica, Cajamarca, Piura y Pucallpa.
Cabe precisar que el magistrado también ha confirmado la incautación de la medida de descerraje, allanamiento de siete (07) bienes inmuebles con fines de incautación instrumental de objetos de interés para la investigación que surgieron en el proceso de allanamiento del mes de abril.
Entre estos, se encuentran documentos, archivadores y otros bienes hallados en una vivienda de la Calle Mozart (San Borja) vinculada a Joaquín Ramírez.
Entre otros hallazgos estuvieron las oficinas de un inmueble ubicado en la Calle Los Lirios (San Isidro) -vinculado a Ramírez Gamarra- donde el excomandante general de la Policía Nacional (PNP) Luis Vera Llerena, tenía un despacho. En estos, se hallaron documentos referidos al prófugo Juan Silva, exministro de Pedro Castillo, así como documentos judiciales.
La fiscalía señala la existencia de una organización criminal dedicada al delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de los aportes de los socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas SA (en adelante ALASPE) con el objeto de obtener ganancias ilícitas (origen ilícito imputado), que habrían sido usadas para realizar actos de lavado de activos mediante la conversión, transferencia y ocultamiento, entre otros.
El Ministerio Público identificó tres brazos dentro de la sindicada red criminal: un “brazo dirigencial”, el “brazo empresarial o comercial” y el “brazo político”.
Sobre el detalle de los hechos, indica la fiscalía, en el posible delito de fraude en la administración de personas jurídicas, la organización criminal habría desarrollado su programa criminal con la finalidad de afectar las aportaciones realizadas por los socios de la Cooperativa “ALASPE” a través de actos fraudulentos en la Universidad Alas Peruanas de forma que se habrían obtenido ganancias ilícitas en beneficio de sus integrantes.
Y, respecto del delito de lavado de activos, señala que una vez obtuvieron las ganancias ilícitas; la organización criminal habría desarrollado su programa criminal con la finalidad de convertir, transferir, ocultar y usar este dinero, bienes, efectos y ganancias obtenidas en beneficio de sus integrantes de forma que puedan gozar de estos, evitar su incautación y alejar los mismos de su naturaleza delictiva.
Incluso, señaló la fiscalía, cuando los imputados evidenciaron el avance de la investigación “optaron por generar situaciones constitutivas de riesgo – además de circunstancias que lo acreditan – sobre estos bienes maculados, con la finalidad de evitar su incautación”.
